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La Iglesia en los medios Conferencia Episcopal aseguró que “no se ha pronunciado” sobre prerreférendum contra ley trans

EL OBSERVADOR |

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La Conferencia Episcopal del Uruguay aseguró que la organización que reúne a los obispos de la Iglesia Católica “no se ha pronunciado” sobre el prerreférendum contra la ley trans que se celebrará el próximo 4 de agosto. Así lo expresó la organización en un comunicado, que insiste en que la Conferencia Episcopal no tomó postura sobre el asunto.

“Los obispos como Conferencia Episcopal del Uruguay no se han pronunciado sobre el prerreferéndum del 4 de agosto sobre la Ley Integral para Personas Trans”, sostuvo la organización en el comunicado emitido este martes.

Ese día se celebrará un prerreférendum no obligatorio que definirá si en los próximos meses se realiza una consulta nacional con el objetivo de derogar la ley trans, aprobada en octubre de 2018 por el Parlamento.

La ley permite la posibilidad de hormonizar a un menor de edad, incluso y en última instancia sin el consentimiento de los padres. Lo que no admite la norma es que los menores puedan realizarse intervenciones quirúrgicas irreversibles. Los menores tienen que tener el permiso de un representante legal, que no necesariamente tiene por qué ser uno de sus padres. Las personas mayores de edad, en cambio, podrán acceder a todo “aquello que se vincule a la adecuación del cuerpo a la expresión de género”, según informa el Mides en su página web.

Carlos Iafigliola, ex precandidato del Partido Nacional, promueve la derogación de la ley trans, junto al diputado y pastor evangelista Álvaro Dastugue. Iafigliola recogió las firmas necesarias para que la Corte Electoral habilite un prerreférendum sobre este tema, que deberá ahora alcanzar 25% de los habilitados a votar, unas 650 mil personas, para que se celebre un referéndum después de las elecciones nacionales o del balotaje, en caso de que este último se celebre en noviembre.

Camilo dos Santos
Una vez que consiguió las 70 mil firmas, Iafigliola pidió al Poder Ejecutivo hacer uso de una cadena nacional de radio y televisión para explicar a la ciudadanía por qué está en contra de la ley trans, que reconoce las diferencias entre identidad de género y expresión de género, y establece determinados derechos para las personas transgénero, como la obligatoriedad de llenar un 1% de las vacantes en el Estado con ellos, el otorgamiento de pensiones reparatorias (de alrededor de $11.500) para aquellos violentados durante la última dictadura.

La cadena fue fijada para el 29 de julio, mientras que un día después será el turno de los defensores de la ley, que también harán uso de este recurso, amparados en el artículo 94 de la ley 19.307 que reguló a los servicios de comunicación audiovisual. Dicho artículo establece que las cadenas nacionales estarán admitidas siempre que traten sobre “temas de interés público o cuestiones urgentes que puedan afectar gravemente a la población”.