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La Iglesia en los medios Obispos piden exoneraciones para universidades privadas

LA REPÚBLICA |

La comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado citará a los representantes de la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) y a los rectores de las universidades privadas cuando comience a tratar el proyecto de Rendición de Cuentas, dijeron voceros legislativos a LA REPÚBLICA, algo que pasará en esta semana.

El viernes pasado, la entidad católica analizó en una reunión extraordinaria el proyecto aprobado ya en la cámara baja en la que se incluye el recorte de exoneraciones a empresas privadas que realizan donaciones a las universidades privadas y a la que calificó como “un golpe a la libertad”.

Los obispos manifestaron su apoyo a la declaración del Consejo de Rectores de las Universidades de gestión privada del Uruguay, y manifestaron que “lamentamos este nuevo golpe a la libertad de enseñanza que no favorece al sistema educativo de nuestro país”.

En su comunicado, los rectores de las universidades privadas que incluye a la Católica, a la Ort, a la Universidad de Montevideo, a la de la Empresa y al Instituto Universitario Claeh consideran que el artículo de la Rendición de Cuentas que excluye a las universidades privadas del régimen de donaciones con exoneraciones fiscales, se traduce en un “retroceso” en materia educativa y de igualdad y califican a esa medida como “inconsulta, arbitraria y discriminatoria”.

Las universidades privadas entienden que las donaciones con exoneraciones fiscales permiten en esos centros de estudios desarrollar programas de becas para estudiantes de bajos recursos y proyectos de investigación que “redundan en bien de todo el país. No existen motivos económicos, académicos ni de transparencia que justifiquen esta exclusión”, destacan.

Aseguran que en lo económico, la renuncia fiscal resulta insignificante con el total del gasto público anual en educación. En el 2015, el presupuesto educativo fue de 1.500 millones de dólares y las donaciones recibidas por las universidades privadas supusieron un 0,1% de este monto, sostienen. Creen que en la propuesta “no existe un ahorro para el Estado ya que el total de donaciones no disminuye, sino que pasan a ser gestionadas por otras instituciones públicas o privadas”.

LA REPÚBLICA publicó en la semana que las donaciones a las universidades privadas durante el año 2015 fue del orden de los $ 44.137.898 y que de este monto, las empresas que hicieron las donaciones son exoneradas por un 83% en sus obligaciones de IRAE, lo que genera un gasto tributario de $ 36.634.455 para el Estado que deja de obtener.
Cinco son las universidades privadas de las aproximadamente 50 instituciones educativas que son beneficiadas actualmente por este tipo de exoneraciones.

Según datos a los que pudo acceder LA REPÚBLICA el monto total de las donaciones en el año 2015 correspondiente a unas 50 instituciones, alcanzó un monto total de $343.200.065, por lo que implicó una contrapartida fiscal de $284.856.054, equivalente aproximadamente a USD 9.500.000.

La participación de las cinco universidades privadas en este total ha ido decreciendo año a año, pasando de ser el 36% del total de donaciones en 2010, al 13% en 2015.

Los rectores de las cinco universidades privadas entienden que la medida aprobada en Diputados tampoco justifica por motivos académicos. Argumentan que la aparición de las universidades privadas trajo para el país un “enriquecimiento” académico y redundado en “más posibilidades de desarrollo, investigación y conocimiento”.

Los obispos también apoyan el concepto de que un “aspecto negativo” del artículo es la “afectación del futuro de los miles de estudiantes que podrían acceder a las universidades privadas” porque encuentran en esas becas un “estímulo para elegir libremente su lugar de estudios y su futuro, aun cuando con sus impuestos sigan contribuyendo al presupuesto de la enseñanza estatal”.

Los rectores universitarios privados acusan a los promotores del artículo de actuar motivados por lo “ideológico”.
“Lamentamos que subsistan visiones que no reconozcan ni valoren el desempeño académico, social y económico que nuestras instituciones han aportado (porque) el discurso de los promotores de esta medida, retoma la falsa oposición entre la educación pública y la privada que el país ya había dejado atrás”, sostienen.