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La Iglesia en los medios MSP reforzará el apoyo a las mujeres que quieran abortar

EL OBSERVADOR |

Fallo. Instituciones deberán informar qué médicos plantean objeción de conciencia

El MSP llevará registro de los médicos que plantean objeción de conciencia. a. pessio
Ante el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que anula algunos artículos del decreto reglamentario de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por lo que los médicos podrán abstenerse de participar en cualquier etapa del proceso de aborto, el Ministerio de Salud Pública (MSP) reforzará el apoyo a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo. A partir de la resolución –que surgió de un recurso presentado por un grupo de ginecólogos hace casi dos años para impugnar 11 de 42 artículos del decreto–, el MSP pedirá “de inmediato” a todas las instituciones de salud que informen qué médicos objetaron por escrito, según anunció el ministro Jorge Basso luego de haber conocido la sentencia.

De hecho, si un médico que interpuso la objeción de conciencia para no realizar o indicar abortos trabaja en más de una institución, cada una deberá entregar una fotocopia del escrito donde se constata que ese especialista no realiza las intervenciones.

Para que la atención a las pacientes no se resienta a partir de la resolución del TCA, Basso sostuvo que se hará hincapié en coordinar con todos los centros de salud que los equipos interdisciplinarios que participan de las entrevistas con las mujeres que quieren abortar –formados por un ginecólogo, un especialista en salud mental y un trabajador social– estén disponibles cuando la mujer los necesite.

El MSP remarcó que la ley sigue vigente y que por lo tanto el Estado “garantiza el derecho a la procreación consciente y responsable, reconoce el valor social de la maternidad, tutela la vida humana y promueve el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos”, según expresó esa cartera en un comunicado. El objetivo del Ministerio es “disminuir las barreras en el proceso de atención”.

La directora de Iniciativas Sanitarias del Centro Hospitalario Pereira Rossell, Ana Labandera, sostuvo que la postura del MSP sobre el fallo evitó que hubiera una barrera a la aplicación correcta de la ley (ver En línea). “Si el MSP no hubiera salido a hacer declaraciones, hubiera sido mucho peor”, dijo a El Observador.

Labandera, que dirige una institución encargada de asesorar a las mujeres que manifiestan querer interrumpir su embarazo, sostuvo que la ley se reglamentará para que haya más garantías para ellas. “Que sea libre de interferencias, de que le den un consejo, de que no las atiendan. Cada servicio tiene que ser brindado en tiempo y forma. Esta ley fue sancionada por legisladores que representaron al pueblo; esto fue mucho más fuerte que un decreto, que un tribunal administrativo. Se ratificó por el plebiscito del pueblo y las mujeres la usan, saben que está, se atienden. Los servicios están funcionando”, afirmó.

Por otro lado, el ginecólogo Ricardo Pou, uno de los que presentó el recurso ante el TCA, sostuvo que con la resolución del organismo los derechos que consideraban vulnerados pasaban a ser tenidos en cuenta, especialmente el relativo a la objeción de conciencia. El decreto permitía objetar solamente al momento de realizar el aborto (recetar los medicamentos o hacer el legrado), pero debían participar de las entrevistas con el equipo interdisciplinario y firmar el formulario de interrupción voluntaria del embarazo.

Por su parte, la organización Mujer y Salud en Uruguay aseguró que llevará a cabo una movilización en repudio al fallo del TCA, que permite que todos los ginecólogos puedan abstenerse de participar en cualquier momento del proceso de aborto de una mujer. La directora de la organización, Lilián Abracinskas, dijo a El Observador que el fallo es “mezquino” porque pone a los profesionales por encima de los derechos de las mujeres y “perjudica” a las más vulnerables.

Legisladoras

La senadora del Frente Amplio, Mónica Xavier, dijo a El Observador que se reunirá con las legisladoras que trabajaron en la redacción de la ley para despenalizar el aborto con el fin de analizar los pasos a seguir.

“Es un obstáculo pero tenemos que tener claro que la ley está vigente. Habrá que instrumentar que no sean las mujeres quienes paguen el plato roto”, afirmó la senadora a la prensa. l

Diciembre 2012 Un grupo de 100 médicos presentó un recurso administrativo contra el decreto de la ley de aborto ante el Poder Ejecutivo pero no obtuvo respuesta. Julio 2013De los 100 médicos, 20 ginecólogos se presentaron ante el TCA.Octubre 2014El TCA suspende preventivamente 10 artículos del decreto. El MSP pidió recurso de revisión, pero el TCA lo desestimó.

Agosto 2015 Fallo final

Recurso

De los 100 ginecólogos que presentaron el recurso contra el decreto de reglamentación de la ley, 20 presentaron la acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

“Instituciones tendrán que contratar más ginecólogos”
El Ministerio de Salud Pública dio un mensaje fuerte de respaldo a las mujeres, ¿qué le pareció?

Me dejó muy conforme porque una vez más ratifica que la ley sigue vigente, que los servicios se siguen dando. Para la población es bastante tranquilizador. El respaldo está, esto es importante. Acá hay que sacar del foco al profesional que objeta. El centro de atención debe ser la mujer que consulta y sabe que por ley tiene derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo. Las instituciones deben cumplir con la ley.

¿Cree que la anulación de algunos artículos del decreto es una barrera?

Hoy (por ayer) de mañana hubiera dicho que sí, pero después de escuchar las declaraciones del ministro, no.

¿Las instituciones tendrán mayor responsabilidad que antes?

Las instituciones son las garantes de que la ley se cumpla: los médicos son los profesionales que llevan adelante la atención. La institución tanto pública o privada tendrá que poner más recursos humanos, contratar más y en las instituciones donde no se hace debe haber una tercerización. La objeción de conciencia debe dar garantías de que el servicio igual se cumpla.

¿Cambia en algo el funcionamiento de Iniciativas Sanitarias?

Vamos a tener un análisis más pormenorizado de cada situación. Tenemos que ver cómo va a quedar la reglamentación de esos artículos que se anularon.

“Con el decreto estábamos amordazados”
¿Lo dejó conforme el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo?

Estamos contentos porque pensamos que la Justicia, en este caso el TCA, con argumentos de índole jurídico, nos da la razón de aquello que nosotros sentíamos que nos vulneraba.

¿Cree que la anulación de ciertos artículos del decreto hace que se contemplen más los derechos de los médicos?

Sin duda. Define mejor el derecho de objeción de conciencia, amplía a los demás integrantes, respeta el derecho del médico de dar su opinión, de tener diálogo con el paciente. Estábamos amordazados de no emitir ningún tipo de juicio personal y de apreciación técnica. Debíamos ser testigos mudos frente a un deseo manifestado por una sola persona y no podíamos manifestar nada de esto. Lo más importante es el derecho de la objeción de conciencia, que es algo que no se puede discutir. Es algo íntimo, personal del ser humano. Uno conoce a sus pacientes y sus pacientes lo conocen a uno.

Cada uno de nosotros tiene su conciencia y tiene sus principios y a lo largo de esa prolongada relación con el paciente ha manifestado esos principios.

¿Qué supone qué sucederá ahora en los hechos, en las consultas?

No sé si se podrá seguir actuando con un marco legal que no tiene reglamentación; toda ley requiere una instrumentación, regularla, cómo se va a llevar a cabo desde el punto de vista concreto.