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Tiempo de la Creación

La Iglesia en los medios Atacando la educación privada [Columna de Luis Eduardo González]

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Por Luis E. González

Luis E. González
Hasta ahora, las empresas podían donar dinero a instituciones educativas, públicas o privadas, y la mayor parte de esa donación se descontaba de sus impuestos. La mayor parte, pero no toda: la empresa termina pagando un poco más (cerca de un quinto más) que si no donara y se limitase a pagar sus impuestos. Dicho de otra manera: en este marco la empresa puede elegir parte del destino de sus impuestos, pero tiene que pagar por eso.

Hace casi dos semanas, desde la bancada de diputados del Frente Amplio se propuso prohibir las donaciones con exoneraciones fiscales a universidades privadas. Esta propuesta abrió un amplio debate. Las universidades privadas y la oposición en general criticaron la propuesta, y no todo el oficialismo la comparte. Del debate, lo único que queda aproximadamente claro es que las razones de la propuesta (como dijeron algunos de sus defensores) son “políticas e ideológicas”.

Desde el punto de vista financiero las consecuencias de la iniciativa son básicamente irrelevantes para el fisco, porque abarcan muy poco dinero (aunque no para sus víctimas: becas de estudio, proyectos de investigación). El rector de la ORT recordó que estas exoneraciones existen en todo el mundo, y en Uruguay “no existen motivos económicos ni mucho menos académicos que justifiquen esta prohibición discriminatoria” (en “El País”, 31 de julio). En todo caso, nadie ha argumentado que la propuesta responda a esta clase de causas, ni las ha identificado.

Tampoco es claro por qué razón fue presentada precisamente ahora. El nuevo presidente del Frente Amplio dijo a “El Observador” (martes 9 de agosto): “Voy a decir esto y voy a cometer un error porque me van a llevar para ese tema y no quiero discutir, pero me da igual. El tema del subsidio a las universidades privadas, ¿por qué se larga ahora? ¿Está en juego realmente un tema presupuestal de fondo? Yo francamente creo que no. No tengo duda de que haber puesto este tema hoy en la Rendición de Cuentas es extemporáneo, es inoportuno en términos temporales”.

Apenas comenzado el debate quedó claro que las razones de la propuesta son efectivamente “políticas e ideológicas”, porque se empezaron a oír argumentos a favor de prohibir las donaciones con exoneraciones fiscales a todas las instituciones educativas privadas. Por ejemplo, desde los sindicatos de la educación (“Hay que discutir un recorte para colegios”, reportaje del secretario general de Fenapes). Un senador del MPP, Ernesto Agazzi, dijo que se debe retirar el beneficio “no solo a las universidades privadas, sino también a los colegios, las escuelas y toda institución privada”. Según Agazzi, “está la universidad pública abierta para todos, no pregunta de qué religión es el estudiante o qué perfil tiene”, y si una institución privada tiene una determinada visión, “el Estado no tiene por qué subvencionarla”.

Puesto que la oposición y parte del liderazgo del Frente Amplio se oponen a esta propuesta, es razonable concluir que la mayoría de las elites políticas nacionales se oponen. Entonces, ¿para qué forzar ahora un debate como este, sabiendo que genera problemas internos (en el Frente Amplio), con la oposición, y que, vista su importancia “política e ideológica”, el próximo gobierno bien puede estar en contra? Hablando de las acciones ejecutivas de los presidentes de EEUU, un analista recordó que son buena cosa si se está de acuerdo con su sustancia, “pero un nuevo presidente puede cambiar eso de un día para otro. Cuando Obama asumió, inmediatamente restauró fondos para clínicas… que proporcionaban abortos. Los fondos habían sido cancelados por George W. Bush, luego de haber sido restaurados por Bill Clinton, que estaba derogando una acción previa de Ronald Reagan” (James Surowiecki, “The perils of executive action”, en “The New Yorker”, 8 de agosto de 2016). Mal de muchos, consuelo de zonzos. Deberíamos recordar que las políticas percibidas como realmente importantes por grandes mayorías, solo pueden decidirse establemente sumando mayorías, si es necesario lentamente.

Todo esto, a mi juicio, está directamente vinculado a la causa principal del debate. Los reflejos de una parte importante de las elites del Frente Amplio son verticalistas: las decisiones y ejecuciones de políticas públicas son o deben ser del Estado, esto es, de mi gobierno. El rechazo básico es al pluralismo, o a la idea de que las oposiciones puedan aportar algo útil al país (aquí no hay neutrales: los que no están conmigo, están contra mí).

En el caso de la educación, y de la educación universitaria en particular, lo que está en juego es el futuro. Por eso, fomentar el pluralismo y la diversidad en ellas es algo así como un seguro: mejora la probabilidad de que las ideas y los temas importantes no pasen desapercibidos.