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La Iglesia en los medios Directora acusada de violar la laicidad por permitir charla sobre aborto analiza recurrir al TCA

EL OBSERVADOR |

A 9 meses de la sanción, Secundaria aún no se pronunció sobre el caso

A nueve meses de que se instruyera el sumario contra la directora del liceo Nº 1 de Salto por permitir que un grupo de madres “comprometidas en la lucha contra el aborto” dieran una charla en el centro educativo presentando su perspectiva sobre el tema, el Consejo de Educación Secundaria (CES) todavía no se pronunció sobre el caso y la docente aún no fue “sancionada formalmente”.

El sumario, fechado el 30 de junio, acusó a la directora de violación a la laicidad y estableció la separación del cargo con la retención del 50% de sus haberes. Sin embargo, pasados los seis meses de dicha resolución -establecidos en la ordenanza 10 de administración pública- y no habiendo concluido el sumario, la directora fue reintegrada y se encuentra trabajando en otra dependencia de la ANEP, percibiendo el 100% de su salario y no perdió su cargo de directora, informó a El Observador Karina Goday Cardillo, especialista en Derecho Administrativo y asesora del grupo de madres y de la directora.

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A fines de junio de 2017, la diputada del MPP Manuela Mutti denunció el caso ante el CES, señalando que en la actividad, desarrollada el 29 de junio, se habían repartido folletos alusivos al tema, con imágenes católica, condenando el uso de métodos anticonceptivos. Además, afirmó que en la actividad se habían entregado estatuillas de fetos.

La denuncia ameritó que ese mismo día las autoridades de Secundaria convocaran a una reunión extraordinaria para analizar el caso y resolvieran iniciar la investigación con separación del cargo a la directora para que esta no interfiriera en la pesquisa. La directora de Secundaria, Celsa Puente argumentó que la docente no había pedido permiso para realizar dicha actividad.

A los días de la resolución de Secundaria, el grupo de madres emitió un comunicado donde señalaba que el taller no había sido “contra el aborto”, ni se había planteado ninguna postura al respecto. “De hecho, se dijo que la interrupción voluntaria del embarazo estaba contemplada en la ley, y era por tanto una opción válida legalmente para quienes quisiesen interrumpir un embarazo”, expresaba el texto.

Explicaron que la realización del taller fue motivada por la preocupación que les generaba la poca información que sus hijos tienen a la hora de tomar decisiones sobre su vida sexual y manifestaron que la distribución de folletos no estaba prevista. Según señalaron, ante el requerimiento de algunos alumnos interesados en realizar un trabajo para el liceo, se les entregó algunos folletos, entre los cuales había uno que contaba con una imagen religiosa. No obstante, aclararon que dicho material “no había sido compartido con la directora” previamente.

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Goday Cardillo explicó que la docente no perdió su cargo de directora porque el sumario todavía no ha concluido. No obstante, señaló que se la reintegró en otra repartición de la ANEP hasta que haya una resolución final. Su regreso al liceo dependerá de dicho dictamen, dado que si se concluye que violó la laicidad se la puede llegar a destituir.

Más allá de esto, adelantó que el informe preliminar de la instructora del caso en ningún momento entiende como una falta que se haya hablado del aborto en un centro educativo público. La abogada manifestó que a su entender esto tiene que ver con el principio de laicidad. “La laicidad no prohíbe hablar de algún tema, todo lo contrario permite hablar de todos los temas desde todos los enfoques posibles para que el estudiante forme su criterio”, explicó.

Señaló que el informe tampoco hace referencia al tema religioso. “En ningún lado surge que se haya dado una clase de catequesis sobre el tema, ni mucho menos”, expresó.

Llegar al TCA

Goday llamó la atención sobre “la premura con que se trató el tema el año pasado” y la lentitud de la administración en llegar a una conclusión final. “Si había una ilegalidad tan evidente como parecía que había por la velocidad con que se dieron las cosas, el sumario debería haberse resuelto mucho más rápido. Esto demuestra que las cosas no eran tan claras como parecían”, señaló. “Hoy, casi a 10 meses no hay nada que se le esté imputando a la directora”, apuntó.

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Adelantó además que la directora analiza por estos días llevar el caso al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para que este se pronuncie sobre la legalidad o no del sumario, dado que ella presentó un recurso contra la resolución de Secundaria, pero la ANEP todavía no se ha pronunciado al respecto.

“La ANEP tiene 200 días para pronunciarse a partir de la fecha en que se presentó el recurso. Si la ANEP no hace lugar al recurso o si no cumple con los plazos se constituye una denegatoria ficta, a partir de la cual tenés 180 días más para ir al TCA”, explicó la abogada, quien manifestó que los 200 días se vencieron en febrero.