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La Iglesia en los medios Vázquez lanzó segunda etapa de la “Comisión para la Paz” que inició Batlle

SUBRAYADO |

Llevará por nombre “Verdad y Justicia” e investigará y procesará declaraciones de organismos implicados en el terrorismo de Estado en dictadura

Este viernes, Tabaré Vázquez lanzó una de las propuestas con las que quiere marcar su impronta para los cinco años: una comisión por “Verdad y Justicia” conformada por líderes religiosos junto a Felipe Michelini y Macarena Gelman, ambos hijos de notorias víctimas del terrorismo de Estado.

“En algún lugar está” la información sobre detenidos desaparecidos, dijo el presidente electo, en el momento de presentar a los miembros de la institución que reportará directamente al Poder Ejecutivo.

El futuro prosecretario de la Presidencia, Andrés Roballo, dijo que la comisión trabajará con organismos implicados y se digitalizará toda la información.

Agregó que habrá un “seguimiento de las sentencias contra el Estado y del cumplimiento de las leyes reparatorias para las víctimas”.

“Falta información y necesitamos avanzar más de lo que hemos avanzado hasta ahora”, aseguró Vázquez, en la conferencia de prensa desarrollada en el Four Points. “No hay que bajar los brazos”.

La comisión estará integrada por el propio Vázquez, el vicepresidente electo Raúl Sendic, los legisladores Macarena Gelman y Felipe Michelini,

Susana Andrade fe convocada como representante de la colectividad umbanda. Ademar Olivera se integrará por la Iglesia Metodista y Emilia Carlevaro será representante de la organización familiares.

Habrá además dos integrantes más representantes de la iglesia Católica y la Comunicada Judía.

El mandatario electo dijo que se buscará que haya “ejecutividad” en el trabajo de investigación.

Vázquez retoma así la “Comisión para la Paz” que se inauguró durante el gobierno de Jorge Batlle, en la que había líderes religiosos e importantes dirigentes, entre ellos el frenteamplista Gonzalo Fernández, un hombre que fue mano derecha de Tabaré Vázquez.

La investigación continuó durante la primera administración frenteamplista pero fue abandonada por el gobierno Mujica, un hecho que generó tensiones entre instituciones de derechos humanos y el actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro.