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La Iglesia en los medios MSP se enfrenta a denuncia por mala praxis ante aborto fallido

EL OBSERVADOR |

Evaluación. Jerarcas dicen que se combinan drogas que hacen que abortos sean efectivos en 98% de casos

El misoprostol administrado sin la droga complementaria falla en un 20%.

A poco más de un mes de promulgada la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) se expone a una denuncia penal por un aborto que no pudo concretarse por presuntas fallas en la medicación suministrada. En tanto, según datos del MSP, en el primer mes de puesta en práctica de la ley se practicaron 200 abortos.

Según informó Telenoche, la usuaria del sistema público Laura Galván, quien había denunciado que luego de las fallas en el tratamiento no se le quiso practicar un legrado porque ya contaba con 13 semanas de gestación, resolvió iniciar una demanda contra las autoridades de la cartera por mala praxis.

Galván, usuaria del hospital de Las Piedras, aseguró que solo le fue administrado misoprostol (y no las dos drogas en conjunto que se prevé utilizar para hacer el aborto efectivo), que falló en dos oportunidades y que luego no se le quiso ni indicar la droga complementaria ni practicar el procedimiento quirúrgico.

“A mí no me dan solución y por eso voy a hacer la denuncia penal. Lo que hicieron conmigo fue una mala praxis. Si me hubieran informado que si fracasaba se iban a lavar las manos, no tomo la medicación”, dijo Galván a El Observador.

Agregó que ayer concurrió con su abogado al hospital y que “como consejo extraoficial” le indicaron que consiguiera medicación por su cuenta para intentar nuevamente el procedimiento. “Y me dicen que lo único que pueden darme es un apoyo psicológico”, agregó.

La paciente aseguró que, aun estando a pocos días de cumplir el plazo para poder interrumpir su embarazo, le dieron hora con un ginecólogo para seis días después.

Procedimiento

Desde antes de que la ley de interrupción voluntaria del embarazo estuviera vigente se viene hablando de la inefectividad del misoprostol administrado en forma única para provocar un aborto (falla en cerca del 20% de los casos). Por eso se manejaba la posibilidad de traer del exterior una droga llamada mifepristona, que combinada con el anterior tiene una efectividad en casi el 100% de los casos.

Según aseguró a El Observador la responsable del área de Salud Sexual y Reproductiva del MSP, Leticia Rieppi, esa droga complementaria al misoprostol está desde el 28 de diciembre pasado “en todos los hospitales y centros de salud”, por lo que no deberían registrarse fallas en la administración de la medicación.

Según Rieppi, “los procedimientos se están haciendo con las dos drogas, con el 98% de efectividad”.

Sobre el caso concreto de Galván, Rieppi indicó que no se le administró la mifepristona en su primera consulta “porque no había” en el hospital de Las Piedras. La paciente aseguró que consultó el 2 de enero, cuando ya debería haber estado la medicación en todos los hospitales, pero la jerarca dijo no tener la información certera de si existieron consultas previas a la llegada de la medicación.

Para poder definir concretamente qué fue lo que sucedió en el caso de Galván y de quién es la responsabilidad de lo sucedido, según informó El País, Rieppi solicitó a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) una investigación administrativa. Rieppi explicó a El Observador que lo que se investiga “es si la medicación fue dada correctamente, si se le indicaron los comprimidos en el momento adecuado, y de quién es la responsabilidad”.

Caso cerrado

El caso de Galván “está cerrado”, dijo Rieppi, ya que al pasar las 13 semanas de gestación la ley no avala el aborto. Ahora intentarán averiguar si la paciente consultó en tiempo y forma, si se presentó en el hospital cuando se le solicitó y si la responsabilidad de que se haya agotado el tiempo para hacer el procedimiento quirúrgico para interrumpir el embarazo “fue de la institución, o de que los tiempos no fueron respetados por la paciente”.

El procedimiento establecido en la norma indica que luego de las 12 semanas de gestación no se puede realizar el aborto. Pero en la práctica, si la mujer toma la medicación en la fecha límite de que se cumpla ese plazo gestacional, debe volver antes de llegar a las 13 semanas para que el médico chequee que efectivamente se interrumpió el embarazo.

Si la medicación falló, “se le debe hacer un legrado aspirativo”, dijo Rieppi. “Si la paciente no vuelve a consulta en el plazo que se le indicó y se pasa de la fecha, no es responsabilidad del sistema”, agregó.

El subsecretario de Salud, Leonel Briozzo, dijo ayer a la prensa que “si se pasan los plazos no se puede realizar ningún procedimiento contenido en la misma”.

Indicó que entre 10% y 20% de las usuarias que consultan, luego deciden continuar con el embarazo.

Farmacovigilancia para ver efectos

La Dirección General de la Salud (Digesa) comenzó hace una semana a hacer una “farmacovigilancia” sobre las drogas que se están utilizando para interrumpir los embarazos. Rieppi explicó que se analiza la efectividad para la población, las posibles fallas que se puedan detectar y los efectos secundarios de la medicación. La jerarca señaló que en dos meses estarán los primeros resultados. Señaló que esta vigilancia sobre las drogas se realiza para “que no se registren problemas”. La responsable del área de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública agregó que desde la aprobación de la ley, los primeros días de diciembre, hasta la llegada de la mifepristona, el 28 de ese mes, “no existieron datos sobre denuncias o fallas” en los procedimientos.

Cifra

200

Abortos. El subsecretario de Salud, Leonel Briozzo, aseguró ayer que desde que la ley fue promulgada se realizaron esa cantidad de interrupciones de embarazos en centros públicos y privados de todo el país.

Cronología

Jueves 4 de enero: El subsecretario de Salud, Leonel Briozzo, informó al semanario Búsqueda que el MSP planificaba un procedimiento para que los médicos realizaran una justificación por escrito de las objeciones de conciencia que estaban interponiendo para no indicar abortos.

Viernes 5: Varios ginecólogos advirtieron su negativa a realizar tales justificaciones y se profundizó el enfrentamiento entre Briozzo y las otras dos catedráticos de Ginecología. En Salto todos los ginecólogos interpusieron la objeción de conciencia, y las pacientes comenzaron a ser derivadas a Artigas y Montevideo.

Martes 8: El Observador divulgó un editorial que Briozzo había publicado en la página web de la Clínica Ginecotológica A, en la que señalaba que la omisión de actuar o retrasar la acción profesional es “accionar de manera maleficiente”. Ginecólogos tomaron la carta como una presión.

Miércoles 9 :Más de 100 médicos comenzaron a analizar la posibilidad de denunciar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que entienden como “presión” por parte del Estado y de Briozzo para que revisen su decisión de interponer la objeción de conciencia. El 30% de los ginecólogos firmó la objeción.

Jueves 10 :Una mujer oriunda de Las Piedras denunció en Telenoche que el procedimiento que realizó con misoprostol falló en dos oportunidades y que por esa razón se pasó del plazo de 12 semanas de gestación que prevé la ley para interrumpir el embarazo. Aseguró que se le negó entonces la posibilidad de realizarse un legrado para terminar con el procedimiento.

Viernes 11: El Ministerio de Salud Pública comenzó una investigación administrativa para conocer si las fallas en la atención a la mujer fueron responsabilidad de las instituciones o de la propia paciente.