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La Iglesia en los medios Mitad de las mujeres consulta al filo del plazo legal para abortar

EL PAÍS |

AFIRMAN QUE FALTA DIFUSIÓN DE LA LEY PARA EVITAR CONSULTAS TARDÍAS

Gonzalo Terra

El 45% de las mujeres que consulta en el Pereira Rossell para interrumpir su embarazo llega con entre diez y doce semanas de gestación. El 60% expresa como motivo de la decisión su “proyecto de vida” y en el 61% falló el método anticonceptivo.

Cumple un año la legislación que legalizó la interrupción del embarazo.Foto: Archivo El País.

Al cumplirse exactamente un año de vigencia de la ley de aborto, se conocen algunas características de las usuarias y del funcionamiento de la nueva legislación.

El 52% de las mujeres que consultó en el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva del Hospital Pereira Rossell para interrumpir su embarazo entre diciembre de 2012 y octubre de 2013 tenía menos de nueve semanas de gestación. El 45% tenía entre diez y doce semanas de embarazo, máximo que permite la ley para abortar. Un 1% excedía ese plazo y en un 2% no se registró el dato.

La información pertenece al Área de Implementación de Servicios y Políticas Públicas-Iniciativas Sanitarias, que coordina la doctora Mónica Gorgoroso, también integrante del programa Salud de la Mujer y Género de Asse. Los datos fueron presentados a principios de noviembre en un evento realizado en Argentina por el “Consorcio interamericano contra el aborto inseguro”, del que también participó el subsecretario de Salud, Leonel Briozzo.

Gorgoroso dijo a El País se debe lograr que las mujeres consulten antes porque el aborto farmacológico tiene una efectividad de 98% hasta las nueve semanas, pero entre las diez y doce semanas aumenta el riesgo “para la salud de la paciente, además del impacto sicológico y social”.

“No es lo mismo interrumpir el embarazo entre las siete u ocho semanas que cuando ya se llevan doce. Cuando más precoz sea la consulta más posibilidad tiene la mujer de tomar su decisión con el tiempo necesario”, indicó Gorgoroso.

Consideró que la consulta tardía es producto de la falta de difusión de la ley a nivel nacional. “Estamos en un proceso en el que, todavía, la información a la ciudadanía no ha llegado en forma universal”, opinó.

La ley prevé que una vez que la mujer tomó contacto con el sistema de salud deba realizar tres consultas con equipos multidisciplinarios (psicólogo, ginecólogo y asistente social) lo cual demanda un tiempo mínimo de seis días. “Si estamos muy cerca del cumplimiento de los plazos legales se activan dispositivos para acelerar los procedimientos de manera que la mujer no quede afuera de lo que la ley exige por razones logísticas”, explicó.

Según los datos de Iniciativas Sanitarias, un 10% de las mujeres abortó bajo internación por la edad gestacional, mientras que el 84% interrumpe el embarazo en su domicilio mediante la administración de los fármacos en un proceso que demanda 36 horas.

“Es bueno que la mujer, apenas nota que está embarazada, si tiene dudas de mantenerlo inicie inmediatamente la consulta con los servicios de salud. No es un compromiso abortar, si en el proceso desiste y quiere continuar el embarazo no hay problema. El tema es que empezar antes le dará más garantías”, sostuvo Gorgoroso.

Dijo que en este sentido no se prevé que sea necesaria una modificación de la ley ampliando los plazos. “El límite es rígido pero un tope debe haber. No se ganaría nada modificando la ley, el tema es promover la difusión para que la consulta se haga antes, apenas se constata el embarazo no deseado”, dijo.

Consideró que para ello es clave la difusión de la ley y garantizar la accesibilidad a los servicios de salud en todo el país. “Si bien la ley se aplica en todos lados, hay zonas en el interior donde es difícil asegurar la presencia de todo el equipo multidisciplinario. Las mujeres deben trasladarse, coordinar, etc.”, explicó.

En cuanto a las edades, el 62% de las mujeres que hizo la primera consulta tenía entre 20 y 34 años, 22% entre 15 y 19 años, 14% más de 35 años y 1% menos de 15 años. Otro 1% no registró el dato.

El 59,75% de las mujeres que llega a la segunda consulta expresa que la razón para abortar es su “proyecto de vida”. La estadística del Pereira Rossell exhibe los motivos principales, que en algunos casos pueden ser más de uno y por eso la gráfica no cierra en 100%.

El 30,39% adujo razones económicas, 12,63% que no tenía pareja, 7,32% muchos hijos, 0,89% violencia sexual, 3,49% razones de salud y 0,27% malformación fetal.

Gorgoroso dijo que el “proyecto de vida” como motivo principal es común a todas las edades y sectores socioeconómicos. “Son tanto las adolescentes como las mujeres de 30 a 40 años. No hemos notado diferencias ni por edad ni por pertenencia a sectores socioeconómicos. Puede ser un proyecto laboral o profesional. Eso es lo más común”, indicó.

Sobre las causas del embarazo no deseado, el 61% menciona que falló el método anticonceptivo, el 26% no usó ninguna anticoncepción y en el 13% no se registró el dato.

“No significa en todos los casos que no se quiera usar el método anticonceptivo, a veces tienen dificultades para obtenerlo, como en el caso de las que no disponen de días libres para ir al médico para repetir las pastillas anticonceptivas. En otros casos no pueden negociar con sus parejas el uso del profiláctico”, explicó Gorgoroso.

Familias contra el embarazo

Gorgoroso explicó que en los equipos multidisciplinarios se ha constatado que en el caso de las adolescentes es la familia la que obliga a abortar. “Vemos que las jóvenes quieren mantener su embarazo pero la familia incide mucho en su interrupción. Es difícil porque es un grupo vulnerable, dependiente emocional y económicamente de la familia”, explicó.

Desde Iniciativas Sanitarias del Pereira Rossell se propone hacer una evaluación general de la aplicación de la ley. Se plantea revisar la vulnerabilidad de los colectivos que están amparados, como en el caso de las mujeres extranjeras que no tienen un año de residencia en el país. También se sugiere analizar la ley desde una perspectiva de la mujer, la calidad del servicio, costos, difusión, accesibilidad y “desgaste” del personal médico asignado.

Si no cumple requisitos, se le indica cómo usar misoprostol

Según las estadísticas de Iniciativas Sanitarias, en el último año un 4,3% de las mujeres que consultó no cumplía con los requisitos que exige la ley de interrupción del embarazo.

En este grupo se encuentran mujeres que excedieron las doce semanas de embarazo o son inmigrantes con menos de un año de residencia en el país.

Gorgoroso dijo que en estos casos igualmente se cumple con el asesoramiento y se les explica a las mujeres cómo llevar a cabo el aborto, aunque no se les ofrece desde el sistema de salud el acceso a los fármacos.

“La ley de salud sexual y reproductiva incluye el modelo de reducción de riesgos y daños por lo que se la asesora para evitar un aborto inseguro. Se les explican los métodos de bajo riesgo para interrumpir el embarazo y se las instruye en el uso de misoprostol, al que van a acceder en el mercado clandestino sin las garantías necesarias”, explicó Gorgoroso.

La objeción de conciencia, apenas aprobada la ley, generó una fuerte polémica. Profesionales e instituciones la invocaron para negarse a participar del proceso que conduce al aborto.

Gorgoroso dijo que queda “mucho por hacer” en la materia porque “en algunos casos hubo verdaderas desobediencias civiles, profesionales que estaban en contra de la reglamentación de la ley o del método, y eso no es objeción de conciencia”, explicó.

Consideró que “la ley demostró que hay un gran desconocimiento de lo que significa objeción de conciencia. El hecho de que fuera esgrimido como argumento no ha incidido en la aplicación de la ley, pero es algo que todavía debe ser discutido. Hay que trabajar para que la objeción pueda ser ejercida libremente pero también se conozcan sus límites”, afirmó.