Iglesia al día

" El Tiempo de la Creación es un tiempo para renovar nuestra relación con el Creador y con toda su maravillosa obra, la naturaleza, por medio de la celebración, la conversión y el compromiso. "
Tiempo de la Creación

La Iglesia en los medios La objeción de conciencia [Editorial]

EL PAÍS |

La sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la acción presentada por un grupo de médicos contra el Decreto 375/012, reglamentario de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo (Ley No. 18.987) tiene una gran importancia porque reafirma el derecho fundamental de objeción de conciencia.

Esa buena noticia ha quedado en segundo plano porque en el asunto considerado por el Tribunal se mezclan dos temas que deberían ser analizados separadamente. Uno de ellos es la aplicación de la Ley No. 18.987, el otro tema, de naturaleza muy diferente, es el derecho de objeción de conciencia. Este derecho fundamental puede aplicarse a muchas otras situaciones. Por ello, defenderlo no significa tomar posición en contra, o a favor, de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo. Son dos cosas separadas.

La demanda fue presentada por médicos ginecólogos del Sistema Nacional Integrado de Salud que reclamaron que el Decreto generaba un grave perjuicio a la libertad de conciencia del personal de salud, que se veían inhibidos de ejercer un derecho que les concede la Constitución y garantiza la Ley, y que se los obligaba a cumplir con prestaciones que violan su conciencia.

El derecho de objeción de conciencia puede ser definido como “no consentir un mandato legislativo más o menos directo, o una orden administrativa” o como “la negativa del individuo por motivos de conciencia, a someterse a una conducta que en principio sería jurídicamente exigible ya provenga la obligación directamente de la norma, ya de un contrato, ya de un mandato judicial o resolución administrativa”.

Es la persona que se enfrenta al poder impulsada por una profunda convicción moral y afrontando las consecuencias negativas que pueda acarrearle su decisión. No es una decisión que se tome a la ligera.

“El reconocimiento del derecho de objeción de conciencia”, concluyó el Tribunal, “deriva de los derechos fundamentales del individuo; y ya sea se lo relacione con la libertad de conciencia… o con el derecho a la dignidad humana … no cabe duda de que goza de tutela, contemplada en instrumentos internacionales, plasmada en varias disposiciones de nuestra Constitución (arts. 7, 29, 54, 72)”. Es un derecho reconocido en la propia Ley sobre interrupción voluntaria del embarazo.

El artículo 7 de la Constitución establece que los “habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad”. El artículo 29 declara que es “enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos”. El artículo 54 estipula que “La ley ha de reconocer a quien se hallare en una relación de trabajo o servicio, como obrero o empleado, la independencia de su conciencia moral y cívica”. Finalmente, el artículo 72 estipula que “La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”.

El ministro interino de Salud Pública dijo que el equipo jurídico de su cartera había encontrado “inconsistencias y equívocos” en el fallo y que se presentará un recurso de restitución. Está en su derecho.

Pero llama la atención que el Tribunal haya suspendido la aplicación de once artículos de un Decreto que tiene 42 ar-tículos (incluyendo el artículo 40 sobre estadísticas, el 41 sobre información y el 42 que deja sin efecto los decretos que se le opongan).

El derecho a la objeción de conciencia, por una parte, es un derecho individual. Por la otra, quien lo ejerce contribuye a tutelar el interés general de defender la independencia moral y cívica de las personas.

Aunque es un derecho que puede ser coartado por una ley u otro tipo de norma emitida por el Estado, afortunadamente existen los recursos legales para tutelarlo debidamente.

La principal amenaza son las influencias más sutiles y encubiertas (que por ello escapan al control judicial) que puede utilizar el poder, el peso de la desaprobación social y las presiones de diferentes tipos ejercidas por grupos u organizaciones de la sociedad civil, por mejor intencionadas que sean.