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La Iglesia en los medios Nuevo intento para que el aborto clandestino no siga matando argentinas

LA REPÚBLICA |

SE PRESENTÓ EL SEXTO PROYECTO DE LEY EN NUEVE AÑOS

Por sexta vez, en nueve años, se presentó en el Congreso Argentino el Proyecto de Ley elaborado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), una iniciativa que en esta oportunidad cuenta con el aval de más de 350 organizaciones sociales, gremiales y políticas y las firmas de 34 diputadas y diputados pertenecientes a la mayoría de los bloques políticos.

La primera vez fue en 2007, pero siempre perdió estado parlamentario. Así, en medio de un derrotero cercado por el conservadurismo, la clandestinidad del aborto siguió cobrándose las vidas de las mujeres.

Según cifras oficiales, en Argentina se realizan 500.000 abortos por año; el aborto inseguro es la primera causa de mortalidad de mujeres gestantes. Cerca de 80.000 mujeres deben ser hospitalizadas por año por complicaciones derivadas de esta práctica y de ellas mueren las más pobres y sin acceso a la salud.

Además, la penalización redunda en un negocio millonario que viene del aborto clandestino: se estima que arroja cerca de 1.200 millones de pesos por año a costa de la vida, la libertad y la salud de las mujeres.

“ Debatir y sancionar este proyecto contribuye a consolidar un Estado que se responsabilice de diseñar y ejecutar eficazmente políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio al derecho a la salud integral, a la autonomía de las mujeres, quienes conformamos el 50% de la sociedad, a consolidar un Estado laico y democrático que promueva la libertad y el respeto a las creencias de todas las personas y a ampliar los horizontes de nuestra democracia”, remarcó un comunicado de la Campaña.

El proyecto presentado pro¬pone que “toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce (14) semanas del proceso gestacional (…y a) acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud, en un plazo máximo de 5 (cinco) días”.
También busca garantizar las condiciones sanitarias dignas, seguras y gratuitas para todas las mujeres que deciden interrumpir un embarazo y propone que la práctica sea realizada en el sistema de salud público, privado y de las obras sociales.

Además, hace referencia al fallo de la Corte Suprema de la Nación de abril de 2013 que dice: “Toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos: si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente y si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano”.
La diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, manifestó estar esperanzada en que “esta vez se debata en recinto”. Según trascendidos, sería tratado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en setiembre.

Donda es quien encabeza con su firma el proyecto y recordó que “el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha considerado en un reciente fallo que el aborto es un derecho humano, un derecho básico de toda mujer y como tal debe ser respetado por los Estados. Es importante como sociedad que nos demos un debate serio y maduro sobre un hecho que sucede: el aborto clandestino (…)”.

La nueva presentación de la iniciativa se da en el marco de las recientes declaraciones del presidente Mauricio Macri, quien dijo durante el Congreso Eucarístico Nacional que “defiende la vida desde la concepción hasta la muerte”. Con esto plantea ““una falsa dicotomía en torno a una realidad que nos atraviesa como sociedad, ya que quienes sostenemos la necesidad de la legalización de la IVE, estamos a favor de la vida y la dignidad de las miles de mujeres que ponen en riesgo su salud y su libertad como consecuencia de la clandestinidad a la que nos lleva la penalidad de esta práctica en nuestro país, desde hace décadas. Por cierto, todas las muertes derivadas de los abortos clandestinos han sido y seguirán siendo muertes evitables en tanto el Estado no legalice la IVE. Ante esto nos preguntamos cuánto vale la vida de las mujeres para el actual presiden¬te”, cuestionó Raquel Vivanco, coordinadora nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala).

Cabe preguntar: ¿qué pasó en estos nueve años desde la primera presentación del proyecto?; ¿por qué lo que parecían pasos firmes solo quedaron en intenciones cercadas?; ¿por qué a pesar del progresismo del anterior gobierno no se consiguió saldar esta deuda de la democracia?

Respecto a estos interrogan¬tes, Marta Alanis, referente histórica de Católicas por el Derecho a Decidir y parte de la Campaña, dijo que durante “La era K avanzamos en muchos derechos, pero no existió voluntad política para avanzar en la despenalización y legalización del aborto. Cuando estábamos creyendo que íbamos a lograr debate, Bergoglio fue nombrado Papa. Entonces, opta¬ron por una fuerte alianza con el Papa y esto impidió avanzar con el aborto. Fue más autodisciplinamiento que condicionamiento explícito”. Alanis valoró que en esta nueva presentación “hay un arco más amplio que apoya en Diputados y es posible que se instale el debate formal”. A la vez, recalcó que “las tensiones del actual gobierno nacional con la iglesia son evidentes”.

En tanto, Soledad Deza, la abogada y defensora de la joven conocida como Belén, presa por un aborto espontáneo, expresó que muchos aspectos del “progresismo” se esfuman frente a la palabra “aborto”, no porque la sociedad no esté madura para discutir esta demanda legítima, sino “por una inercia de disciplinamiento de nuestra clase política gobernante con los sectores más conservadores institucionalizados y no institucionalizados de la Iglesia Católica. El desafío es grande, porque nuestros políticos son indescifrables en este tema”. (SEMlac)