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La Iglesia en los medios Detalles sobre Ley de Interrupción del Embarazo

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Todo listo

El Ministerio de Salud Pública presentó este miércoles el decreto que reglamenta la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El texto, de 40 artículos, detalla el procedimiento que deberán seguir los médicos y aclara las circunstancias en que profesionales e instituciones podrán negarse al tratamiento. Decreto

Presidencia y Salud Pública explicaron hoy los alcances de la “Ley de interrupción voluntaria del embarazo” (18.987). De la conferencia de prensa participaron el secretario de Presidencia de la República, Homero Guerrero, el ministro de Salud Pública, Jorge Venegas; el subsecretario, Leonel Briozzo e integrantes del grupo interdireccional que ha trabajado la temática, incluido el equipo de Salud Sexual y Reproductiva.

Briozzo explicó que con este informe “se culmina el proceso de reglamentación de una compleja ley, con pocos antecedentes a nivel internacional, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en determinadas circunstancias”.

“Tomamos esta ley y creemos que logramos una reglamentación equilibrada y ecuánime que busca garantizar el derecho a la procreación responsable y reconoce el valor social de la maternidad. Garantiza la seguridad de las pacientes, disminuyendo los efectos colaterales e indeseables. También es objetivo de esta reglamentación disminuir el número de abortos”, agregó.

Las bases de la reglamentación son las siguientes: la confidencialidad en la consulta (es decir, asegurar que las mujeres que viven este trance sean atendidas en manera confidencial), el consentimiento informado (asegurar y promover un consentimiento informado muy preciso y específico que tiene como objetivo que sea la mujer la que asuma conscientemente la decisión de interrumpir el embarazo), en tercer lugar, el respeto a la autonomía de su decisión y en el cuarto “la seguridad para la paciente y los equipos de salud, enfrentados a situaciones complejas”.

La reglamentación

Para esta instancia, el equipo preparó tres documentos: un reglamento global, un manual de procedimiento para al manejo de las instituciones y profesionales de la salud, y una guía técnica para la interrupción voluntaria del embarazo, basada en las mejores evidencias científicas disponibles.

La reglamentación explicita la ley y establece sus alcances en consonancia con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva.

La ley legaliza la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas, aunque se amplía a 14 en casos de violación. Si la paciente se presenta fuera de los plazos, se le aclara que rige la ley anterior.

Con respecto a la interrupción voluntaria por malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, la reglamentación crea una comisión en Salud Pública, integrada por catedráticos, a los efectos de que autorice las interrupciones del embarazo en ese tipo de malformaciones. En caos de violación, basta con la denuncia policial que se incorpora a la historia clínica, reportó Briozzo.

Objeción de ideario

La ley establece un concepto nuevo, reglamentándose cómo deben las instituciones plantear sus objeciones sobre participar en una interrupción. La institución se debe presentar ante la Junta Nacional de Salud (Junasa) fundando sus objeciones en base a sus estatutos así como a declaraciones previas a la entrada en vigencia a la ley.

Esto no alcanza a interrupciones por razones terapéuticas, como peligro de vida de la mujer, y establece un plazo de presentación de la objeción, que es de 15 días hábiles. Salud Pública verificará que la institución pueda dar cumplimiento a todo lo demás (como el asesoramiento), y en caso de que se acepte esa objeción se deben garantizar los servicios con convenios con otras instituciones.

Objeción de conciencia

Cuando un médico plantea que desde sus creencias o conciencia no puede o no debe hacer tal o cual acto, su pedido sólo comprende los actos de interrupción del embarazo y no asesoramiento, ni los actos posteriores al procedimiento. Pueden objetar los que intervienen directamente, médicos y técnicos. Se excluye al personal administrativo y operativo.

En caso de que el objetor diga que no atenderá a tal paciente debe derivarla a otro profesional de tal manera de asegurar el proceso asistencial.

¿Cómo es el procedimiento? Se presenta por escrito ante el director técnico de las instituciones a las que pertenece. Esa objeción puede ser revocada por el propio médico: puede retirar directamente su objeción o revocarla tácitamente, es decir, practicando algunos de los actos que objeta. La excepción es cuando el médico interviene situaciones de peligro de vida o salud de la mujer. Si lo hace no se entiende que por ello hay renuncia tácita.

La objeción abarca a todas las instituciones que trabaja. Por último, en todos los casos se deberá respetar la conciencia del personal dependiente. Las instituciones deben respetar la opinión diversa de su personal.

Obligaciones

Todas las instituciones deben cumplir con las obligaciones previstas en los procedimientos de la ley.

Entre estas obligaciones: “realizar medidas para garantizar acceso sin obstáculos, promover la conformación de equipos interdisciplinarios calificados, informar a usuarias la existencia de los servicios y los procedimientos”.

Con respecto al control y fiscalización, estarán sujetos al control de la Junta de Salud. La Junta hará relevamientos periódicos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones.

El corralito

Otro tema es el del cambio de prestador de salud para estos casos, que según Luis Gallo, de la Junasa, fue anunciado “equivocadamente” hoy por el diario El País bajo el título “Se abre el Corralito para practicar abortos”.

“Va a haber una población objetivo que son las mujeres embarazadas, beneficiarias del Sistema Nacional de Salud (usuarias que están dentro del Fonasa, ya sea en ASSE o en mutualistas privadas. Incorporamos a los hijos menores de edad o personas a su cargo si lo solicita la usuaria”, indicó Gallo.

¿Qué debe hacer la usuaria embarazada que quiera cambiar de prestador para la interrupción del embarazo? Debe actuar bajo la causa de pérdida de confianza en el prestador o cambio de domicilio. Concurrirá al Piso 1, Oficina 109 de Salud Pública, donde deberá llenar un formulario que tenga elementos que acrediten la solicitud, indicando el prestador a cual desea ir. La Junta dará vista al prestador que contestará en menos de 24 horas y automáticamente se notifica al BPS.

Aquellas usuarias que no pertenecen al FONASA sino que están por afiliación individual o están con atención del Hospital Policial u otros, el procedimiento es el mismo. Se llena un formulario y una vez que se otorga el cambio la Junta notifica para que se afilie a la institución. La institución no puede rechazar la solicitud y no debe cobrar nada extra.

Procedimiento técnico

La población objetivo de la ley es todas las mujeres uruguayas que solicitan la interrupción y las extranjeras que demuestren residencia de más de un año.

El personal de salud no puede influir con juicios de valor sobre la decisión consciente de la mujer, expresaron las autoridades. La primera consulta se hace con médico y se inicia el proceso de opción. El médico debe identificar la edad gestacional del embarazo, y las condiciones para iniciar el proceso. El médico derivará oportunamente al día siguiente o en el mismo día para entrevistarse con el equipo interdisciplinario, que debe hacer una “escucha calificada”.

Luego llega la entrevista con tres profesionales del área ginecológica, la salud mental y el área social, regresando cinco días después.

El ginecólogo es la última etapa, donde ratificará la decisión o hará una rectificación. Se apoyará en ambos casos a la mujer, firmando el consentimiento informado en caso de interrupción.

La guía técnica elaborada recomienda para la interrupción del embarazo la vía farmacológica, con uso de misoprostol y mifepristona, “combinación adecuada según la evidencia”. Se le asesorará sobre cuáles son los signos de alerta y alarma durante o después del procedimiento. Si de la situación personal de cada una de las mujeres es necesaria la internación, se recomienda “que no sea durante todo el proceso, porque no debe excluirse a la mujer del ámbito de la familia”.

“Incluimos una cuarta consulta, fundamental, que es al asesoramiento para verificar que haya habido la menor repercusión para la mujer, aconsejando sobre métodos anti conceptivos”, agregaron los profesionales.

Con respecto a menores de edad embarazadas, se promueve la participación de un adulto responsable para la toma de la decisión. A los diez días de la firma del decreto entrará en vigencia la reglamentación.