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La Iglesia en los medios Laicidad amenazada por fundamentalismos [Opinión]

LA REPÚBLICA |

Por: Hugo Acevedo, Analista

La separación del cargo de la Directora del Liceo Nº 1 de Salto, Diana Lucero, en el marco de una investigación administrativa destinada a indagar una grave denuncia de violación de la laicidad, desató una nueva tormenta política que enfrenta al oficialismo con la oposición.

Si bien se trata de un procedimiento ajustado a derecho que para nada constituye una excepción, en este caso está revestido de connotaciones que rozan lo ideológico y lo ético.

El origen del conflicto fue un encuentro desarrollado en dicho centro liceal con autorización de la dirección, durante el cual se celebró una instancia de reflexión colectiva sobre el aborto y el uso de anticonceptivos.

La denuncia, que partió de la diputada frenteamplista Manuela Mutti, da cuenta que un grupo de madres, que se identificaron como “comprometidas en la lucha contra el aborto”, brindaron una charla acerca del tema, con una óptica claramente sesgada y contraria a un procedimiento médico amparado por ley.

También distribuyeron folletos con imágenes de explícito proselitismo católico, que condenaban los métodos anticonceptivos y estatuillas de cerámica que representaban a fetos humanos.

El programa de actividades incluyó la proyección de un video, en el cual una mujer que se realizó un aborto le pide “disculpas a Dios”. La escandalosa pieza audiovisual fue difundida por un estudiante que grabó el encuentro.

Según lo confirmado, la directora del liceo había convocado a la jornada con carácter “obligatorio” para estudiantes de Bachillerato.

Se trata de una flagrante violación al principio de laicidad consagrado por el artículo 5º de la Constitución de la República, que establece -a texto expreso- que “el Estado no sostiene religión alguna”.

Aunque el mandato constitucional reivindica la libertad de cultos, la práctica de la liturgia debe celebrarse en el ámbito privado o en los lugares destinados a esos efectos, como templos, iglesias y locales religiosos en general. En esos espacios, no existen restricciones de naturaleza alguna.

De ello se infiere que los edificios públicos y particularmente los centros educativos donde se forman los jóvenes bajo pautas de libertad de conciencia exentas de dogmatismos, no pueden ser utilizados con fines proselitistas.

La grave falta no se origina en el tema analizado–que es un tópico de debate- sino en el procedimiento empleado por los convocantes, que es contrario a derecho.

El acto médico cuestionado está consagrado por la ley 18.987 impulsada y promulgada por los gobiernos de izquierda, que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo, en las primeras doce semanas de gravidez.

La norma, que otorga a la mujer el derecho al libérrimo uso de su cuerpo y al ejercicio pleno de su sexualidad, es tan democrática que contempla incluso -en su artículo 11- la objeción de conciencia de los profesionales médicos.

Por ende, sorprenden sobremanera las declaraciones del senador colorado y ex intendente salteño Germán Coutinho, quien afirmó que “destituir a una directora es un hecho político impulsado sólo en dictadura”.

La primera consideración -que denuncia la grosera falsedad en la cual incurre el parlamentario- es que la jerarca no fue destituida y sí sumariada. Por ende, permanecerá separada de su cargo durante seis meses, en los cuales se sustanciará la denuncia en los ámbitos jurisdiccionales correspondientes.

A diferencia de lo que sucedía durante el período autoritario, la investigada estará amparada por todas las garantías del debido proceso, teniendo derecho a defensa y a los descargos pertinentes.

Si fuera cesada, igualmente Coutinho carecería de la autoridad para criticar la eventual decisión de las autoridades, porque, durante los gobiernos colorados, hubo directores sumariados y hasta destituidos por el mero hecho de ejercer el derecho de huelga, en flagrante violación al artículo 57 de la Constitución de la República que consagra y ampara dicha prerrogativa.

Otro desplante del legislador es haber acusado a las autoridades de persecución política, porque la directora, según su versión, sería de filiación colorada.

Durante los gobiernos frenteamplistas, jamás se destituyó a nadie por razones políticas o ideológicas, contrariamente a lo que sí sucedía en las administraciones de derecha.

Los ataques también partieron desde el Partido Nacional, a través del nacionalista Carlos Iafigliola, quien milita en la denominada Corriente Social Cristiana, Movimiento Pro Vida y Familia, que fue impulsora de la campaña contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

“Hemos visto charlas de docentes donde se introducía el tema de la ideología de género, como el manual famoso de Ovejas Negras y el Mides, y en ninguno de estos casos se configuró una separación del cargo”, aseveró, al tiempo de afirmar que “se mete una ideología en la cabeza de los estudiantes con un criterio flechado. Hubo participación de colectivos o docentes en talleres, que llevan una visión del tema de la sexualidad que violenta la laicidad”.

El diputado blanco -que evidentemente es un dogmático visceral-debería comprender que el abordaje de las políticas de género no constituye una violación de la laicidad. Lo que sí vulnera ese principio es un pronunciamiento de orden religioso.

Su intransigente postura es coincidente con la del también parlamentario blanco Álvaro Dastugue, integrante de la denominada “bancada evangelista”, quien, en recientes declaraciones a la prensa, aseguró que si el Partido Nacional gana las elecciones, debería derogar las normas que autorizan la interrupción voluntaria del embarazo y de matrimonio igualitario y la que despenaliza la venta de marihuana. A su juicio, “esas leyes le hacen mal a la sociedad”.

Incluso, al ser consultado acerca de la homosexualidad como opción de vida, afirmó categóricamente: “considero que está fuera de la voluntad de Dios”.

“Me siento muy cómodo dentro del Partido Nacional, porque entiendo que en su Carta Magna defiende principios que yo defiendo”, concluyó el parlamentario.

En idéntico tenor se manifestó el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, quien cuestionó la “hegemonía cultural” que transformó al aborto en un derecho.

Como el nacionalismo comulga con esa ideología confesional conservadora y retrógrada, mejor no pensar qué sucedería en la sociedad uruguaya si dicho partido gana las elecciones de 2019.

En esa hipótesis -como esa fuerza política aduce tener el monopolio de la “fe” y de la “moral”- muchas libertades serían conculcadas retrotrayendo al Uruguay a una suerte de prehistoria en materia de derechos humanos.