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La Iglesia en los medios Objeción de conciencia: no se admitirá desobediencia a la ley

LA REPÚBLICA |

Salud Pública considera que los objetores de conciencia a la despenalización del aborto están procediendo a una “desobediencia civil de la ley”. El gobierno estudia un decreto complementario al artículo, que contempla la objeción de conciencia a fin de que los argumentos filosóficos o de fe queden por escrito.

El gobierno considera que existe una “desobediencia civil” a las leyes por parte de los médicos que esgrimen objeción de conciencia a la hora de realizar el tratamiento de interrupción del embarazo, en el marco de lo que indica y establece la ley de despenalización del aborto. La responsable del Área de Salud Sexual y Reproductiva del MSP, Leticia Rieppi, consideró ante LA REPÚBLICA que “la objeción de conciencia tiene un límite” y recordó que “ningún derecho es absoluto”, al señalar que “hay objetores de conciencia que esgrimen eso pero en realidad lo que hacen es no estar de acuerdo con la ley y, para nosotros, es una desobediencia civil a la ley”, dijo la jerarca del MSP. Los pasados 29 y 30 de noviembre, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia reunida en Costa Rica, consideró el argumento de la objeción de conciencia por parte de los especialistas.

En ese cónclave se arribó a un documento en el cual se especifica que “la objeción de conciencia tiene un límite” y es cuando la vida de un paciente está en peligro o cuanto no existe otro proveedor de salud que pueda atender la necesidad de un paciente solicitante. Rieppi destacó que todos los ginecólogos y obstetras del Uruguay han suscrito lo emanado en ese evento de especialistas ocurrido en el pasado mes de noviembre en San José de Costa Rica. “Además –agregó Rieppi- la manifestación de la objeción de conciencia nunca puede ser adoptada por un colectivo, sino que es un acto individual, nunca persuasivo y no en confrontación de los derechos”.

Como publicara el pasado sábado este diario, desde el Ministerio de Salud Pública se insistirá con que los especialistas objetores deberán especificar razones filosóficas o de fe a la hora de negarse a aplicar el procedimiento de interrupción del embarazo, dentro de los márgenes sanitarios que especifica la ley de despenalización del aborto. Por otro lado, el Poder Ejecutivo estudia la remisión de un decreto complementario a la ley vigente, en el que se especifique la obligatoriedad de dejar por escrito los motivos esgrimidos para manifestar la objeción de conciencia.

El lunes próximo retomará sus funciones el titular del Ministerio de Salud Pública, Jorge Venegas; en el correr de la semana se esperan anuncios relativos a la polémica suscitada en los últimos días con relación a la aplicación de la ley, en la que incluso un grupo de médicos uruguayos ha esgrimido su intención de trasladar a foros internacionales las normas legales que establecen la práctica del aborto dentro de estrictas condiciones físicas y síquicas de la eventual paciente.

Young

Los tres médicos ginecólogos de la mutualista CAMY de la localidad de Young presentaron objeciones de conciencia. Así lo confirmó a LA REPÚBLICA La directora de la Cooperativa de Asistencia Médica de Young (CAMY) Dra. Lille Maurin.

La mutualista comunicó la situación a las autoridades de la Dirección Departamental de Salud y al MSP.

Doctora Rieppi. “Carece de validez jurídica”

Denuncia a la CIDH

La jerarca de Salud Pública Leticia Rieppi desestimó la validez de la intención de un grupo de médicos de denunciar al Estado uruguayo ante la Corte de Derechos Humanos, por entender que la ley de despenalización del aborto los “presiona” para la práctica médica. “Lo de la Corte de Derechos Humanos no tiene validez jurídica alguna”, sentenció Rieppi, “porque legalmente se necesita de un proceso interno profundo y amplio antes de que se concrete un planteo frente a un organismo internacional”. Agregó que en nuestro país “existe el Colegio Médico”, en el cual “se debería radicar allí el tema para debatirlo. Además, debería existir una denuncia a nivel nacional sobre el tema en cuestión”.

Los médicos argumentan –a través del abogado Agustín Amonte– que están siendo sometidos a “presión” y “vulnerados en su derecho a esgrimir la objeción de conciencia”. El abogado adelantó que “se irá hasta las últimas consecuencias para responsabilizar al Estado uruguayo y al Ministerio de Salud Pública” en este conflicto, suscitado tras el no acatamiento de la ley, según se entiende desde el gobierno que cuestiona y pone en duda el contenido de la objeción de conciencia.