Publicada en diario EL PAÍS , domingo 23 de septiembre de 2012
Carta abierta de la Universidad Católica del Uruguay
En pocos días, la Cámara de Representantes tiene previsto tratar el “Proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo”, que cuenta con media sanción por parte de la Cámara de Senadores, junto con un texto sustitutivo adoptado por la Comisión Especial creada para abordarlo. Como integrantes de la Universidad Católica del Uruguay hemos expresado nuestra posición en anteriores oportunidades y queremos volver a hacerlo ahora.
El punto de partida de nuestra argumentación es el respeto absoluto a la vida humana: se trata de un derecho primordial e inalienable, tutelado por el derecho internacional y por nuestro derecho interno. Esta convicción, que se arraiga en nuestra mejor tradición intelectual como institución católica, se fundamenta también en otras dimensiones del conocimiento, como son la ciencia y el derecho, donde coincidimos que quienes no comparten nuestra fe.
Nuestra mirada se nutre sobre todo de nuestro trabajo académico, desarrollado por nuestros docentes y estudiantes en numerosos proyectos de investigación interdisciplinarios y actividades de extensión universitaria. Muchos de esos proyectos universitarios conocen de cerca situaciones de marginalidad y pobreza que atentan contra el derecho a la vida y, en especial, a una vida digna. Situaciones que nos sensibilizan y nos comprometen, día a día, a proponer acciones de cambio.
Hace algunos días, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Uruguaya expuso ante el Parlamento una serie de comentarios al “Proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo”, desde una perspectiva que seguramente es compartida por gran parte de los uruguayos, independientemente de las diferentes creencias o concepciones de vida personales. El texto de esta exposición, que ha sido difundido por distintos medios (1), comienza mencionando que el régimen vigente tipifica el delito de aborto pero incluye numerosas causas de perdón judicial y de excusas absolutorias que, de hecho, despenalizan el aborto en los casos límite o difíciles. Nos parece importante resaltar que son estos casos límite o difíciles los que, en la discusión actual, frecuentemente se evocan para justificar un cambio en la legislación vigente.
El propósito del nuevo proyecto de ley, tal como se aprobó en el Senado, fue consagrar como derecho exclusivo de la mujer la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras doce semanas del proceso de gestación. El proyecto consagra un derecho en el sentido más fuerte del término: un derecho a abortar, alentado y promovido por el Estado, que brindará los medios humanos y económicos para su implementación concreta y práctica, con cargo al Erario público y, en consecuencia, soportado por toda la sociedad.
Un derecho tal -o incluso una despenalización que permita acceder lícitamente a los procedimientos previstos para abortar- limitan el derecho a la vida. Como recuerdan los Obispos en su exposición, la pregunta por la existencia o no de un ser humano, con una vida propia que es suya, ha sido parte importante en este debate. Así, el Dr. Tabaré Vázquez, en el veto al anterior proyecto de ley referido a este tema, planteaba que “la legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia. La biología ha evolucionado mucho. Descubrimientos revolucionarios, como la fecundación in vitro y el ADN con la secuenciación del genoma humano, dejan en evidencia que desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser”. El concebido no nacido -ya sea mayor o menor de doce semanas de gestación- es un ser vivo de la especie humana, con características individuales propias, distintas de las de su madre y su padre. No hay racionalidad alguna en la distinción entre un concebido no nacido de menos de doce semanas y un concebido no nacido de doce semanas y un día. Esta distinción es, en consecuencia, arbitraria e inconstitucional, además de ser contraria a tratados internacionales ratificados por nuestro país, como la Convención Americana de Derechos Humanos.
Por otra parte, el aborto provocado no es, ni puede ser, un acto médico porque desconoce y desnaturaliza los principios de la medicina hipocrática, que caracterizan y enaltecen al médico por su accionar a favor de la vida y de la integridad física de sus semejantes, además de que es contraria a las declaraciones internacionales sobre la materia.
Coincidimos plenamente y respaldamos los lineamientos de la Conferencia Episcopal Uruguaya al plantear que existen alternativas, concretas y viables, que pueden materializarse en “un proyecto de ley alternativo, que respete y proteja, a la mujer, a la maternidad, a la familia y a la vida del concebido, siguiendo el mandato constitucional de los art. 7, 8, 40, 41, 42, 44, 72 y 332, sin eliminar el derecho a la vida del concebido no nacido”.
Como Universidad Católica del Uruguay vivimos el compromiso de colaborar en la de búsqueda de alternativas, siempre a favor del derecho a la vida humana, como parte de nuestra propia identidad católica y de nuestra misión en el seno de la sociedad uruguaya.
Integrantes del Consejo Directivo
P Eduardo Casarotti SJ, rector
Dr. Ariel Cuadro, vicerrector académico
P Marcelo Coppetti SJ, vicerrector del Medio Universitario
Ing. Omar Paganini, vicerrector administrativo
Dra. Sandra Segredo, secretaria general
Montevideo, 23 de setiembre de 2012
(1)Texto disponible en www.ucu.edu.uy