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La Iglesia en los medios Habrá prórroga para mayores de 40 años en tratamiento de fertilización (de interés)

SUBRAYADO |

Las mujeres que ya hayan iniciado los trámites para obtener la financiación estatal, tendrán los tres intentos asegurados.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitirá un nuevo decreto reglamentario de la ley de reproducción asistida que establece la financiación del Fondo Nacional de Recursos (FNR) para los tratamientos de fertilización.

Integrantes del colectivo “El sueño de ser mamá” se reunieron este miércoles con el ministro de Salud Pública, Jorge Basso; la subsecretaria, Cristina Lustemberg; y autoridades del FNR.

Los representantes del gobierno transmitieron la tranquilidad de que las mujeres que estén “en proceso” tendrán asegurados sus tres intentos para ser mamás, independientemente de su edad.

“En proceso” comprende a aquellas mujeres que, teniendo 40 años o que estén por cumplir esa edad, ya hayan presentado la solicitud y la documentación ante el FNR para la financiación, o que ya se hayan sometido a alguno de los tratamientos previstos.

En la actualidad, el decreto que abarca a mujeres de hasta 60 años, establece un plazo de dos años para realizar los tres intentos que establece la ley. Las mujeres deben presentar la documentación cada vez que soliciten la financiación estatal, la que deberá ser aprobada por el FNR.

El nuevo decreto será firmado por el presidente Tabaré Vázquez una vez que regrese de su gira europea por Alemania, Finlandia y Rusia.

Gabriela Miranda, integrante de “El sueño de ser mamá”, consideró positivo el anuncio del MSP y del FNR. En diálogo con Subrayado dijo que las principales dificultades que afrontan son las económicas, porque el sueño y la ilusión de ser madres permanece intacto.

Miranda consideró que sería “fantástico y necesario” que se aprobara una nueva ley que no restrinja el acceso, por cuestiones etarias, a los tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad.

En tal sentido, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou presentó un proyecto de ley que equipara la legislación uruguaya con la normativa de otros países al respecto.