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Tiempo de la Creación

La Iglesia en los medios Revalidando la objeción de conciencia [Opinión]

EL OBSERVADOR |

La suspensión parcial del decreto reglamentario de la despenalización del aborto abre el camino para corregir una grave claudicación de una ley equivocada. El fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que ratificó una decisión previa al rechazar ahora una protesta del Ministerio de Salud Pública (MSP), reconoce el derecho del centenar de ginecólogos de todo el país que, por objeción de conciencia, se niegan a ser obligados a practicar abortos. El TCA, al suspender en octubre pasado 11 de los 42 artículos del decreto, atendió el lógico argumento de ese grupo de médicos que esa obligación constituye una “restricción ilícita” a su prerrogativa a rehusarse a interrumpir embarazos.

Luego del primer fallo del TCA, la asociación civil Iniciativas Sanitarias, promotora de la ley con el subsecretario del MSP, Leonel Briozzo, como abanderado, expresó su “repudio” a los ginecólogos objetores y trató de amedrentarlos con la amenaza de denunciarlos ante el Colegio de Ética Médica. A renglón seguido el MSP presentó un recurso, que el TCA acaba de desestimar. El tribunal, responsable de decidir sobre los recursos de nulidad presentados contra actos administrativos del gobierno u otros organismos del Estado, explicó que la protesta del MSP es improcedente porque la suspensión del decreto es temporaria. Su pronunciamiento final se producirá en los próximos meses, cuando corresponderá reconocer que un ginecólogo no puede ser forzado a un acto médico que viole sus convicciones científicas, morales o religiosas.

Durante el primer gobierno del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, médico además de presidente, vetó una ley de legalización del aborto. Había sido aprobada por la casi totalidad de la bancada oficialista y votos de partidos de la oposición. Vázquez argumentó en esa oportunidad razones científicas para el veto. Pero los promotores de la nefasta iniciativa persistieron en su embestida contra el derecho a la vida y lograron, bajo la administración del presidente José Mujica, aprobar una nueva ley en 2012, que habilita la interrupción del embarazo por sola decisión de la madre dentro de los 12 meses de embarazo.

Los defensores de la norma esgrimen dos argumentos. Uno es la protección de la salud femenina al erradicar riesgosas intervenciones clandestinas para terminar embarazos no deseados, meta loable pero que debió encararse a través de campañas educativas. El otro es que la mujer tiene derecho a disponer de su propio cuerpo, proposición que carece totalmente de sustento cuando ese derecho se ejerce al costo de terminar con la vida de otro ser humano, que existe desde el momento de la concepción como parte independiente del propio cuerpo.

Debido a las presiones de sectores de la alianza de izquierda, así como por dificultades de procedimiento, es improbable que Vázquez, cuando asuma su segunda Presidencia el próximo domingo, promueva o respalde una derogación de una ley que es indiscutiblemente objetable porque niega el derecho a la vida, el principal de todo ser humano. Pero al menos el fallo del TCA, si se confirma definitivamente como corresponde, mitiga en algo los efectos funestos de la norma al permitirle a los médicos negarse a practicar abortos, en una posición que comparte gran parte de los uruguayos, si no la mayoría, pero que la administración Mujica optó por ignorar. l