21 abril, 2016
Hace 15 años comenzaron a llegar las denuncias de delitos graves cometidos por sacerdotes a las oficinas de la Congregación para la Doctrina de la Fe (= CDF), organismo de la Santa Sede en Roma. La recepción de denuncias arreció en los años 2003 y 2004, la mayor parte proveniente de los Estados Unidos, y concernía en buena medida a los últimos cincuenta años. Las investigaciones arrojaron que un 10 % correspondía a actos de pederastia real. El restante 90 %, a faltas de gravedad bien distinta. (Dos terceras partes se referían a casos de efebofilia, es decir, a algún tipo de contacto con adolescentes menores de 18 años, del mismo sexo, que consintieron en algún grado; una tercera parte tenía que ver con relaciones íntimas con mujeres ya adultas). Desbordados en un primer momento para estudiar caso por caso, las cosas se moderaron a tal punto que la CDF pudo dedicarse a denuncias sucedidas en tiempo real.
Una sola falta de un único sacerdote en todo el universo sería motivo de vergüenza para toda la Iglesia, pero el tratamiento sensacionalista que muchas veces los medios han dado al tema —si bien ha contribuido en alguna medida a derribar círculos de silencio— ha generado la ilusión de que la pederastia es un fenómeno propio y exclusivo de la Iglesia. Pero un tipo de abordaje así no exhumará el verdadero drama social de la pedofilia, que se extiende de modo invisible e impune sobre todo en los hogares y familias. La Iglesia lleva años enfrentando esta plaga con medidas contundentes pero que cuidan no atropellar la fama de inocentes, y aun sostiene la presunción de inocencia de un acusado, hasta que no se pruebe lo contrario.
Del mismo modo como ha ocurrido en otros países, la realidad de los abusos sexuales cometidos por integrantes del clero y la vida consagrada, recibió el impacto emocional y psicológico que solo los grandes medios de comunicación alcanzan a producir en nosotros. Hace unas semanas, el portavoz de la Santa Sede, el P. Federico Lombardi, preguntado por la prensa internacional sobre la resonancia del estreno de la película ganadora del Óscar expresó que si ello estaba destinado a «contribuir, apoyar e intensificar el largo camino de la lucha contra los abusos sobre los menores en toda la Iglesia católica y en el mundo de hoy, donde la dimensión de estos dramas es enorme», sea bienvenido. Se lamentó, sin embargo, de que «la presentación sensacionalista» de este y otros acontecimientos relativos a los abusos haya hecho pensar a gran parte del público «que la «Iglesia no haya hecho nada o poco para responder a estos horribles dramas y que es necesario comenzar desde el principio».
El contenido de la primera parte del programa Santo y seña —esto se escribe antes de la emisión de la anunciada parte segunda—, que conduce el periodista Ignacio Álvarez tuvo amplia repercusión. Bienvenido sea si contribuye a la lucha contra este drama. Pero el trabajo de la Iglesia uruguaya no comienza a partir de este programa —como el de la Iglesia universal no comenzó con Spotlight—, sino que desde hace años ha venido elaborando su propio camino en sintonía con la Iglesia universal, buscando cuidar el conjunto de aspectos que toda situación de esta índole exige, como son la búsqueda de la verdad y de la justicia. Es así que se elaboró el «Protocolo ante denuncias contra clérigos por abuso sexual de menores», que fue aprobado por los obispos en 2013, y que configura un procedimiento riguroso y objetivo para atender una determinada denuncia que pueda efectuarse.
Una acusación de abuso sexual contra un menor es una cuestión sumamente delicada, cuya gravedad requiere de una cuidadosa pesquisa, y que implica nombres y personas concretas e instituciones en que trabajan esas personas, tanto denunciantes como denunciados. El programa Santo y seña reunió elementos muy diversos, que suscitan ponderaciones también diversas. Junto a declaraciones que movían a una justa indignación hubo otras que ni siquiera trataban sobre delitos o abusos sexuales de menores, sino que se amontonaban desprolijamente, abonadas por los propios periodistas, como cuando se hizo referencia al ya fallecido Mons. Barboza, exobispo de Minas, cuya falta estuvo asociada a adultos, no a menores, y en el que la Iglesia actuó inmediatamente, hecho que fue soslayado. Otro aspecto lastimoso fue la lectura en vivo de mensajes que llegaban espontáneamente, cuya denuncia, como puede imaginarse, no había recibido verificación de ningún tipo. Se leyó un mensaje que comenzaba así: «Mi tío me contó una vez que…», y el hecho que pretendía denunciar se remontaba a décadas atrás. Esto último se acerca más a la difamación que al periodismo de investigación.
Nuestra Iglesia tiene bien determinados los pasos a dar en caso de que en su seno se cometan estos delitos tan censurables, pero va más allá, y está trabajando en la prevención de los mismos. El año pasado se invitó a expertos de la Iglesia chilena que estuvieron reunidos durante una jornada con los obispos en la asamblea de la Conferencia episcopal del Uruguay del mes de abril. Se trata de que nunca más sucedan estos hechos que nos llenan de indignación y vergüenza.
En la referida conferencia de prensa el P. Lombardi concluía que la Iglesia, «herida y humillada por el flagelo de los abusos, pretende reaccionar no solo por su propio saneamiento, sino también para poner a disposición su dura experiencia en este campo».