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La Iglesia en los medios Nuevo estudio revela dificultades para abortar legalmente en Uruguay

ESPECTADOR.COM. |

Un estudio sobre las condiciones de los servicios de salud y el acceso al aborto legal en tres departamentos uruguayos presentado por la ONG Mujer y Salud Uruguay (MYSU) indica que existe violencia obstétrica y barreras ante la practica de abortos.

Según el informe, que revela por primera vez la situación en el departamento de Montevideo, donde se encuentran la mayoría de sus centros de salud, si bien hay voluntad desde los centros para la aplicación de la ley que garantiza el aborto legal en el país, existen impedimentos prácticos de carácter problemático.

Así lo indicó a Efe la directora de MYSU, Lilián Abracinskas, quien destacó la importancia de que se hayan implementado los servicios previstos en la norma en todo el país, algo que no sucede en otros casos, pero apuntó que aún hay deficiencias en ellos.

La directora de la ONG señaló el uso «abusivo» del recurso de objeción de conciencia por parte de los médicos ginecólogos, hecho que se evidencia en el estudio, que recoge además de Montevideo la situación en los departamentos de Cerro Largo y Rocha.

Asimismo indicó que la cantidad de objeciones ante la practica de abortos, que constituye un 52,9 % en centros públicos Montevideo, un 66 % en los de Cerro Largo y un 100 % en los de la localidad de Castillos en Rocha, es un problema ya que «agota y sobrecarga» a los profesionales que sí brindan el servicio.

Abracinskas afirmó que esa situación «a corto y mediano plazo» no permite «proyectar ni incorporar» mejoras para garantizar la universalidad de esta prestación de salud, por lo que MYSU plantea presentar su informe al Parlamento para que se considere modificar la norma vigente.

«La ley estipuló el aborto suponiendo que iba a ser quirúrgico y lo asignó solo a los ginecólogos pero después priorizó el aborto por medicamentos, entonces para evitar barreras de acceso queremos que se habilite a otros profesionales su prescripción», explicó.

Por otra parte, a partir de un fallo judicial del 2016 se declaró confidencial la identificación de los profesionales de la ginecología objetores de conciencia, lo que, según MYSU, hace «imposible» relevar el porcentaje de médicos que se niegan a practicar abortos.

Sostuvo, además, que algunos prestadores de salud privados que brindan servicios públicos se niegan a dar información, lo cual repercute en los derechos de los ciudadanos.

Abracinskas apuntó por otra parte que el sistema de salud carece de «integralidad».

«Esto es uno de los temas más complicados porque por lo general la salud está pensada en intervenciones verticales; atienden la gripe, el cáncer, el envejecimiento o la niñez pero no a las personas en sus entornos, biografías y condiciones», sostuvo.

En esa línea, a partir de entrevistas a mujeres y hombres de entre 15 y 49 años el informe recalca que el estigma influye en el desconocimiento de las personas sobre la salud y los derechos.

Por otro lado, MYSU obtuvo testimonios de mujeres que fueron víctimas de violencia obstétrica en los centros asistenciales, a lo que se suma la problemática preexistente del aumento de partos por cesárea, un procedimiento que la directora de la ONG calificó de «riesgoso».

Al respecto, Abracinskas destacó que los valores más bajos relevados están por encima de las recomendaciones realizadas por la OMS ya que en Montevideo hay un 25,3 % cuando el porcentaje recomendado por el organismo internacional es de un 15 %.

«Para cambiar cultura hay que trabajar mucho más con los dispositivos de difusión y entender la legitimidad de los derechos sexuales y reproductivos en práctica», concluyó.

El estudio de MYSU, que contó con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la International Women Health Coalition y el Safe Abortion Action Fund es el último de una serie que abarcó a diez de los 19 departamentos de Uruguay. EFE