A estas horas los sindicatos de la educación pública siguen enfrentados con el decreto de esencialidad de la enseñanza dictado por el gobierno.
Mientras tanto los estudiosos del derecho ponderan si la enseñanza entra en la categoría de servicio esencial.
La historia registra hechos de desobediencia civil como un fenómeno frecuente en las sociedades, en especial donde se permite expresar una legítima cuota de disidencia y desconformidad.
Las sociedades no pueden reducirse a una ingeniería sin alma. En ellas habitan hombres y mujeres libres, inteligentes e inquietos, capaces de pensar, intercambiar ideas y defenderlas con calor y convicción.
Es normal la diversidad y contraposición de intereses en una sociedad. Los diversos grupos civiles, ideológicos, económicos, culturales o religiosos, canalizan opiniones, descontentos y protestas.
“Quien acepta el mal sin protestar, decía Martin Luther King, está cooperando con él”. Y otro gran líder, Mahatma Gahdhi, en el mismo sentido afirmaba que “cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer”.
Pero mi interés no es referirme ahora al candente tema de la educación pública sino a un fallo reciente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En él se reafirma un valor fundamental vinculado a la dignidad y respeto de la dignidad humana. La sentencia en la cual reafirma la plena vigencia de la objeción de conciencia, muestra una claridad meridiana que me ha gustado mucho.
El fallo reconoce el derecho de los médicos a asumir la objeción de conciencia con solo expresarla, sin necesidad de los requisitos explicativos que les exigía un decreto emanado por la cúpula del Ministerio de Salud Pública del gobierno pasado.
Fueron casi doscientos ginecólogos, algunos salteños, que rubricaron la impugnación de 11 artículos. En estos, contrariando el sentido estricto de la objeción de conciencia, se les exigía a los médicos explicar por escrito si su actitud era motivada por razones científicas, filosóficas, religiosas o de otra índole.
El fallo, cuyos detalles pueden leerse en la página web del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, permite ahora, a todos los médicos del país que tomen el camino de la objeción de conciencia a rehusarse ante solicitudes de interrupción de embarazos. Tal postura es una real y clara reafirmación de la tutela del derecho a la vida.
La historia de la discrepancia es muy antigua, lo mismo que la desobediencia a las leyes en nombre de la fidelidad a un imperativo de conciencia percibido como absoluto.
El rechazo de Antígona, inmortalizado en la tragedia de Sófocles (siglo V, AC), a someterse a la inicua determinación del tirano Creonte, por permanecer fiel a leyes no grabadas en bronce sino en la profundidad del espíritu, expresa una exigencia muy sentida en la antigüedad griega.
También los mártires cristianos, expresando la “desobediencia” con riesgo de su vida, eligieron “obedecer a Dios más que a los hombres”, según el relato de los Hechos de los Apóstoles (5,19).
La historia de la desobediencia civil ha dejado una estela de nombres y hazañas, de fidelidades calladas o clamorosas, pero todas ellas hazañas de la libertad de conciencia, capaz de sorprender el gregarismo de las muchedumbres del hormiguero social.
Entre tantas figuras elijo hoy la figura de Tomás Moro, canciller de Enrique VIII, que dimitió de su cargo (1532) negándose a reconocer la supremacía espiritual del rey. Prisionero en la Torre de Londres, fue decapitado a los 57 años de edad. La película “Un hombre para la eternidad” con Orson Welles relata esa página heroica.
Abundan los nombres hombres y mujeres, ancianos y niños, héroes, patriotas, luchadores, santos, arrojados a los leones o cámaras de gas y muchísima gente anónima, de a pie, que han escrito con sangre páginas que despiertan asombro y hasta ganas de imitarlos. Porque en cada uno hay gotas de rebeldía y sangre generosa.
Columna del Obispo de Salto, Mons. Pablo Galimberti, publicada en el Diario «Cambio» del viernes 28 de agosto de 2015