El Superior de los Salesianos de Don Bosco en Uruguay, P. Néstor Castell sdb, en una carta presentada el pasado viernes a los medios de comunicación, expuso su posición contraria a la reforma constitucional que promueve la “baja de la edad de imputabilidad penal”, que será plebiscitada en octubre, e invita a pensar “qué es lo mejor para la vida de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a los que queremos protagonistas y responsables de un país más libre y pacífico”.
“Estoy convencido de que es un error creer que esta realidad se resuelve con penas, más aún la experiencia nos dice que más penas no sólo no resuelven el problema, sino que lo agudizan. El castigo, y el miedo al mismo, no es lo que los educará e integrará a la sociedad: la cárcel no es el ámbito para su educación”, subraya el religioso.
Al mismo tiempo, el P. Castell consideró “importante” que “los gobernantes busquen caminos para poder acompañar a estos adolescentes, sin olvidar todo lo que ya hace tiempo se viene haciendo desde distintos ámbitos de la sociedad”. En este sentido, recordó que “hace 140 años que los Salesianos de Don Bosco estamos involucrados en la educación de niños, adolescentes y jóvenes del Uruguay. Entre otros aspectos, buscamos evitar que caigan en la delincuencia, y más aun, procuramos que se comprometan en la construcción del bien común. Apostamos a la formación integral de la persona con el sistema educativo de Don Bosco. Los Salesianos hemos hecho la opción de trabajar con este sistema educativo en contextos empobrecidos donde se atienden unos 4.500 entre niños, adolescentes y jóvenes”.
El Superior de los Salesianos en Uruguay destacó que “los adolescentes que delinquen son el emergente de una realidad social compleja, son el ‘fusible que salta’, son los hijos vulnerables de una sociedad que sufre una fuerte pérdida de aquellos valores que humanizan y ayudan a crecer a la persona”.
Aportando elementos para la reflexión, el P. Castell recordó que “en Uruguay los adolescentes son responsables penalmente a partir de los 13 años, y cumplen por ello sanciones que pueden ser privativas y no privativas de libertad”. Asimismo, señaló que “a partir de la ‘Convención de los Derechos del Niño y Adolescentes’, (ratificada por Uruguay el 28 de setiembre de 1990), y la adecuación legislativa del Código de la Niñez y Adolescencia, (acordada por todos los partidos políticos en el año 2004), Uruguay cuenta con Sistema Penal Juvenil” que tiene por objetivo “intervenir penalmente cuando un niño, niña y adolescente comete un delito”.
El Superior de los Salesianos en Uruguay destacó, asimismo, que “la normativa nacional e internacional determina que la privación de libertad debe ser la última medida a ser utilizada y por el menor tiempo posible”. Por último, aludió a “la recomendación más reciente de la `Comisión Interamericana de Derechos Humanos’” que “exhorta a que ‘los Estados tiendan a abolir la pena privativa de la libertad aplicada a niños, niñas y adolescentes’”.
Texto de la Carta del P. Néstor Castell sdb
Montevideo, 1 de agosto del 2014.
Por la presente quiero aportar algunos elementos que ayuden a la reflexión en el contexto del plebiscito pro reforma constitucional que promueve la “baja de la edad de imputabilidad penal”.
Soy parte de la Congregación Salesiana, en este momento mi servicio es de ser superior de los Salesianos de Don Bosco en Uruguay.
La Congregación tiene como misión acompañar a niños, adolescentes y jóvenes, con el fin de que puedan desarrollar lo mejor de sí a través de ámbitos educativos en los que aplicamos el legado pedagógico de Don Bosco, sacerdote educador de finales del siglo XlX.
Los adolescentes que delinquen son el emergente de una realidad social compleja, son el “fusible que salta”, son los hijos vulnerables de una sociedad que sufre una fuerte pérdida de aquellos valores que humanizan y ayudan a crecer a la persona.
Estoy convencido de que es un error creer que esta realidad se resuelve con penas, más aún la experiencia nos dice que más penas no solo no resuelven el problema, sino que lo agudizan. El castigo, y el miedo al mismo, no es lo que los educará e integrará a la sociedad: la cárcel no es el ámbito para su educación.
No desconozco, las situaciones de familias vulnerables que no pueden acompañar a sus hijos adecuadamente. No las juzgo.
Por otra parte, considero importante que los gobernantes busquen caminos para poder acompañar a estos adolescentes, sin olvidar todo lo que ya hace tiempo se viene haciendo desde distintos ámbitos de la sociedad.
Por eso invito a valorar:
– el cuidado que las familias tienen de sus hijos, asumiendo la patria potestad. Muchas no cuentan con los recursos necesarios y recurren a instituciones estatales y privadas que las ayuden a asumir este aspecto.
– Lo que hacen las Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s) y el Estado, educando en los valores que construyen ciudadanía y convivencia, generando oportunidades para integrar a niños, adolescentes y jóvenes, para que no lleguen a la delincuencia.
– La presencia de organizaciones que trabajan en red, inquietas por esta realidad y comprometidas en servir a estos adolescentes.
– El esfuerzo que hay por atender simultáneamente tantos aspectos que están interrelacionados: la defensa de los adolescentes, la seguridad social, las familias que quedan destruidas, los heridos y muertos por la violencia. En este punto remarco que: en las situaciones de violencia encontraremos heridos tanto entre las víctimas como entre los victimarios. No quiero dejar de recordar el sufrimiento que se instala en cada persona víctima y en sus familiares, lo cual también ocurre en las propias familias de los adolescentes que delinquen.Hace 140 años que los Salesianos de Don Bosco estamos involucrados en la educación de niños, adolescentes y jóvenes del Uruguay. Entre otros aspectos, buscamos evitar que caigan en la delincuencia, y más aun, procuramos que se comprometan en la construcción del bien común. Apostamos a la formación integral de la persona con el sistema educativo de Don Bosco.
Los Salesianos hemos hecho la opción de trabajar con este sistema educativo en contextos empobrecidos donde se atienden unos 4.500 entre niños, adolescentes y jóvenes.
Lo hacemos a través de proyectos como: “Movimiento Tacurú” (Montevideo y área metropolitana, atendiendo a 150 niños, 500 adolescentes y 700 jóvenes), “Centro Bosco” (Villa Colón – Montevideo, atendiendo a 120 niños y 90 adolescentes), “Picapiedras” (Melo, atendiendo a 150 niños y 50 adolescentes), “Santa Mónica” (Paysandú, atendiendo a 350 niños), “Obra Social Don Bosco” (Salto, atendiendo a 270 niños, 80 adolescentes y jóvenes), “Caqueiro” (Rivera, atendiendo a 40 niños y 50 adolescentes), “Minga” (Las Piedras, atendiendo a 150 entre adolescentes y jóvenes); sin olvidar la educación a través de Oratorios y Centros Juveniles (32 en total en varios departamentos del país, atendiendo a 1700 entre niños, adolescente y jóvenes).
Señalo en particular el proyecto “Miguel Magone” dirigidos a jóvenes que han delinquido no privados de libertad, en la ciudad de Salto, donde se atienden 25 adolescentes.Para estos proyectos es urgente un mayor apoyo económico estatal y privado que permitan el desarrollo y la mejora de las condiciones con que se trabaja para alcanzar los objetivos. Este es, por ejemplo, el caso de la escuela técnica en el barrio Marconi de Montevideo – “Escuela de Oficios Don Bosco” – donde se acompañan 200 adolescentes y a sus familias.
A todo lo anterior, se suma el trabajo curricular, técnico, socializado y de construcción de ciudadanía, que desarrollan las comunidades de centros educativos escolares (primarias, secundarias, y técnico profesionales), y de ámbitos parroquiales.
Todo esto lo hacemos movidos por los ideales de Don Bosco:
La ternura, la amabilidad, el amar, lo que cambia y vuelve humano al corazón de cada persona.Solo en la libertad responsable es posible que un joven pueda sentirse acompañado para desarrollar en su vida la capacidad de amar, la formación ética y ciudadana, y en consecuencia: el compromiso social.
Es conveniente recordar, que en Uruguay los adolescentes son responsables penalmente a partir de los 13 años, y cumplen por ello sanciones que pueden ser privativas y no privativas de libertad.
Por otra parte, a partir de la “Convención de los Derechos del Niño y Adolescentes”, (ratificada por Uruguay el 28 de setiembre de 1990), y la adecuación legislativa del Código de la Niñez y Adolescencia, (acordada por todos los partidos políticos en el año 2004), Uruguay cuenta con Sistema Penal Juvenil. El mismo tiene por objetivo intervenir penalmente cuando un niño, niña y adolescente comete un delito. La normativa nacional e internacional determina que la privación de libertad debe ser la última medida a ser utilizada y por el menor tiempo posible.Por último, hago notar que la recomendación más reciente de la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos” exhorta a que “los Estados tiendan a abolir la pena privativa de la libertad aplicada a niños, niñas y adolescentes”.
Ya que nuestro sistema democrático nos da la oportunidad de decidir lo que consideramos más adecuado para el bien de nuestra sociedad y su futuro, pensemos qué es lo mejor para la vida de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a los que queremos protagonistas y responsables de un país más libre y pacífico.
Cordialmente,
P. Néstor Castell Henderson, sdb.
Superior de los Salesianos de Don Bosco en Uruguay