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La Iglesia en los medios El Papa, severo con la pederastia y la corrupción

EL PAÍS |

Nuevo código penal del Vaticano tendrá sanciones más duras.

El papa Francisco aprobó ayer una reforma del código penal del Vaticano que refuerza las sanciones contra los actos de pederastia y fortalece las medidas represivas en caso de corrupción y lavado de dinero. Además, crea el delito de filtración de información reservada.

Vaticano | AFP y Ansa

El “motu propio”, el decreto firmado por el Papa, tiene como objetivo “ajustar a los parámetros internacionales” el sistema penal del Vaticano que remontaba a 1929, año de la creación del Estado vaticano.

Además, el sumo pontífice derogó la pena de cadena perpetua, que será sustituida por la reclusión a 30 o a 35 años.

El texto introduce en las leyes vaticanas diversos crímenes reconocidos por las convenciones internacionales como la tortura, el genocidio y la discriminación racial, e incluye “el conjunto de la categoría de los delitos contra los menores: la venta, prostitución, alistamiento y violencia sexual contra ellos, la pornografía infantil, la posesión de material pornográfico y los actos sexuales con menores”.

Cambio.

Aunque el Papa afirma seguir los pasos de su predecesor, la adopción de esta reforma representa un cambio en relación a las acciones emprendidas por Benedicto XVI, que se centró principalmente en el saneamiento interno de la Iglesia y de las diócesis a través de la destitución de obispos y sacerdotes, y alentando la cooperación con las autoridades judiciales civiles.

En abril pasado, Francisco pidió que se actúe “con determinación” contra los abusos sexuales cometidos por el clero. Era la primera vez que el Papa se expresaba públicamente y directamente sobre los abusos sufridos durante décadas por decenas de miles de niños.

Las nuevas normas que entrarán en vigor el 1º de septiembre se aplican a todos los miembros de la Curia así como a todo el personal diplomático y a todos los empleados de organismos y de instituciones vinculadas con la Santa Sede.

La nueva legislación vaticana también prevé la posibilidad de que los tribunales de la Santa Sede juzguen “delitos cometidos contra la seguridad, los intereses fundamentales y el patrimonio de la Santa Sede”.

La divulgación de información confidencial será también castigada de forma más severa en caso de que los documentos sean considerados importantes.

Habrá además sanciones contra las personas jurídicas en cuanto aprovechen la actividad criminal cometida por sus organismos o dependientes.