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La Iglesia en los medios La Justicia ordenó indemnizar a un estudiante víctima de bullying en un colegio católico

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El hostigador deberá pagar 12.500 dólares a su víctima, aunque el fallo judicial eximió de responsabilidad al colegio al que concurrían ambos.

Un adolescente y su familia serán indemnizados con US$ 12.500 a raíz de un caso de bullying ocurrido hace cuatro años, en una decisión judicial histórica en el país.

La resolución, difundida en una nota del periodista Tomer Urwicz para el diario El País, tuvo como objetivo resarcir el “acoso moral” sufrido por un estudiante liceal de un colegio privado católico.

De acuerdo a la crónica, el adolescente toleró durante los siete años que acudió al colegio diferentes formas de bullying: ser excluido de cumpleaños, de grupos de estudio, recibir apodos a modo de burla, que se rieran de su hiperactividad, ser amenazado e incluso haber sido víctima de algunos actos obscenos.

El 14 de agosto de 2014, el caso tuvo un giro. El acosado invitó a su principal acosador a su casa, debido a que este último lo obligó a ayudarlo a hacer tareas de inglés. La experiencia para la víctima fue tan traumática -aunque no se dan detalles en la sentencia, indica la crónica- que el adolescente terminó con su silencio y contó todo a su madre, que entendió mejor entonces el flojo desempeño educativo de su hijo y su tristeza crónica.

Los padres del estudiante se reunieron entonces con el director del liceo y le narraron los acosos sufridos por su hijo, casi siempre a manos del mismo estudiante. El acosador era un buen alumno, corpulento, alto, querido por compañeros y docentes (la madre de la víctima describió su perfil como el de un “perfecto psicópata”) pero amenazaba a su hijo con frecuencia. Aunque pidieron al director que cambiara a su hijo de clase, este se negó debido a lo avanzado del año lectivo.

La familia decidió entonces hacer la denuncia policial, cuenta la crónica de El País, derivándose el caso a la sede penal de adolescentes. Se hizo una pericia psicológica al acosado, y una asistente social entrevistó a víctima y victimario, llegando a la conclusión de que había que separar a los adolescentes de clase. El director persistió en su negativa.

La víctima cambió de colegio, inició terapia y comenzó un proceso judicial que, cuatro años más tarde, acabó por darle la razón.

El abogado de la familia dijo a El País que en este caso el objetivo era “obtener un reconocimiento” por parte de la Justicia, que fue parcial. En el fallo, el juez desestimó la acusación contra el colegio al no poder comprobar que haya habido acoso adentro del centro educativo o que las autoridades hayan estado omisas, algo que la familia apelará.

Según el abogado, las pruebas fueron “contundentes” y la resolución reconoce que hubo un daño moral, condenando al acosador a un pago de 12.500 dólares.