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La Iglesia en los medios Sturla reclama fondos públicos para centros educativos religiosos

ESPECTADOR.COM |

El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, reivindicó este viernes que los colegios católicos reciban apoyo financiero estatal, como ya ocurre con algunos centros de educación informal de esa confesión, algo que constituye “una antiquísima aspiración” de la Iglesia en Uruguay, según expresó.

“Muchas ONG reciben dinero del Estado en el ámbito de la educación informal. ¿Por qué no puede también beneficiarse la educación formal?”, planteó el cardenal en declaraciones a Efe.

Según explicó Sturla, la financiación pública a instituciones educativas privadas “no es ninguna idea nueva”, ya que el Estado aporta fondos a centros de “educación no formal”, como en el caso de centros de atención a la infancia.

Según el religioso, en última instancia la financiación estatal para la educación privada tiene un “sostenimiento de los particulares, que pagan sus impuestos”.

Para el arzobispo, el aporte de dinero público a “instituciones sólidas” del sector educativo privado puede redundar en un beneficio para los particulares, en especial los chicos de contextos socioeconómicos desfavorecidos.

En cuanto a la modalidad en la que el Estado podría financiar la educación privada religiosa, Sturla mencionó que “en el mundo existe una infinidad de formas”, como los centros privados concertados en España o el sistema de “vouchers” (bonos otorgados a particulares por el Estado para costear la educación en el ámbito que se desee), como en Chile.

En los últimos años, se han inaugurado en Uruguay institutos educativos gratuitos de gestión privada en barrios populares de distintas ciudades, que se sostienen con donaciones de empresas.

En 2014, pocas semanas antes de ser elegido como presidente, Tabaré Vázquez planteó la posibilidad de otorgar bonos para financiar los estudios en centros privados, lo que le valió críticas de los sindicatos educativos y de miembros del Frente Amplio.

El mandatario acotó en esa misma instancia que se trataría de una prestación para “casos excepcionales”.