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La Iglesia en los medios Aborto: médicos afirman que afecta sus principios

EL PAÍS |

Recurso ante el TCA contra decreto reglamentario

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) deberá decidir sobre la legalidad del decreto reglamentario de la ley que despenalizó el aborto, tras un recurso de nulidad presentado por un grupo de médicos que alegan que sus derechos se ven afectados por la norma.

La acción ante el TCA fue presentada el miércoles por un grupo de 20 médicos que en diciembre de 2012 ya habían formulado un recurso administrativo contra el decreto reglamentario ante el Poder Ejecutivo, pero como vencido el plazo no contestó, eso habilitó a los galenos a reclamar la nulidad del decreto por la vía judicial.

El TCA es un órgano equiparado a la Suprema Corte de Justicia y que se ocupa de confirmar o revocar los actos administrativos dictados por los organismos estatales.

Los médicos, representados por los abogados Gianni Gutiérrez y Agustín Amonte, sostienen que el decreto reglamentario de la ley que despenalizó el aborto antes de las 12 semanas de gestación viola su derecho a plantear la objeción de conciencia, previsto en la ley y en la Constitución.

En un comunicado de prensa, los médicos indicaron que presentaron el recurso porque no aceptan que un decreto lesione “la práctica médica y los principios que la rigen”.

Argumentos.

En el recurso presentado ante el TCA, los médicos plantean la “restricción ilícita” del derecho a la objeción de conciencia para realizar abortos. La ley aprobada en 2012, basándose en el artículo 54 de la Constitución, establece esa posibilidad para todo el personal de la salud (clínico, paraclínico y administrativo).

Según la ley, la objeción de conciencia no está restringida al procedimiento directo de la realización del aborto, sino que comprende todas las acciones (directas o indirectas) necesarias para su concreción.

Sin embargo, según lo que alegan los médicos reclamantes, el decreto reglamentario limita la objeción de conciencia solamente al “personal médico y técnico que deba intervenir directamente en una interrupción de embarazo”.

“Se pretende limitar la objeción de conciencia al aborto en sí mismo y dejar fuera todos los actos preparatorios. Eso no es lo que surge de la ley”, señalaron los médicos en un comunicado de prensa.

Por otro lado, los médicos reclamantes cuestionan que el decreto reglamentario les quita libertad al momento del asesoramiento a las mujeres que consultan con intenciones de abortar su embarazo.

Según el recurso, el decreto reglamentario “pretende sesgar la información a darle a la mujer”, intentando que reciba únicamente las explicaciones con encare de “disminución de riesgo y daño” pero sin plantearle las alternativas al aborto ni tampoco indicarle los programas de ayuda a las madres.

Asimismo, en el recurso los médicos sostienen que se alteró el funcionamiento del equipo interdisciplinario creado en cada centro de salud para atender y recibir los casos de mujeres que quieran abortar.

En el recurso, los galenos afirman que el decreto reglamentario “impide que el equipo interdisciplinario revise los motivos que la mujer ha explicitado en la primera consulta con el médico tratante al solicitar la interrupción de su embarazo”, lo que es contradictorio con la función que le asignó la ley al equipo técnico.

Cien médicos recurren reglamento de ley porque “genera ilegalidades”

Son más de cien los médicos que presentaron la acción de nulidad del decreto reglamentario de la ley que despenaliza el aborto, pero es aproximadamente el 30% del cuerpo médico ginecológico del país el que se opone a participar de los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo.

El abogado Gianni Gutiérrez dijo que “la ley garantiza a los médicos a presentar ampliamente la objeción de conciencia pero el decreto reglamentario la restringe. Por ser tan graves las ilegalidades que genera este decreto presentamos una acción de nulidad que tenga efectos generales, no solo para quienes presentaron el recurso sino para todo el cuerpo médico”. El abogado afirmó que hay médicos que hacen objeción de conciencia para todos los pasos que prevé el proceso de interrupción del aborto y no solamente para el acto quirúrgico en sí mismo.

El aborto hasta las 12 semanas de gestación dejó de ser delito en Uruguay en diciembre de 2012. Desde entonces, un total de 2.550 mujeres interrumpieron sus embarazos, según las cifras oficiales que dio a conocer el martes el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo.

Ese total representa que entre diciembre y mayo un promedio de 456 mujeres por mes se practicaron un aborto. El 60% de los casos se realizaron en mutualistas.