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La Iglesia en los medios Miles de mujeres marcharon para exigir el aborto legal en Argentina

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Entre 370.000 y 522.000 argentinas deciden interrumpir anualmente su embarazo por medio de abortos clandestinos, según estadísticas oficiales.

Miles de argentinas se manifestaron hoy en diferentes ciudades del país para reclamar la discusión legislativa de un proyecto que contempla la interrupción voluntaria del embarazo.

“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir” fue la consigna impulsada por las organizaciones que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina.

Según estadísticas oficiales, entre 370.000 y 522.000 argentinas deciden interrumpir anualmente su embarazo por medio de abortos realizados en forma clandestina. Esta práctica representa el 14 por ciento de las muertes por maternidad.

Seis veces en los últimos 11 años fracasó en el Parlamento argentino el tratamiento de una ley que legalice el aborto.

Pese a las diferencias políticas que mantienen, tanto la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2017) como el actual mandatario argentino, Mauricio Macri, expresaron en forma coincidente su rechazo a la sanción de una ley en tal sentido.

El reclamo callejero en favor de una ley que contemple la libertad de interrumpir un embarazo fue acompañado también en las redes sociales, principalmente en Twitter, con la leyenda #AbortoLegalYa.

El nuevo proyecto legislativo presentado en el Congreso argentino permite la interrupción voluntaria del embarazo por decisión de la mujer hasta las 14 semanas de gestación sin que existan condiciones legales para hacerlo.

Hasta el momento, la legislación argentina considera que el aborto está permitido en casos de violación y de peligro para la vida o la salud de la mujer.

En marzo de 2012 la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal argentino, precisó que no son punibles los abortos por violación y señaló que las mujeres que sufran abuso sexual podrán interrumpir su embarazo sin autorización judicial previa ni temor a sufrir posteriormente una sanción penal.

Sin embargo, la organización Amnistía Internacional expresó que a más de un lustro de aquella decisión judicial “el acceso al aborto legal no es implementado en todo el territorio nacional”, porque “más de la mitad de las jurisdicciones” no cuenta con una normativa que asegure, de modo efectivo, ese derecho.