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La Iglesia en los medios Informe de OPP identifica como obstáculos en el avance contra la violencia de género a los medios y a los legisladores evangelistas 

SEMANARIO BÚSQUEDA |

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En los últimos años, si bien varios organismos públicos han implementado programas para atacar la violencia de género y el problema se ha hecho más visible en la sociedad uruguaya, la cantidad de denuncias, de casos de explotación sexual y trata de mujeres, y de asesinatos siguieron creciendo.

Eso es parte de las constataciones de un informe elaborado para la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) por las consultoras Natalia Magnone, Gabriela Pacci y Carla Calce, que recoge estadísticas elaboradas por diferentes organismos para realizar un diagnóstico sobre la violencia de género en el país, y proponer líneas de acción para avanzar en la reducción del problema.

En el estudio, las investigadoras identifican a actores “con capacidad de incidencia para mejorar” las condiciones y avanzar hacia un sistema de prevención y protección de la violencia de género, como las organizaciones de la sociedad civil e instituciones creadas en el ámbito del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, señalan que hay “algunos actores que obstaculizan este avance”, aunque sostienen que “las mayores trabas están en las propias dinámicas institucionales (imbuidas en la cultura patriarcal) de todas las instancias que deben actuar para disminuir las violencias de género”.

De acuerdo a las académicas, “existen actores muy influyentes en la producción ‘del caldo de cultivo’ de la violencia de género que todavía no han sido permeados por acciones de prevención de violencia de forma masiva”. Allí mencionan como ejemplo a los medios, que “continúan reproduciendo contenidos sexistas, violentos, homo y trans fóbicos”.

Destacan a su vez “la resistencia de los medios, en el marco de la Ley de Medios, al control de los contenidos promovido por la sociedad civil para prohibir mensajes sexistas y discriminatorios”. Cuestionan que las empresas de comunicación defiendan “la libertad de expresión” y “no quieren asumir” que ella “no tiene que incluir la difusión del sexismo y la violencia de género”.

Por otra parte, señalan que “muchas de las distintas iglesias sostienen discursos moralizantes de la ideología hegemónica de género que influye en la vida cotidiana de sus creyentes”. En ese sentido destacan “la llegada al Uruguay de ‘la bancada evangelista’, proceso que se viene dando en la región y que se visualiza por primera vez en esta legislatura”.

Estiman que hay “más de una quincena de evangélicos en política y dentro de la bancada tres diputados titulares, tres suplentes y varios ediles”, cuya “agenda tiene el objetivo de instalar la ley de dios en el parlamento y se plantean preservar los valores y principios cristianos frente a ‘la decadencia moral generalizada’ y especialmente frente al ‘desmembramiento familiar’ que diagnostican”.

Los diputados titulares evangélicos son Gerardo Amarrilla, Álvaro Dastugue, y el ex intendente de Durazno, Benjamín Irazábal, todos del Partido Nacional.

Las autoras del estudio citan al especialista Nicolás Iglesias, quién señala que la “bancada evangelista” está enfocada en tres áreas: “contra los derechos sexuales y reproductivos (especialmente el aborto), en contra del matrimonio igualitario y de la adopción de hijos/as en parejas del mismo sexo”.

Ese fenómeno “aparenta ser algo creciente en la región y en el país, siendo un actor que puede obstaculizar la agenda de la violencia de género en la medida que su objetivo es restaurar valores familiares conservadores”, sostienen las académicas.

También, en ocasiones, “las asociaciones corporativistas han sido actores ausentes u obstaculizadores de la agenda de género”. Un ejemplo es la Sociedad de Ginecotocología del Interior del Uruguay, afirman, “que se ha manifestado públicamente en contra de la existencia de violencia obstétrica” (la violencia ejercida hacia las mujeres por las instituciones de salud en los embarazos y partos).

También señalan a “algunos representantes del Ministerio Público” y a “corporaciones judiciales” por su “cuestionamiento implícito y explícito a la Ley de Violencia Doméstica” aprobada en 2002.

“En todo proceso de avance en derechos hay momentos de freno asociados tanto a argumentos moralistas y conservadores, algunos devenidos de valores religiosos y otros más bien relacionados a valores profundamente patriarcales”, concluyen.

Indicadores.
El estudio analiza información de varias dependencias del Estado y señala cómo todos los indicadores sobre violencia de género han aumentado en los últimos años. Por ejemplo, se evidencia una “tendencia en el aumento” de las denuncias de violencia doméstica desde el 2005 al 2015. Esa tendencia, dice el estudio, se explica por un lado, por las campañas realizadas por el Estado y la sociedad civil sobre el tema, que lo colocaron “en la agenda pública” y lograron “una mayor sensibilidad y difusión de los recursos y servicios para pedir ayuda y denunciar”.

Las muertes de mujeres en manos de sus parejas o ex parejas también tuvieron un aumento sostenido en la década 2005-2015. “En la medida que no se produzcan cambios culturales que impliquen profundamente a la educación, los medios de comunicación y las pautas de convivencia familiar, va a seguir habiendo alta prevalencia de muertes de mujeres por esta causa”, afirman las académicas.

Otra explicación de esa tendencia “está relacionada con el aumento de las rupturas conyugales”, sostienen. “Se podría suponer que las mujeres tienen menor tolerancia a vivir en relaciones de pareja violentas, por tanto se separan más”. Esto provoca la ira de algunos de los hombres que ejercen violencia, que “no aceptan este ejercicio de libertad y las aniquilan”.

Otro problema que identifican es que “las políticas se han focalizado en las mujeres y no en transformar las prácticas de los hombres”. Señalan que hay algunas iniciativas para la “resocialización” de varones agresores, aunque aún son incipientes y están centralizadas en Montevideo.

El acoso sexual laboral y educativo “es una violencia de detección incipiente” y las autoras dicen que “se espera un crecimiento en la cantidad de denuncias” y visualización de ese problema.

La explotación sexual comercial a niños y adolescentes también es “un fenómeno de incipiente visualización y denuncia creciente”. Del mismo modo, en Uruguay “está creciendo la trata de mujeres con fines de explotación sexual y laboral, así como su visualización y detección”.

Finalmente, las autoras dicen que el acoso sexual a mujeres en el espacio público “ha sido invisibilizado” pero se espera que adquiera más notoriedad. El abordaje institucional sobre este problema es “prácticamente inexistente”, señalan.