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La Iglesia en los medios Mutualistas todavía dudan sobre cómo van a implementar el aborto

EL OBSERVADOR |

Reglamentada. La ley empieza a regir dentro de 10 días

Pese a que los plazos que tienen son extremadamente acotados, las instituciones de salud todavía no saben cómo implementarán la ley que despenaliza el aborto y en general no parecen preocupadas sobre los recursos humanos y económicos que les demandará cumplir con la prestación.

A pesar de que la ley se promulgó hace más de un mes, que esta semana el Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó la reglamentación y otros materiales para aplicar la norma, y que en cuestión de días el servicio deberá brindarse a las usuarias que lo soliciten (ver recuadro), los dirigentes de varias instituciones dijeron a El Observador que aún están estudiando los documentos. Aseguraron, además, que hasta ahora no han recibido formalmente objeciones de conciencia de parte de su personal de salud para interrumpir embarazos no deseados.

“No tengo la más mínima idea”, se limitó a responder Gustavo Bogliaccini, presidente del Casmu, respecto a la implementación de la ley. Bogliaccini argumentó que si bien el MSP hizo entrega del manual de procedimientos para el manejo sanitario de la interrupción voluntaria del embarazo, todavía no envió la reglamentación propiamente dicha. El dirigente restó importancia a las implicancias de la ley, y aseguró que en el Casmu no ingresará nuevo personal, sino que se “reasignarán las tareas” entre los empleados.

Las instituciones que pertenecen a la Federación Médica del Interior (FEMI) están más ansiosas sobre el “impacto financiero” que generará la nueva prestación. El presidente de la gremial, Edgardo Mier, expresó sus dudas respecto a “cómo se está calculando” la demanda que habrá, y por ende las cápitas que el MSP pagará. De todas formas, se mostró confiado en que “no habrá mayores dificultades” para cumplir el servicio, aun en los lugares más alejados donde hay menos médicos disponibles.

Julio Martínez, gerente de la Asociación Española, subrayó que aún no recibió ninguna objeción de conciencia y que la semana próxima se realizará un ateneo entre los médicos para informar y explicar los alcances de la ley.

El gerente de la Médica Uruguaya, Nicolás Cetta, consideró apresurada la consulta de El Observador. “Recibimos la información del MSP y la estamos viendo. No haremos comentarios por el momento”, se limitó a responder.

En el Círculo Católico (una de las mutualistas que se apegarán a la objeción de ideario para no realizar abortos, junto al hospital Evangélico) también reconocieron que “recién” están “empezando a estudiar la reglamentación”. Cecilia López, presidenta electa y actual integrante del directorio de la mutualista, dijo que aún no está definido a qué institución derivarán a sus usuarias que quieran interrumpir sus embarazos.

López agregó que en los próximos días redactarán la carta para plantear la objeción de ideario. Destacó que a pesar de no realizar abortos, en la mutualista funciona una policlínica de salud sexual y reproductiva. “Nunca hemos dejado a ninguna mujer abandonada y vamos a seguir igual”, aclaró.

PLAZOS

ENTRADA EN VIGENCIA La ley que despenaliza el aborto (18.987) dice que “entrará en vigencia a los 30 días de su promulgación (que fue el 22 de octubre), plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo reglamentará”. El plazo está cumplido, pero el MSP interpreta que el servicio empieza a ser obligatorio 10 días después de la publicación del decreto reglamentario, que se realizó el 22 de noviembre.

OBJECIÓN DE IDEARIO Las instituciones tienen 15 días hábiles a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación para plantear por escrito ante la Junta Nacional de Salud su solicitud de objeción de ideario para no realizar abortos. Deben justificarlo en sus estatutos institucionales.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA El personal de salud podrá manifestar o revocar su objeción de conciencia en cualquier momento en forma expresa ante las autoridades de los lugares donde trabaja.

COMISIÓN DE MALFORMACIONES El decreto reglamentario crea una comisión para analizar solicitudes de interrupción en casos de malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Debe estar conformada en el plazo de 30 días a partir de la entrada en vigencia de la ley.