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La Iglesia en los medios Las Iglesias deberán registrarse e informar el origen de sus fondos

ECOS. LA |
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Las grupos religiosos figuran entre los sujetos “obligados” por la nueva ley antilavado, que controlará posibles delitos fiscales.

A fines de este mes el Poder Ejecutivo tendrá lista la reglamentación del extenso articulado de la ley de Lavado de Activos que, aprobada en diciembre del año pasado, podrá así comenzar a ser aplicada.

Entre las novedades se incluye un capítulo que establece una serie de pautas que deberán cumplir diversas organizaciones “sin fines de lucro”, entre las cuales se engloban las diferentes iglesias y cultos religiosos que operan en el Uruguay.

Así, a partir de determinadas situaciones, estas organizaciones serán consideradas “sujetos obligados” y deberán cumplir varios requisitos. Entre ellos, conocer y explicar el origen de los fondos con los que operan.

Así, todas las organizaciones civiles que superen cierto volumen de patrimonio quedarán obligadas por la reglamentación, según precisó ante el Parlamento el director de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos, Daniel Espinosa.

La explicación llegó a raíz de una consulta efectuada por la diputada frenteamplista Susana Andrade (Lista 711), sobre si se ha avanzado “en la investigación vinculada a las supuestas iglesias evangélicas millonarias”, además de remarcar que la nueva normativa establece al fraude fiscal como delito precedente del lavado de activos.

En el marco de la aplicación de la ley, a estas organizaciones les serán exigidos informes periódicos sobre sus actividades y, eventualmente, serán fiscalizadas.

Así, deberán inscribirse en un registro habilitado especialmente y contar con un “oficial de cumplimiento”, junto con políticas y procedimientos de control de lavado.

“Van a tener que explicar el origen de los fondos que manejen y, eventualmente, si existiera un caso dudoso, se empezaría a analizar un posible delito fiscal”, remarcó Espinosa.

El período de inscripción será de noventa días luego de abierto el registro. Luego de ese plazo, la Secretaría comenzará actuar sobre las entidades que se considere obligadas.

Espinosa aclaró que el organismo que dirige no solo analizará la situación de las organizaciones que se inscriban. También se realizarán fiscalizaciones sobre los que se consideren obligados pero no se hayan registrado.

El secretario nacional Antilavado aventuró en ese sentido que la situación de las iglesias, y también de los partidos políticos, será complicada. “No conocemos esos sectores, por tanto tenemos que empezar a conocerlos y resolver cómo se puede reglamentar”, precisó.

Con respecto a los partidos, señaló que se debería revisar el diseño institucional, ya que muchas entidades públicas tienen competencia sobre ese sector.

El semanario Brecha informó el viernes que la ley comprende a determinadas asociaciones civiles, fundaciones, agrupaciones u organizaciones sin fines de lucro con o sin personería jurídica.

Serán las que tengan ingresos por más de 515 mil dólares al año, o por un monto máximo de 320 mil, y que estarán obligadas a conocer el origen de esos fondos.

Las condiciones incluirían, por ejemplo, a la Asociación Uruguaya de Fútbol, los clubes deportivos, las iglesias, algunos sindicatos y el Pit-Cnt.