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La Iglesia en los medios Médicos quieren llevar a Briozzo y al Estado a la Corte de DDHH

EL OBSERVADOR |

Aborto. Advierten que reciben amenazas para no interponer objeción de conciencia

Médicos que tratan a embarazadas denuncian amenazas. Bloomberg

Más de 100 médicos evalúan denunciar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo que entienden como una “presión” por parte del Estado y en particular del subsecretario de Salud, Leonel Briozzo, para que revisen su decisión de ampararse en la objeción de conciencia para no indicar abortos.

Así lo aseguró a El Observador el abogado Agustín Amonte, quien presentó un recurso de revocación y jerárquico contra la reglamentación de la ley que legalizó el aborto, por entender que los profesionales están siendo vulnerados en su “derecho a la objeción de conciencia”.

“Ante las constantes amenazas veladas que sufren estos médicos día a día por parte del Ministerio de Salud Pública, están tomando nota de las declaraciones de Briozzo y de todas las amenazas que viene realizando desde hace días”, dijo Amonte, en particular referencia a la intención del MSP de redactar un procedimiento por el cual los médicos deban hacer una “justificación real” de su objeción de conciencia por escrito para que sea aceptada.

Briozzo entiende que existen profesionales que, como no están de acuerdo con aspectos de la reglamentación de la ley que despenaliza el aborto, firmaron la objeción de conciencia para evitar seguir esos procedimientos, pero que su negativa no tiene que ver con motivos filosóficos, morales o religiosos, como se prevé en la norma.

Los ginecólogos, según Amonte, están siendo asesorados por un “grupo jurídico importante” que incluye a catedráticos grado 5 de la Facultad de Derecho. Antes de acudir a la CIDH analizan el primer paso a dar a nivel local, ya que antes de recurrir al organismo internacional deben agotarse los mecanismos internos, explicó el abogado.

“Los médicos no van a seguir permitiendo que Briozzo diga los disparates que está diciendo. Se va a llegar hasta las últimas consecuencias para responsabilizar al Ministerio de Salud Pública y al Estado uruguayo”, dijo Amonte.

Sobre la concepción del subsecretario de que muchos médicos interponen el recurso por razones que no tienen que ver con la objeción de conciencia, dijo que “como no tenían en cuenta que muchos médicos están en defensa de la vida ahora tiran ese manto de duda en la población”. Agregó que los médicos ya advirtieron que su posición es “inamovible”, aunque “temen” que el MSP tome represalias.

Intromisión

En tanto, las otras dos cátedras de ginecología están enfrentadas al MSP. Briozzo es el tercer catedrático. Su colega Justo Alonso fustigó la actitud que está asumiendo el subsecretario. Relató a El Observador que hace unos 15 días tanto él como sus docentes y asistentes fueron citados al MSP para recibir información sobre la ley.

“Desde el gobierno del Frente Amplio se viola la autonomía universitaria (…) Esto fue muy inapropiado; si hubiera ocurrido en un gobierno del Partido Nacional o Colorado hubiera estado en primera plana como intromisión de la autonomía universitaria”, dijo, ya que “el único que puede citar a todos los docentes de una cátedra universitaria es el decano de la Facultad de Medicina, o el profesor de la cátedra correspondiente”. Le hizo saber el hecho al decano, Fernando Tomasina, por considerarlo “una intromisión inaceptable”.

Alonso criticó también el editorial que Briozzo escribió en la página de la Clínica Ginecotocológica A (una de las tres cátedras), en el que cuestionó a los médicos por interponer su postura personal sobre la solicitud de las pacientes. “Yo no sé en qué rol el profesor Briozzo está escribiendo esto. Lo escribe en la página de la cátedra, como si fuera la opinión de la Universidad”, dijo.

Señaló que “hay una mezcla de errores que no se habían dado nunca. Generalmente, los que eran nombrados miembros del Poder Ejecutivo, lo que hacían era pedir licencia. Eso cambió desde la época de Tabaré Vázquez que mantuvo sus dos cargos, igual que Briozzo”.

Además, coincidió con quienes lo acusan de presionar y amenazar. Dijo que escuchó “por lo menos en dos oportunidades, de boca de Briozzo, amenazas de que el médico que no cumpla con el decreto es posible que se lo denuncie por omisión de asistencia o desprotección legal”.

El Observador intentó sin éxito comunicarse con Briozzo. l

Situación traumática en Maldonado

El primer aborto legal contemplado en la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) realizado en Maldonado fue un calvario para la mujer que se lo practicó. De acuerdo a una nota publicada ayer por La Diaria, la mujer debió pasar por una serie de situaciones traumáticas para que se le practicara el aborto cuando estaba al borde de las 12 semanas de gestación. La mujer, que había utilizado Misoprostol para interrumpir su embarazo antes de que fuera promulgada la ley, y debió culminar el proceso en el hospital, relató burlas de profesionales y comentarios sobre su decisión. La coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Leticia Rieppi, dijo que la capacitación al personal es necesaria y que comenzará en febrero.