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La Iglesia en los medios Las conquistas de la izquierda en materia de diversidad sexual [Opinión]

LA REPÚBLICA |

Por: Lucía Barrios

Ante la preocupante situación de la comunidad trans, surge inevitablemente una interrogante: ¿Qué políticas se han llevado a cabo desde el Estado? Según Nicolás Mauri, vocero del colectivo Ovejas Negras y miembro del Consejo Nacional de Diversidad Sexual, organizado por el Mides, durante estos últimos 10 años se han presentado cambios en materia de política pública.

“Venimos de un ciclo de conquistas jurídicas que permitieron una igualdad en el ámbito legal. Estos logros son sustanciales porque si comparamos a Uruguay con otros países, incluso de la región, tenemos una situación mucho más positiva en materia de derechos humanos”.

En la misma sintonía, el informe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), denominado “Las políticas de inclusión social para personas LGBT del Ministerio de Desarrollo Social”, afirma que a lo largo de los últimos diez años el Estado uruguayo ha avanzado en lo que se denomina la nueva agenda de derechos.

“Un factor que facilitó el avance legislativo fue la instalación de dos gobiernos del Frente Amplio, una fuerza política de izquierda que había mostrado una permeabilidad mayor en sus discursos y una actitud proactiva en la promoción de la agenda de diversidad sexual”, se afirma en el estudio.

Esta agenda implicó nuevas acciones que garantizaron algunos derechos en materia de diversidad sexual: Ley de Unión Concubinaria (18.246), de Cambio de Nombre y Sexo Registral (18.620), de Adopciones (17.817), de Matrimonio Igualitario (19.075), de reproducción asistida (19.167), y cuota para población trans en la Ley de Empleo Juvenil (19.133).

Asimismo, desde el Ministerio de Desarrollo Social se han realizado políticas específicas para personas trans, como la asignación de la Tarjeta Uruguay Social, que implica el reconocimiento de la identidad además de una transferencia monetaria; acciones de inclusión laboral: cuotificación en programas de empleo protegido, primer
llamado exclusivo para ingreso de personas trans a la administración pública y el asesoramiento para el proceso de cambio de nombre y sexo. Además, se han modificado las disposiciones referidas a la adopción para que parejas, en unión concubinaria, puedan adoptar.

“Sin dudas que ha habido políticas estatales para mejorar la situación de discriminación en los últimos diez años. Por ejemplo, la tarjeta para personas trans, los llamados inclusivos del Mides, la cuota del 2% en Uruguay Trabaja, el censo que se hizo el año pasado y el cubrimiento de hormonas a nivel de ASSE. Esa son las principales acciones. Creo que por lo menos se empezó un camino de reparación para disminuir la desigualdad y eso es lo importante que tenemos que observar”, declaró la licenciada en trabajo social e integrante del Área Académica Queer, Maia Calvo.

En la misma sintonía, Sergio Miranda, segundo vicepresidente de la Cámara de Comercios y Negocios de la comunidad LGBT, dijo a LA REPÚBLICA que “Uruguay está catalogado como uno de los países más gay friendly y eso habla muy bien de nosotros. Creo que para esto incidió mucho el marco legislativo, como es la Ley de matrimonio igualitario, la de antidiscriminación y la de unión civil”.

El desafío: ley integral para la comunidad trans

Por su parte Mauri afirmó que a pesar de que partimos de una buena base legal, en la práctica siguen produciéndose violaciones a los derechos humanos.

“El gran reto que tenemos ahora es producir un cambio mucho más difícil y más estructural: la transformación cultural.

El desafío más próximo en este sentido es la Ley Integral para la comunidad trans en la que se abarcan las principales dimensiones por las que este sector de la población es excluido”.

Según sus palabras, el proyecto establece que el cambio de nombre y sexo en los documentos sea un proceso que pueda darse en todo el país y que no sea tan caro como es actualmente.

Otro tema que trabaja la iniciativa es la educación. Mauri afirmó que el proyecto propone un sistema de becas para personas trans y se establecen cupos a llamados laborales. Además, analiza el tema sanitario. Por su parte, Calvo explicó Ley Integral pretende modificar la precaria situación que tienen las estadísticas para medir adecuadamente la situación de este sector de la población.

“No hay una forma de registro único por eso la Ley Integral propone que en todos los monitoreos del Estado se incorpore esta variable para poder cruzar los datos y monitorear esta problemática situación”.

Indiferencia y violencia en el ámbito educativo Mauri señaló que Uruguay presenta desigualdad entre la equidad formal y la cultural. “Si bien en el plano jurídico, muchas veces se habla de los derechos humanos y de respeto a la diversidad, seguimos viendo contradicciones concretas en el ámbito educativo. Seguimos haciendo prácticas que son excluyentes, que son centradas en las personas heterosexuales.

Esto se refleja en cuestiones como el propio personal de la institución, además de la discriminación que hacen los propios pares, ya sea por acción directa o por omisión”.

En la misma sintonía, la “Encuesta Nacional de Clima Escolar en Uruguay” muestra esta alarmante situación: El 80,9% de los estudiantes reportó sentirse inseguro en el centro educativo por su orientación sexual, género o peso. Además, más de la mitad afirmó que siempre escucha comentarios de tipo homofóbico. Pero existe un dato aún más interesante: el 42,6% de los encuestados declaró que nunca interviene el personal escolar cuando escuchan comentarios homofóbicos.

Por último, el 51,7% de los estudiantes manifiesta que nunca se tratan temas LGBT en el centro educativo. Mientras tanto, el 64,2% nunca comunicó a su familia haber sufrido alguna forma de acoso en el espacio escolar. A modo de resumen, Mauri señaló que “esta exclusión se ve en la vida diaria de las personas en un montón de microactos cotidianos, que son permanentes y sistemáticos. En este sentido, es que todos tenemos nuestro importante rol porque podemos elegir si seguimos reproduciendo estas prácticas o no. Además, está en nosotros la decisión sobre si intervenimos en estos actos violentos o solo los dejamos pasar, como si el mero hecho de ignorarlos hiciera que no existieran”.