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La Iglesia en los medios Briozzo “orgulloso” por resultados de ley de aborto

ESPECTADOR.COM |

El Ministerio de Salud Pública defendió la estrategia implementada hasta el momento en salud sexual y reproductiva, especialmente la aplicación de la ley de “Interrupción Voluntaria del Embarazo”.

El subsecretario de la cartera, Leonel Briozzo, insistió en que se siente “orgulloso” por la cifra de 2.550 abortos legales que se registraron entre diciembre de 2012 y mayo de 2013, unos 426 por mes.

Las cifras fueron divulgadas por el propio Briozzo este martes, quien presentó un informe que hace un balance de los primeros seis meses de aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Briozzo agregó que en ese período no se registraron muertes maternas ni se denunciaron complicaciones derivadas de las prácticas abortivas.

Además, teniendo en cuenta que hay unas 704 mil mujeres de entre 15 y 44 años, y que en el mes en que hubo mayor cobertura de reportes de abortos legales se notificaron 589 casos, se redondearía en unos 7.200 por año y esto arrojaría una tasa de 10 abortos cada mil mujeres.

Según el relevamiento, el 40% de las interrupciones voluntarias de embarazos se produjeron en el sector público, mientras el 60% fue en el sector privado. Discriminados geográficamente, los abortos fueron más en Montevideo, un 63%, y en el interior el 37%.

El informe arroja que el 82% de las mujeres que concurrieron a realizarse abortos tenían 20 o más años y que el porcentaje de menores de 19 años que decidió terminar su embarazo fue de 18%.

Los datos presentados incluyeron la cantidad de mujeres que, después de ser recibidas por el tribunal de profesionales que consideró su caso, decidieron continuar con el embarazo. En ese sentido, se consigna que entre el 6% y el 10% de las mujeres desistieron del aborto.

En diálogo con En Perspectiva, el subsecretario Leonel Briozzo explicó que los registros del número de abortos se ubican en los guarismos más bajos a nivel mundial:

“De mil mujeres de entre 15 y 45 años, practicarían abortos en el Uruguay solamente 10. La comparación que se hace a nivel internacional es la tasa de abortos: el número de mujeres que abortan dividido entre las mujeres de entre 15 y 45 años. Somos el país más bajo reportando datos a ese nivel porque la subregión más baja es Europa Occidental, que tiene una tasa de 17”.

De todas formas, el subsecretario recordó que las consideraciones son “provisorias” porque los números corresponden a seis meses, pero además es muy probable que esta cifra aumente, al igual que ha pasado en otros países donde se despenalizó el aborto.

Briozzo insistió en que él se siente orgulloso por los resultados obtenidos hasta el momento:

“El aborto era la primera causa de muerte materna en Uruguay. Se llevaba el 30% de las muertes maternas; en el Pereira Rossell, donde estoy ahora como todos los días de mi vida, se moría una de cada dos mujeres por aborto. Y pregunto ¿no es un orgullo para un país haber eliminado una causa tan infame de muerte materia como el aborto inseguro? para mí sí es un orgullo, lo digo enfática y hasta emocionadamente, porque no ver eso es tapar el sol con un dedo. Es un orgullo para el desarrollo de las políticas públicas del país, no solo para este gobierno frenteamplista, sino todo lo que han hecho un conjunto de organizaciones sociales, profesionales y de mujeres en todo este tiempo, haber logrado esta situación de privilegio no solo a nivel de América Latina y el Caribe, sino a nivel mundial”.

El subsecretario del MSP también resaltó que la natalidad aumentó en este último año:

“La tasa de natalidad en nuestro país ha aumentado, es una buena noticia también y que echa por tierra una de las cosas que se planteaban, de que si se despenalizaba el aborto iba a ser como un control de la natalidad. No, no es así, aumentó la tasa de nacimientos en Uruguay, luego de un descenso paulatino andamos en unos 48 mil o 47.500, por año. Por tanto en medio año tendríamos que ir a la mitad, unos 23 mil o 24 mil, no se puede plantear porque no tenemos los datos on line de los nacimientos, podemos tenerlo con un retraso de unos tres o cuatro meses”.

Sobre lo que se puede esperar para los próximos meses, Briozzo explicó que, de acuerdo a las experiencias internacionales (Francia e Italia, por ejemplo) en algunos años se incrementa el número de registros, luego se estabiliza y finalmente desciende unos 2/3 en relación a los números del comienzo.

Desde el MSP se insiste en que si se quiere estar en contra del aborto la mejor política es educación, anticoncepción y servicios seguros de aborto para que las mujeres puedan recurrir a esta prestación como última instancia.

Sobre el hecho de que en el sector privado se realizaron más abortos que en el público, Briozzo afirmó que “eso no les llama la atención”:

“Es la distribución que hay más o menos de la población dentro de las instituciones de asistencia del Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros sabemos desde tiempos inmemoriales que la interrupción del embarazo no respeta clases sociales, religiones, razas o edades. El embarazo puede ser la mejor o la peor noticia a la que una mujer y una familia se pueden enfrentar y frente a eso la posibilidad de que la mujer tenga el derecho a decidir qué hacer en función de esa situación y asegurando su salud creemos que es un avance innegable en los derechos humanos para nuestro país”.

En el debate previo sobre la despenalización del aborto se manejaban cifras de 30 mil abortos por año. Interrogado sobre la posibilidad de que realmente haya caído tanto el número, Briozzo respondió que esa cifra es del único estudio que se dispone sobre estimación de abortos, perteneciente a la década del 90, antes de que se implementara el modelo de “Iniciativas Sanitarias”:

“Antes del advenimiento del aborto con medicamentos había clínicas clandestinas y este estudio -que lo dirigió Rafael Sansiviero y un equipo muy importante de antropólogos y cientistas sociales- lo que plantearon fueron encuestas en esas clínicas y llegaron a esta conclusión. Pero estoy hablando de hace más de diez años, en estos diez años hubo una política inédita en Uruguay que se llamó Iniciativa Sanitaria contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo, que fue un modelo que se originó en Uruguay, en el cual lo que hicimos fue abrir el sistema asistencial a las mujeres que planteaban la posibilidad de interrumpir un embarazo y no cerrarlo, y atenderlas de manera humana y confidencial. Con esa política, más el mejoramiento notorio de la anticoncepción y con políticas educativas, junto con la movilización social que ha tenido el tema creo que han sido las condiciones para que el número de abortos haya bajado de manera sustantiva”.

Por otra parte, las autoridades presentaron el formulario a través del cual los médicos deberán hacer la objeción de conciencia a procedimientos de interrupción del embarazo.

Briozzo explicó que “en ningún momento se planteó que hubiera necesidad de fundamentación, pero sí de un procedimiento por escrito que aclarara qué es la objeción de conciencia y que el profesional la suscriba si así lo desea”.

El jerarca señaló que el documento surgió en acuerdo con el Colegio Médico y la Universidad de la República, y que garantiza que la objeción será un “acto individual y no colectivo o institucional”.

Vale la pena recordar que un 30% de los médicos presentó objeción de conciencia.

Briozzo dijo que, aún en los departamentos donde todos los médicos se opusieron, no se vio perjudicada la continuidad asistencial:

“Hubo una gran confusión, quizás todavía la hay, sobre qué es objeción de conciencia, que es negarse a cumplir una ley, como en este caso, nada más ni nada menos, un privilegio muy importante que tienen en este caso los profesionales de la salud, negarse a cumplir una ley. Pero debe ser por motivos religiosos, filosóficos o morales muy profundos, uno no se puede negar a cumplir la ley porque no está de acuerdo en cómo está reglamentada, o con el texto, o con la cara de la persona que informó cómo tiene que ser implementada”.

En tanto, un grupo de médicos presentará este miércoles ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo un recurso de nulidad al decreto que reglamentó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Los profesionales consideran que el decreto “contradice” a la propia ley y “pretende atropellar la libertad de conciencia del personal de salud, impidiéndole actuar de acuerdo a sus convicciones científicas, éticas y filosóficas, al restringir su derecho a la objeción de conciencia, que la propia ley (18.987) y la Constitución reconocen”.

En diciembre de 2012, los médicos presentaron un recurso administrativo ante el Poder Ejecutivo. Pero como vencido el plazo legal el Gobierno no respondió, eso habilita a los profesionales a presentar la acción de nulidad ante el TCA.