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La Iglesia en los medios Redacción de ley de aborto “no consideró a los médicos”

EL ESPECTADOR |

En diálogo con En Perspectiva el catedrático en Ginecotocología de la Facultad de Medicina, Justo Alonso, aseguró que desde el punto de vista filosófico persigue “el mismo objetivo” que el subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP) Leonel Briozzo, aclarando que, si bien no suscribirá la denuncia en la CIDH que presentarán más de 100 colegas, discrepa con la cartera de Salud “sobre la forma en que se esta procediendo y cómo la ley fue redactada”.

Este miércoles se conoció que más de 100 ginecólogos evalúan denunciar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo que entienden como una “presión” por parte del Estado, y en particular del subsecretario de Salud, Leonel Briozzo, para que revisen su decisión de ampararse en la objeción de conciencia a fin de no indicar abortos.

El anuncio fue formulado por el abogado Agustín Amonte, quien presentó el recurso de revocación y jerárquico contra la reglamentación de la ley que legalizó la interrupción del embarazo, por entender que los profesionales están siendo vulnerados en su “derecho a la objeción de conciencia”.

Al respecto el catedrático en Ginecotocología de la Facultad de Medicina, Justo Alonso comenzó aclarando que le parece importante “comenzar desmarcándome de esa posición dado que no está en mi intención participar de esa decisión”.

“Yo soy amigo personal de Briozzo, el fue residente mío y se considera mi discípulo. Tanto Briozzo como yo, en mi calidad de representante del Uruguay en el Comité Ejecutivo de la Comisión Internacional de Ginecología, bregamos por la despenalización del aborto”, sostuvo el galeno.

En medio de este enfrentamiento mediático que se ha presentado, Alonso aclaró que “es real que Briozzo y yo trabajamos codo a codo” y añadió que “los dos estamos buscando el mismo objetivo para disminuir la mortalidad materna”.

Ocurre que, en más de una oportunidad “Briozzo ha realizado algunas presiones. Llegó a decir que el médico que no se atuviera a la ley puede ser denunciado por mala praxis, lo cual no ha caído muy bien”.

En este tema “el centro es tener en cuenta que todos estamos en contra del aborto, pero esa pobre mujer que se ve obligada a hacerlo muchas veces también lo está. Es más, cuando lo hacen muchas veces lo lamentan toda la vida” porque “es una cicatriz del alma que le dura para toda la vida”, dijo el catedrático.

Interrogado, en este marco de consonancias con matices que Alonso mantiene con Briozzo sobre cuáles son los puntos en los que discrepa, el catedrático explicó que “lo primero que no comparto es la forma en que se está procediendo”. A esto se suma “cómo fue redactada en el Parlamento”.

“La última vez que concurrí al Parlamento fue hace 5 años, esta ley se generó sin consultar a los ginecólogos que somos el brazo activo de la ley. En principio estamos en contra de cómo fue redactada la ley”, aseguró.

“Objetamos que la ley parecería que asume que no tenemos la capacidad de discernir cuáles de las pacientes necesitan apoyo psicológico o visita de asistente social, cuándo estamos suficientemente preparados para darnos cuenta de eso”.

La ley como esta redactada “complicó las cosas por la participación del equipo interdisciplinario y genera la exposición en el ámbito institucional de la mujer que consulta, a lo que se suma el peligro de la estigmatización”.

En línea con la anterior observación, Alonso señaló que “tener que llenar un formulario en donde se pone la cédula de la mujer que solicita la interrupción del embarazo ya transforma la confidencialidad en un evento menos real porque pasa por manos de administrativos y se puede estigmatizar a la mujer que tome la decisión”.

Al cierre de sus declaraciones Alonso reflexionó: “Mi lucha es por mantener la confidencialidad de la situación aclarando que comparto el espíritu de Briozzo. Esta ley debe ser modificada, la mayoría de los políticos no son médicos y el Parlamento redacto la ley en forma apresurada sin la discusión correspondiente”.