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La Iglesia en los medios Libertad de conciencia estaría en la ley de aborto

EL PAÍS |

Diputados. Las delegaciones cuestionan forma de votar la ley y piden cambios al texto

DANIEL ISGLEAS

Tras nuevos planteos, el Frente Amplio aceptaría permitir que la ley que despenalizará el aborto incluya la posibilidad de que las instituciones que se oponen al procedimiento por razones de conciencia (ética o religiosa) puedan negarse a realizarlos.

En la comisión especial de la Cámara de Representantes que analiza el proyecto para permitir la interrupción voluntaria del embarazo ya ha habido contactos informales para incluir una norma que permita la libertad de conciencia institucional para los centros de salud, tras los primeros planteos de distintas organizaciones, entre ellas el Círculo Católico y el Hospital Evangélico.

En el Frente Amplio habría disposición a incorporar esa norma al proyecto, que parece destinado a ser sancionado entre fines de septiembre y mediados de octubre, tras su paso por el plenario de Diputados y luego otra vez por el Senado.

La libertad de conciencia institucional significa que un centro de salud podría negarse a un pedido de una afiliada para la interrupción de su embarazo. En tal caso, según lo que se ha venido conversando, habría una situación excepcional para que esa mujer se pudiera cambiar de centro asistencial con el fin de cumplir con su propósito.

Las modificaciones negociadas entre el Frente Amplio y el diputado del Partido Independiente (PI) Iván Posada para sancionar la ley establecen que no se penará a la mujer que decida interrumpir su embarazo si ésta concurre a un servicio de salud y solicita asesoramiento. Allí será atendida por un equipo multidisciplinario compuesto por médico, psicólogo y asistente social, quienes le informarán sobre las posibilidades de apoyo económico que puede recibir, la opción de la adopción y brindarán contención. La mujer tendrá cinco días para reflexionar y si ratifica su decisión, será derivada a un médico que la asesorará sobre el método de interrupción más adecuado.

CAMBIOS. En los últimos dos días, un total de 34 organizaciones y personas vinculadas con el tema hicieron conocer su posición a favor o en contra de la interrupción voluntaria del embarazo en la comisión legislativa que analiza el tema, que es presidida por el diputado frenteamplista Juan Carlos Souza.

“Varias” de ellas, y no solo el Círculo Católico y el Hospital Evangélico, pidieron habilitar la libertad de conciencia, dijeron a El País integrantes de la comisión legislativa.

Además, una serie de instituciones u organizaciones que están a favor de la despenalización promueven modificaciones, por lo cual se considera que es posible que haya varios cambios al proyecto del Senado. Se ha cuestionado, por ejemplo, la intervención del equipo multidisciplinario y se ha pedido que la ley directamente legalice el aborto derogándose los artículos del Código Penal y no lo despenalice en determinadas circunstancias.

En las reuniones de estos días, las organizaciones opuestas a la ley que se aprobará consideran que “se señala como despenalización lo que es claramente una legalización, ya que al obligar a todos los centros de salud a realizar abortos se determina su legalización, correspondiéndole a la mujer el derecho a abortar”.

MALESTAR. El procedimiento de aprobación en la comisión, incluso votándolo antes de escuchar a las delegaciones interesadas, no registra precedentes en el Parlamento y ha sido fuertemente cuestionado por las delegaciones, dado que se considera que es “antidemocrático” e “irregular”, según manifestara ante la comisión el edil Carlos Iafigliola, presidente de la Mesa Coordinadora Nacional por la Vida, entidad que se opone al proyecto de ley.

Se cuestiona también que el tema haya sido retirado de la comisión de Salud Pública de Diputados, donde no tenía mayorías para ser aprobado, y llevado a una comisión especial donde sí había votos suficientes. Esta decisión se tomó a las 3.30 de la madrugada del 13 de julio, tras la votación del proyecto de liquidación de Pluna.

La creación de la comisión especial fue vista por los que se oponen a la ley de despenalización como “una maniobra política” del Frente Amplio y del diputado Posada “para asegurarse las mayorías”, relató Iafigliola.

Varios años sin muertes por aborto en hospitales

Hasta el mes de marzo pasado, en que ocurrieron dos casos, hacía unos cuatro años que en Uruguay no se registraban muertes por abortos en todo el sistema sanitario. El diputado Javier García obtuvo esta información como respuesta a un pedido de informes que cursó en su momento al Ministerio de Salud Pública. “Este año se reportaron dos muertes que se afirmó que se produjeron por el uso de Misoprostol como abortivo, pero en por lo menos los tres años anteriores no hubo mortalidad materna por aborto provocado en todo el sistema de salud”, indicó García a El País. “Eso indica con claridad que no vale el argumento de que hay que legalizar la práctica del aborto porque es la mayor causa de muerte de madres”, añadió el legislador nacionalista. El Misoprostol es el método más utilizado para interrumpir el embarazo, pero solo está permitido acceder al mismo mediante receta. Se trata de un medicamento indicado para úlceras gástricas. Se estima que en Uruguay se practican 33.000 abortos anuales, según una investigación realizada por el Centro Internacional de Investigación e Información para la Paz, la que fue encabezada por Rafael Sanseviero y la antropóloga Susana Rostagnol.