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La Iglesia en los medios Violencia en la interna de las familias sirias pone en aprietos al gobierno de Mujica

EL OBSERVADOR |

Se detectaron casos de hombres que golpearon a sus esposas

Uno de los hermanos maristas que a principios de octubre recibió a las primeras familias sirias que llegaron Uruguay, fue testigo de un feo episodio que luego se repetiría en varias ocasiones y que provocó preocupación en el gobierno de José Mujica.

Aquel día de octubre, al religioso le tocó ver cómo uno de los adultos sirios empezaba a pegarle a su mujer con la tranquilidad de quien lo hace regularmente.
El uruguayo intercedió para terminar con la golpiza y le informó al sirio que se encontraba en un país en el que la violencia doméstica es delito. El reprendido se enojó más y pidió irse de Uruguay, más concretamente para alguna nación europea.

Entonces, los integrantes de la congregación le hicieron notar que en Europa las leyes de protección a las mujeres son aún más estrictas. Y los golpes de los sirios hacia las sirias siguieron ocurriendo.

Fuentes oficiales dijeron a El Observador que entre las familias sirias se constataron casos de violencia doméstica difíciles de manejar dada la particular situación en que se encuentran esos ciudadanos: invitados en nombre de un gobierno que se comprometió a hacerle las cosas fáciles para que se adaptaran y vivieran lo más cómodamente posible sin violentar sus costumbres.

Las leyes que existen en Siria, comparadas con las normas occidentales, tienen escasos componentes de defensa de la mujer frente a la violencia de sus parejas.
Si bien la información de los golpes recibidos por mujeres sirias en Uruguay llegó a la Institución Nacional de Derechos Humanos que preside la exfiscal Mirtha Guianze, fuentes del organismo dijeron que de la situación de los sirios está en manos de la Secretaría de Presidencia. Es así que Homero Guerrero no solo fue informado de esos actos de violencia sino que además recibió el planteo en torno a una mujer que sufrió alteraciones psiquiátricas.

Por su lado, la exdiputada blanca Beatriz Argimón dijo a El Observador que hace varios días le llegaron informaciones sobre esos episodios de violencia y que planteará el asunto en el Directorio del Partido Nacional para que se adopten las decisiones del caso. “Si estas situaciones de violencia se confirman, habrá que recorrer los caminos parlamentarios y judiciales que correspondan. Este no es un tema cultural, es un problema de violación de derechos humanos. ¿A las mujeres uruguayas no se les puede pegar y a las sirias sí? Si es así, es grave”, dijo la dirigente del grupo que lidera Luis Lacalle Pou.

“Algunas costumbres”
Convocados por el presidente Mujica, desde principios de octubre empezaron a llegar a Uruguay cinco familias sirias integradas por 45 personas. En el gobierno sabían que era necesaria una adaptación de los extranjeros a la cultura local. Lo que no previeron fue que esas diferencias culturales podían ir acompañadas por hechos de violencia que implican delitos y chocan con la línea política seguida por el oficialismo acerca de los derechos humanos de las mujeres.

El jueves 29 de enero, el semanario Búsqueda informó que tras la experiencia recogida con el primer contingente sirio, el gobierno resolvió “ir más despacio” con el objetivo de que los próximos refugiados -unas 80 personas- lleguen a Uruguay en forma escalonada y en grupos pequeños.

“En vista de algunas dificultades de adaptación que se experimentaron con el primer grupo, el Ejecutivo considera que se deben insistir en explicarles a los candidatos cuáles son las posibilidades reales que tendrán en Uruguay”, informó el semanario.

Según dijeron a El Observador fuentes del gobierno, esta postergación se debe, precisamente, al temor del oficialismo a que los nuevos refugiados repitan las prácticas violentas de sus antecesores.

En tanto, el 14 de enero el diario El País informó que una de las mujeres sirias se había intentado suicidar y fue internada en el hospital Vilardebó.

Pocos días después, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer un comunicado en el que alertó que esa cartera ha tratado de evitar “la exposición mediática de información relativa a la vida privada de personas en alta situación de vulnerabilidad, muy especialmente de aquellas que puedan estar teniendo problemas de salud como consecuencia de experiencias traumáticas vividas durante la guerra y la persecución en el país del que debieron huir por razones humanitarias”.

“El hecho de que se transforme en información pública las condiciones específicas de salud de un ser humano viola la intimidad de las personas, el derecho a la privacidad y no contribuye a generar -cuando se trata de refugiados- el entorno social amigable que la sociedad toda se compromete a asegurar cuando ofrece refugio”, señala el escrito.
Por aquel entonces, integrantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se interesaron por el caso y consultaron al gobierno acerca de la situación de los refugiados.
Ayer en Radio Sarandí, el canciller Luis Almagro declaró que la llegada de las familias sirias “ha sido un proceso ordenado y organizado con una excelente disposición de los refugiados para permanecer en el Uruguay y con un período de adaptación que definitivamente tiene a todos muy conformes”.

El presidente Mujica había dejado entrever en diciembre que la llegada del segundo contingente de sirios no era segura debido a algunas diferencias culturales que tienen que ver con el trato familiar.
“No creo que vengan muchos, tenemos muchas barreras culturales. Si vinieran mujeres y niños sería encantador. Pero los hombres tienen algunas costumbres que nuestra tradición y nuestro sistema de derecho no… Hacen demasiadas cosas, como hacían nuestros bisabuelos, ¿me entendió?”, dijo.
Según datos del Ministerio del Interior, en el Uruguay del 2014 murió una mujer cada 15 días víctima de violencia doméstica.