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La Iglesia en los medios Corte informará a jueces sobre críticas a los hogares Beraca

 

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La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió que comunicará a los jueces que trabajan en las sedes de Familia y de Penal Adolescente la resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) que recomienda que se interrumpa el envío de detenidos a los hogares Beraca debido a la falta de garantías que ofrecen esos centros.

No obstante, informó a Búsqueda el ministro de la Corte Ricardo Pérez Manrique, esa decisión no implica ordenar a los jueces que actúen de acuerdo con la recomendación de la institución, ya que los magistrados tienen independencia técnica.

“Vamos a poner la resolución en conocimiento de los jueces, sin perjuicio de que cada juez decidirá qué hacer conforme a su leal saber y entender”, explicó el ministro, que fue el encargado de estudiar el tema y recomendar la línea de acción a los demás miembros de la Corte.

Los hogares Beraca reciben a personas en situación de calle, pobreza, adicciones y marginalidad. También son derivadas a esas dependencias personas privadas de libertad. La organización está liderada por el apóstol de la iglesia “Misión Vida para las Naciones”, Jorge Márquez. En junio del año pasado, el programa “Santo y Seña” de Canal 4 denunció que en algunos de esos hogares hay malas condiciones de vida, explotación y violencia física. En el Parlamento, la diputada Bertha Sanseverino (Frente Amplio) y Fernando Amado (Partido Colorado) pidieron que se investigue el tema.

El 24 de febrero, la Inddhh emitió una resolución en la que recomendó a la SCJ y al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) que cesen de manera inmediata las derivaciones de personas a los hogares cuestionados. La derivación de personas menores o mayores de edad, institucionalizadas por decisión estatal, a esos centros “sin previo convenio que establezca claramente las obligaciones de esa organización privada y los mecanismos de supervisión y control permanentes por parte de las instituciones públicas involucradas, constituye una flagrante violación del deber de garantía de los derechos humanos de estas personas por parte del Estado uruguayo”, dijo la institución.

La institución recomendó iniciar investigaciones administrativas a quienes dispusieron las derivaciones de personas detenidas a esos centros y eventualmente adoptar sanciones disciplinarias.

Pérez Manrique dijo que esa recomendación “parece algo excesiva”, dado que la “potestad disciplinaria” respecto de los magistrados “es de competencia exclusiva de la Suprema Corte”. En ese sentido, la corporación comunicará a la institución que es la única que tiene competencia para sancionar a los magistrados, informó el ministro.