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La Iglesia en los medios Ley sobre aborto voluntario: No satisface las expectativas, pero es un avance

LA REPÚBLICA |

La nueva ley no satisface las expectativas de quienes desde hace décadas vienen luchando por el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, pero constituye un avance.

ISABEL VILLAR

El pasado 17 de octubre el Senado completó lo que tres semanas antes había comenzado la Cámara de Representantes: la aprobación de la ley que establece que no se aplicarán las penas previstas en el Código Penal para el delito de aborto, cuando este se realice dentro de las doce semanas de la gestación y siempre que se recorra todo el proceso que ella misma prescribe.

La nueva ley no satisface las expectativas de quienes desde hace décadas vienen luchando por el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, pero constituye un avance.

Las palabras no son inocentes; mal usadas, sea por ignorancia o para llevar agua al propio molino, transmiten mensajes que no reflejan la realidad.

La flamante ley sobre interrupción voluntaria del embarazo no legaliza el aborto, como muchos medios de comunicación anunciaron y reiteraron. Porque el aborto sigue siendo delito: lo que sucederá cuando entre en vigencia es que, si se cumplen los requisitos expresamente establecidos, el aborto será no punible, es decir no se le aplicarán ni a la mujer ni a quien colabore con ella las penas de los artículos 325 y 325 bis del Código Penal (3 a 9 meses y 6 a 24 meses de prisión, respectivamente).

Esos requisitos incluyen, además del plazo límite de 12 semanas de gestación, exponer a un profesional de la ginecología las razones por las que se quiere interrumpir el embarazo; comparecer ante un grupo integrado por profesionales de distintas disciplinas; “reflexionar” durante al menos cinco días y volver adonde se inició el periplo para confirmar la voluntad, en su caso.

Si la mujer no cumple con la totalidad de estos pasos e igual realiza el aborto (por ejemplo, utilizando misoprostol en la intimidad de su hogar) incurre en delito y, si es denunciada, podría caer sobre ella todo el peso de la ley penal.

Constituyen excepciones a la regla que la gravidez implique grave riesgo para la salud de la mujer y las malformaciones del feto incompatibles con la vida extrauterina, casos en que no regirán ni tiempos ni requisitos. Si el embarazo es fruto de una violación acreditada con denuncia judicial, tampoco serán exigibles estos últimos y el plazo se extiende a 14 semanas de gestación, lo que constituye un retroceso respecto de la situación actual, ya que el Código Penal no define un plazo para poder acceder al beneficio de disminución o hasta de eliminación de la pena.

Mujeres tuteladas

A diferencia de la iniciativa aprobada por ambas Cámaras en 2008 y vetada por el ex presidente Tabaré Vázquez, y de la aprobada en el Senado en 2011, que no alcanzó los votos necesarios en la Cámara de Representantes, la nueva ley no reconoce el derecho de la mujer a abortar con solo expresar esa voluntad dentro del plazo determinado.

Como si no se confiara en la seriedad de las decisiones femeninas, en su capacidad de informarse, reflexionar y resolver, se prevé un proceso con varias etapas mediadas por profesionales de la salud, al cabo de las cuales si la voluntad de la mujer se mantiene recién se le habilita el camino para la interrupción del embarazo. En el curso del mismo podría haber presiones sobre ella o incumplimiento de plazos que perjudicarán el objetivo. Este tutelaje, rémora de otros superados o existentes cuyo único fundamento es la discriminación de las mujeres, choca contra las expectativas de tantas organizaciones sociales y personas que vienen luchando desde hace décadas por el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

Resistencias institucionales

Una novedad es la consagración de una especie de objeción de conciencia “institucional”, en tanto la ley habilita a los prestadores de servicios de salud a invocar su “ideario” para poder abtenerse de realizar la práctica. Claro que tendrán que tener una alternativa para sus usuarias que la demanden, pero no cuesta mucho imaginar la situación de una mujer que ha recorrido el proceso antes reseñado y al cabo del mismo se encuentra con un obstáculo más: tener que acudir a una institución distinta de la que le da cobertura, para por fin poder concretar una decisión que tomó de acuerdo a su conciencia, mucho antes de que todos los terceros autorizados por la ley la confrontaran con sus propias opiniones.