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La Iglesia en los medios Grupo Verdad y Justicia propone iniciar juicios civiles a militares por daños causados en dictadura

LA DIARIA |

Mario Cayota. Foto: Pablo Vignali (archivo, marzo de 2016)

Mario Cayota. Foto: Pablo Vignali (archivo, marzo de 2016)

El Grupo Verdad y Justicia (GVJ) remitió a organizaciones vinculadas a los derechos humanos un borrador con sugerencias a elevar al Poder Ejecutivo en materia de derechos humanos vinculados a la última dictadura. La intención del grupo es recibir comentarios y propuestas de los colectivos sociales. La organización de ex presos políticos Crysol ya redactó un documento de respuesta, al que accedió la diaria. Allí destacan la intención del GVJ de recomendarle al Ejecutivo que aplique el artículo 25 de la Constitución de la República, que faculta a los organismos públicos a hacerles pagar a los funcionarios a su cargo por el daño que hayan causado “en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo”.

El GVJ recomienda aplicar este artículo a los responsables de delitos de lesa humanidad; Crysol sugiere aplicarlo, en cambio, a los “procesados y condenados con sentencia firme por los delitos conexos y/o relacionados con el terrorismo de Estado”, ya que los jueces uruguayos no han tipificado como crímenes de lesa humanidad los delitos cometidos en dictadura. “Es lamentable y preocupante que ninguno de los gobiernos que se han rotado en la administración del Estado hasta el momento haya adoptado una decisión de este tipo. Valoramos muy positivamente vuestra recomendación y vuestro compromiso en este tema tan delicado”, destaca Crysol, en su carta dirigida al GVJ.

El coordinador del grupo, Felipe Michelini, dijo a la diaria que “no hay dudas” de que debería recurrirse al artículo 25 e iniciar un juicio civil a los militares que “actuaron con dolo” para que “tengan responsabilidad patrimonial”. “Y en este caso [el de los crímenes de la dictadura] se podría argumentar razonablemente que actuaron con dolo”, acotó Michelini, y sostuvo que se trata de un “tema de igualdad en las cargas públicas”. “Todos nos hacemos cargo como sociedad a través del Estado de reparar un daño, pero aquel que actuó con culpa grave o dolo debería contribuir más”, afirmó.

Otra propuesta del grupo es entender la reparación monetaria como un derecho que tienen las víctimas de la dictadura en todos los casos, independientemente de si perciben ingresos por otro motivo (actualmente, si superan determinados ingresos, no pueden percibir la pensión reparatoria). “Desde el punto de vista conceptual, es claro que lo reparatorio no es una cuestión de prestación de seguridad social”, afirmó Michelini.

Ayer el GVJ se reunió con el presidente Tabaré Vázquez para proyectar el trabajo de los próximos meses. Michelini aseguró que el presidente les expresó su “respaldo total”. “Está consustanciado con la causa, apoyando en lo que se pueda hacer”, señaló el coordinador del grupo. Sobre el resultado del juicio en Italia por el Plan Cóndor, Vázquez sostuvo en la reunión que hay que esperar los fundamentos del fallo y llamó a realizar un seguimiento cercano de las instancias de apelación.

Por otra parte, ayer Presidencia informó que Mario Cayota, quien fue embajador uruguayo ante el Vaticano, fue designado para revisar los archivos de la sede católica sobre la dictadura uruguaya y que los trabajos comenzarán en estos días.
Natalia Uval