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La Iglesia en los medios Amnistía denuncia las trabas de la ley del aborto en Uruguay

ESPECTADOR.COM |

Amnistía Internacional (AI) denunció este lunes las trabas del marco legal que regula el aborto voluntario en Uruguay y entre ellas destacó el uso de la objeción de conciencia por parte de los médicos y los perjuicios que, según un informe presentado este lunes, genera a las mujeres en esa situación.

La ley se aprobó en 2012 y el decreto que la reglamentó permite la objeción de conciencia de los galenos y del personal sanitario, pero limita su aplicación a la no prescripción del fármaco abortivo o a no realizar la interrupción del embarazo, aunque los obliga a participar en todos los procedimientos previos y posteriores.

Un dictamen del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anuló algunos artículos de ese decreto vinculados a la objeción de conciencia de los médicos, que ahora pueden negarse a participar en los procedimientos previos y posteriores.

“Este fallo afecta a la plena implementación de esta política publica”, aseguró a Efe la directora ejecutiva de AI en Uruguay, Mariana Labastie.

En el informe de la organización se menciona el caso del departamento de Salto donde “todos los profesionales son objetores”.

“La solución que encontró el Ministerio fue enviar dos veces por semana a una ginecóloga que atiende en el servicio público y privado. Entonces, las mujeres tienen que saber cuándo va la médico, cuándo están los profesionales… se está afectando a su derecho para cumplir con su voluntad”, destacó.

Además, agregó que en algunas ocasiones esta demora en los trámites puede provocar que aquellas que quieran interrumpir voluntariamente el embarazo se salgan de los plazos estipulados en el decreto que instrumenta la ley: 12 semanas como máximo en los casos generales, 14 cuando es fruto de una violación y sin acotación cuando existen riesgos para la vida de la mujer.

Según explicó Labastie, en el informe se pone sobre la mesa el hecho de que esa situación puede incitar a las mujeres a tener que recurrir a “circuitos ilegales”para abortar o las empuja a seguir adelante con el embarazo debido a que no se encuentra en los márgenes estipulados en el marco regulador.

Por otro lado, señaló los trastornos que acarrean este tipo de episodios debido a quetambién hay mujeres que se ven obligadas a abandonar sus localidades para ir hasta Montevideo para poder recibir la atención “a la que tienen derecho y de forma gratuita”.

Según datos divulgados en agosto del año pasado por la ONG Mujer y Salud en Uruguay (Mysu) -que participó en la elaboración del informe de AI- en las localidades de Young o Mercedes el 100% de los ginecólogos son objetores de conciencia, así como el 87 % en Paysandú (oeste), el 82 % en Soriano (suroeste) y el 43 % en Río Negro (oeste).

“Es necesario tener un debate sobre la objeción de conciencia y su uso. En otros ámbitos es una herramienta de lucha útil pero en este caso, cuando un médico decide que no puede (practicar un aborto) por su conciencia, es el Estado el que tiene que garantizar que la mujer va a poder cumplir con su voluntad, por más trabas que haya”, remarcó Labastie.

En comparación con el resto de la región, la directora ejecutiva de AI en Uruguay destacó que Uruguay es uno de los cuatro -junto a Puerto Rico, Cuba y Guyana- que tiene una legislación en la que se recoge que las mujeres pueden, de forma voluntaria, interrumpir el embarazo.

“Existen situaciones mucho peores en países como El Salvador o Chile, donde hay mujeres privadas de libertad por haber abortado”, apuntó.

Asimismo, Labastie comentó que con la entrada en vigor de la ley del aborto en Uruguay prácticamente se han erradicado los fallecimientos por esta causa, aunque recordó la muerte reciente de una joven en la localidad de Maldonado (sureste) que pereció tras, supuestamente, tener un aborto clandestino.

A pesar de que estaba penado por ley hasta 2012, entre 1995 y 2002 se estimaba que tenían lugar, en promedio, unos 33.000 abortos ilegales cada año en Uruguay, según cifras del Ministerio de Salud.