Iglesia al día

" El amor al otro por ser quien es, nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Sólo en el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos posibles la amistad social que no excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos. #FratelliTutti "
@Pontifex

La Iglesia en los medios Piden revisar la ley del aborto ante posible colapso del sistema  [De interés]

BUSQUEDA |

http://semanario.busqueda.com.uy/792_1824–julio-16-al-22/40301_-piden-revisar-la-ley-del-aborto-ante-posible-colapso-del-sistema–/

HAY UN “ALARMANTE” NÚMERO DE MÉDICOS OBJETORES Y PERSISTE EL ESTIGMA SOBRE LAS MUJERES QUE INTERRUMPEN EL EMBARAZO

escribe Federico Castillo

La ley que despenalizó el aborto en Uruguay transita por un camino empedrado que puede provocar un cuello de botella que haga colapsar los servicios sanitarios. Al menos esa es la conclusión de una de las principales organizaciones feministas de promoción y defensa de la salud y derechos sexuales de Uruguay. Después de años de tenaz militancia para legalizar la interrupción del embarazo, MYSU (Mujer y Salud en Uruguay) hace ahora un monitoreo permanente de su puesta en práctica. Y prendió varias señales amarillas sobre la calidad de la normativa y su funcionamiento en la realidad cotidiana, fuera del texto frío de la ley aprobada en 2012.

La organización destaca el paso hacia la despenalización, pero advierte que muchas mujeres no acceden en igualdad de condiciones al servicio, que es “alarmante” la cantidad de médicos objetores a la norma —”mucho más de la que informa el Ministerio de Salud (MSP)”— y que aquellos que se “pusieron al hombro” el tema ahora están presentando los primeros síntomas de burn out, es decir, que están desgastados. También dice que hay desinformación sobre las características de la ley, que persiste la discriminación y el estigma sobre las mujeres que deciden abortar, que hay temor por filtraciones a la confidencialidad del proceso y que todavía se recurre a un sistema clandestino que se “clandestinizó” todavía más y se volvió “oscuro” desde que el aborto es legal. “La complejidad de la ruta es un obstáculo” para que las mujeres puedan abortar en condiciones seguras, resume a Búsqueda la directora de MYSU, Lilián Abracinskas.

La organización acaba de terminar un informe sobre el estado de situación de los servicios de salud sexual y reproductiva en los departamentos de Río Negro, Soriano y Paysandú. Antes lo había hecho en el departamento de Salto, y ahora se trabajará en Montevideo, Maldonado y los departamentos limítrofes con Brasil. La intención es cubrir en tres años todo el territorio. Pero con la información con la que cuentan hoy, a MYSU le basta para afirmar que la ley debe ser “revisada”.

Una ley “contradictoria”. Abracinskas dice que si se habla sobre el aborto legal, “Uruguay efectivamente avanzó y es uno de los países más de avanzada en la región”. En el último año se realizaron unos 8.500 abortos en condiciones seguras para la mujer, según las cifras oficiales. El “problema”, apunta, es la “calidad de la norma” que sostiene este derecho.

“En principio el título es fantástico, pero cuando empezás a leer el texto de la ley se observan contradicciones. El caso del aborto es el más emblemático. Pone condiciones que no dan cuenta de que las personas somos adultas y tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones. ¿Por qué un ginecólogo, un asistente social y un psicólogo deberían tener mejores criterios para decir que mi decisión está peor o mejor sustentada?”, cuestiona sobre el proceso de consulta previa al aborto que establece la ley. “Ese control sanitarista y tutelante va en contra del propio cuerpo normativo con el que se pretende avanzar”.

Esto lleva de la mano a una dificultad y es que hoy no está garantizada la universalidad de acceso a los servicios y procedimientos tal como están estipulados en la norma, sostienen en MYSU. De acuerdo al último informe de la organización, en muchos de los hospitales e instituciones privadas del interior del país no están instalados los servicios ni tienen los recursos humanos disponibles para concretar los abortos. “Con suerte esto ocurre en las capitales departamentales”, aclara Abracinskas. Las derivaciones para que en otras instituciones, a veces de otros departamentos lejanos, se resuelvan los casos ha sido una constante. “La normativa no es solamente contradictoria con el concepto de derecho sino que además da cuenta de que los legisladores tienen un profundo desconocimiento del sistema de salud de este país. Tenemos una cantidad de mujeres que no acceden a este derecho. La mayoría de las que se benefician son las de Montevideo y de las mutualistas”, agrega.

En el MSP no hacen mayores comentarios púbicos sobre esta apreciación. “El desafío de lograr la mejor aplicación de la ley pasa por trabajar junto a los directores departamentales y encontrar las mejores formulaciones posibles caso a caso”, se limitó a contestar a Búsqueda una alta fuente del Ministerio de Salud.

Abracinskas insiste en que “la ruta que estableció la norma es una ruta que perjudica a las que ya estaban en condiciones de mayor vulnerabilidad. La justicia que debería tener y garantizar la ley, sigue jorobando a aquellas que ya estaban mal de antemano”.

Objetores. La objeción de conciencia, una herramienta a la que los profesionales en contra de la norma pueden acudir para no hacer abortos, es para MYSU una de las “barreras” que tiene la ley. En su informe más reciente se destaca que se observa con “enorme preocupación” el número de objetores de conciencia en todo el Uruguay. “Esto trae aparejado una falta importante de recursos humanos disponibles para la prescripción de la medicación utilizada para la interrupción del embarazo (…) generando un obstáculo de acceso a la atención para las mujeres de esas localidades, pero también una sobrecarga para los profesionales y los centros de salud que sí prestan el servicio”, dice el documento.

Para MYSU es de “alta prioridad” la “revisión y control de las razones para recurrir a la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la ginecología”. También reclama “mejorar” la organización de los servicios y la distribución de los recursos humanos para garantizar el acceso a la prestación. “De lo contrario, y de continuarse esta situación, se podría llegar a generar un colapso de los servicios tanto en las localidades que tienen la totalidad de profesionales objetores como en aquellas donde sí se brinda la atención”, advierte.

Según el informe, se constató un “porcentaje alarmante” de objetores de conciencia, “mucho más elevado del promedio nacional de 30% difundido por el MSP”. En dos departamentos relevados hay más de 80% de objetores, cifra que llega al 100% en las localidades de Young y de Mercedes de los departamentos de Rio Negro y Soriano, respectivamente.

Abracinskas dice que el “alto porcentaje de objetores contribuye a esto de mantener que el aborto es un mal necesario. Y acá hay que lidiar con la vida y la muerte. Un aborto no es una dimensión intolerable para una práctica ética sanitaria. Porque la posibilidad de la muerte es parte de la atención de la salud. Hay ahí un componente moral y de prejuicio que contribuye a estigmatizar la práctica del aborto y esto no está cooperando de manera adecuada”.

Más clandestino. Luego de monitorear la situación en cuatro departamentos del país, en MYSU tienen la “percepción” de que tanto las “barreras burocráticas” que impone la ley, como la dificultad de instrumentarla rigurosamente en algunos hospitales, más la mirada “prejuiciosa” que persiste en la sociedad, desemboca inevitablemente en la resolución de los casos en el sistema clandestino. Esto es algo que los investigadores de la organización no han podido demostrar más que a través de los relatos de las usuarias. “Lo que sí se nota es que se clandestinizó lo clandestino. Cuando el aborto era ilegal todo el mundo sabía cuáles clínicas eran las que lo hacían, a quién recurrir. Ahora no solo las clínicas dejaron de existir, sino que empezó a ser más oscuro: te levanto en una esquina, a tal hora”, explica Abracinskas.

El gran cambio, dice, lo dio la inclusión del medicamento misoprostol como agente abortivo. “El aborto por medicamento hace que cambie la práctica. Y que ahora la conducta de cómo conseguir esa pastilla sea la misma que la de conseguir droga. Incluso se consiguen hasta en las mismas bocas”.

Los estudios de MYSU relatan que muchas mujeres llegan hasta una puerta de emergencia diciendo que se compraron ilegalmente el misoprostol y se lo administraron salteándose el tránsito previsto por la normativa. Y eso sigue siendo un delito. “A pesar del debate público y la discusión que hubo, todavía hay gente que no sabe el contenido de la ley. Suponen que es legal ir y comprar el medicamento en cualquier lado, no saben muy bien que los servicios están disponibles, hay una alta desinformación sobre las características. Saben que el aborto cambió, pero nada más”, dice Abracinskas.