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Tiempo de la Creación

La Iglesia en los medios La masiva movilización y la discusión sobre derechos y violencia a las mujeres puso en primer plano que “Uruguay esconde la desigualdad”

SEMANARIO BÚSQUEDA |

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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”. La consigna de la comunista alemana Rosa Luxemburgo parece mantener vigencia, a casi 100 años de su muerte, porque no solo no se han logrado los objetivos en el conjunto de la sociedad, sino tampoco en las propias organizaciones de trabajadores.

En la central sindical PIT-CNT, donde los comunistas uruguayos y la izquierda tienen mucho que decir, los 15 integrantes del Secretariado Ejecutivo son hombres a pesar de que en el último congreso de 2015 uno de cada tres delegados eran mujeres. Tres sindicalistas fueron puestas al frente de las comisiones de Género, Derechos Humanos y Juventud y asisten a las reuniones del Secretariado con voz pero sin voto. Los dirigentes sindicales han cuidado los equilibrios entre las tendencias ideológicas pero olvidado las de género; la única mujer que tuvo protagonismo fuerte en este universo masculino en los últimos años fue la dirigente de Salud Pública Beatriz Fajian, ya jubilada.

En el mundo de los patrones y gerentes el panorama no es muy diferente. En las directivas de las cámaras empresariales las mujeres son excepción. Un relevamiento de la periodista Adela Dubra mostró que solo en la Federación Rural, la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este y en la Asociación de Promotores Privados de la Construcción existe una solitaria mujer, mientras que en otras como Cámara de Comercio, Asociación de Dirigentes de Marketing, Asociación Rural, Cámara de Industrias, Cámara Mercantil de Productos del País, Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, Cámara Uruguaya de Turismo y Centro de Almaceneros, Baristas, Autoservicistas y Afines solo hay hombres.

La discriminación a las mujeres empieza con los derechos económicos. Entre los 20 y 50 años, el período más productivo de las personas, los hombres en Uruguay ganan en promedio un 16% más que las mujeres, explicó a BúsquedaKarina Batthya­ny, una investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar) dedicada a estudiar el trabajo en sentido amplio, lo que define como “el nudo del problema” de la desigualdad según sexo. Su objeto de estudio incluye el trabajo mercantilizado, en el que las mujeres tienen “un techo de cristal”, pero también el no remunerado, que según esta doctora en Sociología conforma “las bases invisibles del bienestar social”.

Para comprender la magnitud del problema, a la diferencia salarial se debe sumar otra actividad que según la investigadora explica que muchas mujeres queden rezagadas respecto a los hombres: el trabajo doméstico y el cuidado de niños, discapacitados y adultos mayores. Se trata de una actividad que los hombres pueden hacer pero que “en el 85% de los casos está en manos de mujeres”.

Las secuelas de esta situación no afectan solo al mercado de trabajo sino también al estudio, el ocio y las actividades sociales y políticas de las mujeres.

El aumento de la participación femenina en el mercado de trabajo remunerado y el envejecimiento de la población llevaron a una agudización del problema, porque estas deben cuidar a sus hijos cuando rondan los 25 años de edad y luego a sus padres, en general luego de los 50, explicó Batthyany.

La socióloga llamó la atención de que en la propia Udelar solo el 20% de los integrantes de los consejos de Facultad son mujeres.

El rector Roberto Markarian, sin embargo, dijo a Búsqueda que es por lejos la institución estatal donde la participación pública es más alta: cinco de los 15 decanos y siete de los ocho directores generales son mujeres. El censo de 2015 arrojó que el 66% de los estudiantes, 55% de los docentes y 34% de los grados 5 (el más alto) superando al 29% de 2009, son mujeres.

Aunque muchas son militantes de base, el patriarcado es muy fuerte en la cima del poder de los partidos. “Desde la reforma electoral de 1996, que instauró las elecciones internas y las candidaturas presidenciales únicas, solamente dos se han postulado como precandidatas a la presidencia (Cristina Maeso del Partido Nacional, en 1999, y Constanza Moreira del Frente Amplio, en 2014), y una única mujer ha integrado una fórmula presidencial (Delia Villalba, candidata a vicepresidenta en 2009 por Asamblea Popular, que no llegó a los votos necesarios para lograr representación parlamentaria en ese año”, sostuvo un informe elaborado para la Oficina de Planeamiento y Presupuesto por la consultora Niki Johnson.

En todo el sistema político uruguayo, solamente el Partido Socialista introdujo en los estatutos la cuota femenina, aunque el Partido Independiente ya la instrumentó en 2009.

Foto: Nicolás Der Agopián
Palacio vacío y 18 repleto.
Ayer miércoles 8, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, se realizó en decenas de países, entre ellos Uruguay, un paro de mujeres. Esta medida atípica, a partir de la iniciativa de una organización no gubernamental argentina logró llamar la atención de los problemas de género, agravados por los casos de femicidios (ver nota en página 14).

Una de las actividades con menos presencia de público se produjo en la Cámara de Diputados, que trató el tema en sesión extraordinaria con decenas de legisladoras suplentes, que accedieron, algunas por primera vez, al uso de la palabra ante barras vacías.

Los discursos matutinos que apelaron a la igualdad fueron posibles porque los legisladores titulares hombres cedieron el espacio a las mujeres, al menos por un día.

Por la tarde, varias decenas de miles de mujeres y hombres se concentraron en torno a la Plaza Libertad y manifestaron por 18 de Julio hasta la explanada de la Universidad.

En un clima festivo y en medio de un calor húmedo se reunieron miles de mujeres de todas las edades, familias con sus hijos, que portaban mate, termo y carteles, mientras otros saboreaban el gusto dulzón de un cigarrillo de marihuana o una cerveza.

La convocatoria fue realizada por diversas organizaciones, entre ellas Cotidiano Mujer y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, que en su plataforma destacó que Uruguay tiene “la peor participación parlamentaria de América Latina”, los alrededor de 30 femicidios al año y que 175.000 mujeres sufren violencia en sus hogares, entre otros puntos.

La manifestación, a la que adhirieron el PIT-CNT, parlamentarios y dirigentes de todos los partidos, contó también con el apoyo de varias organizaciones feministas “radicales” que por las redes sociales cuestionaron la presencia de hombres, aunque finalmente no hubo dificultades.

El lunes 6, el gobierno hizo su propio acto, donde presentó lo que considera los logros de su gestión en el tema. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, destacó que el programa de tobilleras, que se realiza con el Poder Judicial y el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo para casos de riesgo de violencia contra la mujer, ha sido exitoso en evitar crímenes en cinco departamentos y este año se extenderá a todo el país.

La directora de Inmujeres, Mariela Mazzotti, dijo a Búsqueda que el uso de las tobilleras (alrededor de un millar desde que se comenzaron a utilizar en 2012) ha sido una buena experiencia, aunque admitió que aún no cuentan con centros de atención psicosocial suficientes y que además, debido a que es una asistencia voluntaria, apenas 10% de los que son enviados a tratamiento llegan al final del proceso.

“Uruguay es un país que ha trabajado enormemente y tenemos adelantos (…), cuando nos comparamos con el resto de América Latina. Sin embargo, debemos de reconocer que aún niñas, niños, adolescentes, mujeres de todas las edades y de diversidad de condición vivimos en condiciones de desigualdad”, dijo Mazzotti en un acto en el que participaron, el lunes 6, varios ministros del gobierno.

Bajo el lema “Más Igualdad, Compromiso de Estado”, los representantes del gobierno informaron acerca de los avances en cada una de las áreas.

Mazzotti dijo a Búsqueda que “Uruguay esconde la desigualdad” y destacó que 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia basada en género y que en el caso de las afrodescendientes son 8 de cada 10.

“Debemos tener un abordaje integral, mejorar todo el sistema de prevención y represión. Educar en un ámbito de no violencia, porque si no atacamos este problema desde la educación, no podemos resolverlo con una perspectiva de vivir en una sociedad que mejore la convivencia”, dijo el ministro Bonomi, quien respaldó la ley Integral de Género, que está desde mayo pasado a estudio del Parlamento.

El ministro de Salud Jorge Basso reafirmó que la ley de interrupción voluntaria del embarazo “debe ser cumplida integralmente en todo el territorio nacional”, lo que fue interpretado como una alusión al reciente fallo de una jueza de Mercedes que dispuso que una mujer no se hiciera un aborto.

“Hemos sido muy celosos en el uso no sexista de lenguaje e imágenes en las campañas promocionales del Ministerio de Turismo y en los eventos que este apoya”, subrayó el martes 7 la ministra de Turismo Liliam Kechichian.

“Nos esforzamos por comunicar sin estereotipos, por hacerlo sin utilizar el cuerpo de la mujer y por tener una mirada de las familias diversa” y destacó que en el Poder Ejecutivo hay un “gran avance”, aunque “lejos de esa paridad que consolide la democracia”.

Además de Kechichian integran el gobierno Carolina Cosse (Industria), María Julia Muñoz (Educación), Marina Arismendi (Desarrollo Social) y Eneida de León (Vivienda).

Foto: Nicolás Der Agopián
Paridad, cuota y femicidio.
Una encuesta encargada por ONU Mujeres a la empresa Equipos arrojó algunos datos interesantes acerca del machismo en la sociedad uruguaya. Por ejemplo, según la encuesta, entre los hombres con formación terciaria es mayoritaria la opinión de que no se debe establecer cuota y menos aún paridad en el Parlamento, porque se trata de que las mujeres lleguen por sus propios méritos.

Para la socióloga Batthyany y para la mayoría de las feministas, la cuota es necesaria como política afirmativa, porque si bien ha habido avances, estos tardarán decenas de años si no se hace nada al respecto.

El Frente Amplio redactó un proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento para establecer la paridad entre hombres y mujeres, como existe en Bolivia, Dinamarca, Suecia y otros países. Sin embargo, el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el propio presidente de la Cámara de Diputados, José Carlos Mahía, con el argumento de que blancos y colorados no lo apoyan y se necesitan mayorías especiales, se han manifestado a favor de ir por el camino menos radical de mejorar la ley de cuota que rige actualmente y que establece un 30% de mujeres candidatas, pero introducir en el texto el agregado de que no tenga plazo y que las suplentas deban ser también mujeres, para evitar maniobras que favorezcan a los hombres.

Otro tema en carpeta este año es el proyecto de prevención y combate a la violencia basada en género.

La violencia contra las mujeres es un tema que no ha podido ser resuelto ni siquiera en los países escandinavos, a pesar de que desde hace años tienen una política de igualdad de géneros.

Para la experta Lucy Garrido, de Cotidiano Mujer, a diferencia de lo que se creyó en Europa hace unos años, “el patriarcado no ha muerto”, pero las reacciones violentas al avance de las mujeres en sus derechos demuestra “que están perdiendo la batalla”.

Uno de los puntos polémicos del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo es la tipificación del femicidio como agravante.

Para la socióloga Teresa Herrera, que integra la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual “el femicidio es un crimen de odio” realizado por alguien que en la mayoría de los casos ejerce violencia con más de una mujer y poniéndole nombre al delito se pretende “la comprensión de una etiología” para que “se aplique el máximo castigo previsto”.

El martes 7, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo en la Comisión de Constitución y Código del Senado que está de acuerdo con el proyecto, discrepando con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak y otros abogados, como el penalista Juan Fagúndez, que la consideran redundante e innecesaria.

Díaz, por el contrario, sostuvo que “es una conducta que ontológicamente es más grave y por tanto merece un mayor reproche penal”, aunque admitió que la introducción de este agravante no resuelve el problema de la muerte de mujeres, puesto que eso es cultural y originado en el patriarcado.

Según Mazzotti, Uruguay es uno de los pocos países de América Latina que no ha incluido el femicidio en su Código Penal y opinó que “un marco normativo genera cultura”.

Para Andrea Tuana, de la ONG El Paso, más allá de las normas legales, los recortes presupuestales en las políticas que afectan a las mujeres es uno de los puntos más negativos de una gestión que ha mostrado avances.

Batthyany opina también que los gobiernos del Frente Amplio, aunque tienen claroscuros, han representado un fuerte avance que se vería reforzado por el Sistema Nacional de Cuidados, que considera un punto esencial hacia la igualdad.