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La Iglesia en los medios ¿Son pocos o son muchos los abortos legales registrados?

LA REPÚBLICA |

A UN AÑO DE LA VIGENCIA DE LA LEY DE ABORTO VOLUNTARIO

A comienzos de semana el Ministerio de Salud Pública (MSP) dio a conocer el número de abortos realizados al amparo de la Ley 18.987, durante el primer año de su vigencia. Si bien los datos estadísticos siempre son susceptibles de varias lecturas, llama la atención el extremismo de las críticas de los detractores de la despenalización: que al ser “pocos” comparados con los estimados hace más de una década revelarían la persistencia del mercado clandestino y, al mismo tiempo, que al ser “más” que los registrados en el primer semestre mostrarían que la ley incentiva la práctica.

En presencia de la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz y de la directora de Salud Sexual y Reproductiva, Leticia Rieppi, el subsecretario Leonel Briozzo informó que desde diciembre de 2012 a noviembre de 2013, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, se registraron 6.676 abortos voluntarios, un promedio de 556 por mes.

En Montevideo se realizó el 64% de las intervenciones y 36% en el resto del país. El 41% del total correspondió al sector público y el 59% al privado. De las mujeres que consultaron, el 6,3% decidió continuar con el embarazo; de las que abortaron el 70% fue asesorado sobre métodos anticonceptivos y el 62% se decidió por uno de ellos.

De las mujeres que se practicaron abortos en los términos de la ley, el 18% eran menores de 19 años (1.240 casos). Siendo la tasa de natalidad en las adolescentes de 19% del total, el dato echa por tierra el estigma que pesa sobre ellas: no son las que interrumpen más frecuentemente el embarazo.

De acuerdo a la información estadística, la tasa de interrupción del embarazo en Uruguay es de 9 cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años, por lo que el país a nivel mundial se ubica por debajo de Europa occidental, que registra en conjunto 12 abortos cada 1.000 mujeres del mismo rango etario.

La mortalidad materna fue igual a cero; solo se registraron dos complicaciones graves: una histerectomía luego de un aborto voluntario legal y una internación en CTI con posterior fallecimiento por aborto practicado ilegalmente. Las internaciones por complicaciones leves fueron 50 (0,007% del total), mayoritamente para completar la evacuación del útero.

En la década del 90 Uruguay ocupaba el sexto lugar en América en materia de mortalidad materna: una cada tres muertes en ese rubro eran por aborto inseguro y en el sistema público una de cada dos. Hoy está en el tercer lugar del continente, solo precedido por Canadá y Estados Unidos, y no renuncia a la posibilidad de alcanzar el correspondiente Objetivo del Milenio en 2015.

Especulaciones con respuestas

Quienes siguen militando en contra de la despenalización, alegan que si de los supuestos 33.000 abortos anuales de que se hablaba hace más una década se pasó a los 6.676 registrados en el último año, una de dos: los primeros eran falsos o por lo menos “inflados” para presionar al sistema político, o los actuales revelan que sigue funcionando el mercado clandestino que con la ley se pretendía desarticular.

¿Hubiera tranquilizado a los detractores de la ley que más mujeres abortaran legalmente? ¿Podrán esperar al menos otro período de un año para ver si las cifras se estabilizan y en qué nivel? Porque la experiencia internacional, en países donde el aborto es legal, indica que cuando se empieza a aplicar la despenalización el registro es bajo, luego se incrementa y después baja.

Una década de avances

Briozzo salió al paso de los dobles cuestionamientos con mucha calma. Dijo que el aumento verificado entre el primer y el segundo semestre de aplicación de la ley se explica por el mejoramiento de los registros que los prestadores de servicios de salud deben realizar y enviar al MSP: en el primer semestre reportaba el 50%, ahora lo hace del 95 al 100%. Además, la difusión de una norma legal es lenta y su acabada comprensión más aún. Cuando se conocen los derechos, se ejercen, a lo que se suma que el conocimiento propicia una mayor confianza en los servicios sanitarios e impulsa acercarse a consultarlos.

Sobre la brecha entre los 33.000 estimados y los 6.676 oficialmente registrados, recordó que los primeros surgen de una encuesta realizada en clínicas clandestinas a fines del siglo XX, cuando todos los abortos eran inseguros porque constituyendo delito solo se practicaban en la clandestinidad y ese ámbito no permite estadísticas oficiales. Lo que sí se conocía en el sistema de salud, por atender sus consecuencias, eran los altos índices de mortalidad materna.

En 2003 comenzaron a aplicarse las iniciativas sanitarias contra el aborto inseguro, que, aprobadas en 2004 por la Ordenanza Nro. 369/004 del MSP, aseguraban la atención pre y post aborto, con asesoramiento sobre las formas más seguras de practicarlo. En 2008, esas normas alcanzaron jerarquía legal, al ser incorporadas a la Ley 18.426 de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que también determinó que todos los prestadores integrales de servicios de salud tuvieran que instalar servicios de salud sexual y reproductiva.

En el curso de estos acontecimientos, se difundió el uso del misoprostol, se avanzó en educación sexual en el sistema educativo y se universalizó la anticoncepción, involucrando en la obligatoriedad de su prestación también a las instituciones privadas.

El próximo informe sobre abortos legales practicados fue anunciado por las autoridades para febrero de 2015, de manera de darse tiempo para recabar y controlar los datos de registro.