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La Iglesia en los medios Aborto: proyecto “no vulnera leyes de protección a la vida”

LA REPÚBLICA |

La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) consideró que el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo “no vulnera las normas de generación nacional e internacional de protección a la vida”. El Estado uruguayo puede aplicarlo sin contravenir normas internacionales.

Los integrantes de la Inddhh comparecieron ante la Comisión Especial con la finalidad de tratar los proyectos vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo, que recientemente aprobó un proyecto para su presentación ante la Cámara de Representantes, y afirmaron que el mismo no contraviene los preceptos de la Constitución de la República ni del derecho internacional.

El escrito presentado por la Inddhh destaca que el tema de la interrupción voluntaria del embarazo “involucra un abanico de derechos humanos”, como el derecho a la vida, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la privacidad, el derecho a la salud, el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación de la mujer, y “que se trata de un debate que no puede darse por cerrado”.

Sin embargo, la interrupción voluntaria del embarazo no contraviene las normas consagradas en la Carta Magna ni las generadas por el derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, el artículo 7 de la Constitución –que consagra el derecho a la vida–, “no especifica el momento en que se considera existente la vida humana, así como tampoco determina si el goce de dicho derecho puede ser objeto de limitación o restricción”, dice el escrito al cual accedió LA REPÚBLICA.

En la misma línea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU “tampoco establece el momento en que puede considerarse que es exigible el derecho a la vida, ni su alcance”, así como tampoco existe una definición expresa en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni en la Convención sobre los Derechos del Niño.

La única referencia expresa, y con carácter vinculante proviene del sistema interamericano, particularmente el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por la Ley Nº 15.737. La norma afirma que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

Empero, “la expresión ‘en general’ contempla un punto de consenso entre los estados partes de dicha Convención en el sentido de no habilitar la interrupción del embarazo en forma ilimitada, así como tampoco prohibir o penalizar la misma en todos los casos”, pero “el derecho a la vida, como otros derechos humanos, puede ser regulado, en cuanto a su ejercicio, en aras del interés general o del bien común en una sociedad democrática”, dice la Inddhh.

Por tanto, “la despenalización de la interrupción del embarazo dentro de los parámetros generales a estudio (…) no vulnera las normas de generación nacional e internacional de protección del derecho a la vida”. “La Constitución de la República, así como las normas vigentes de derecho internacional de los derechos humanos, no establecen un derecho incondicional a la vida desde el momento de la concepción. Bajo esa premisa, el Estado puede aprobar una legislación que permita hipótesis de interrupción voluntaria del embarazo”, concluye la Inddhh.

Sin embargo, “si nuestro país aprueba una legislación que prevea hipótesis lícitas de interrupción voluntaria del embarazo, el Estado tiene la obligación positiva de garantizar el acceso de las mujeres en condiciones adecuadas y seguras, a servicio que efectúen esa interrupción”.