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La Iglesia en los medios “La objeción de conciencia no debe ser un obstáculo para prestar servicio”

EL PAÍS |

Experta española en bioética disertó en el Sindicato Médico

La objeción de conciencia esgrimida para no realizar abortos es una de las tantas cuestiones polémicas que orbitan en torno al tema.

La reglamentación de la ley que despenaliza la interrupción del embarazo contempla esta posibilidad y además habilita al Ministerio de Salud Pública (MSP) a llevar un registro confidencial de los objetores. La coordinadora del programa de Salud Sexual y Reproductiva, Leticia Rieppi, informó a El País que las instituciones ya están recabando los nombres de los médicos que harán objeción de conciencia y después esos datos estarán centralizados en el MSP.

A manera de adelanto dijo que hasta el momento “no han sido muchos” los que expresaron su postura contraria a realizar abortos.

El jueves pasado la experta española en bioética, María Casado, dio una charla en el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) para explicarles a sus colegas uruguayos cómo opera la objeción de conciencia en Barcelona, donde el aborto también es legal.

Casado, que es profesora titular de la Cátedra Unesco de Bioética en la Universidad de Barcelona, señaló que lo primero que se debe distinguir es objeción de conciencia de desobediencia civil.

“Es muy necesario hacer esto. El objetor no pide que la norma cambie, pide que a él se lo exima de hacer determinada cosa. La desobediencia civil, por el contrario, es un movimiento mucho más político, es un paquete de presión que pide cambios de la normativa”, explicó.

Agregó que en “España se usa la desobediencia social encubriéndola como objeción de conciencia” y enfatizó que las “cosas deben ser llamadas por su nombre”.

Casado destacó que la objeción de conciencia en el ámbito sanitario opera en una forma diferente a la de cualquier otra rama profesional y en ese sentido puntualizó que lo “fundamental” es que nunca esté en riesgo la prestación del servicio que se objeta.

“Se debe organizar el servicio de forma que se cumpla, no tirar la pelota para arriba y que el problema lo tenga el gerente del centro de salud. Hay montones de hospitales en Barcelona que tienen médicos objetores, pero el servicio se presta. Lo que a la ciudadana le interesa es que le presten el servicio, en tiempo, sin dilaciones, sin dramas, que es a lo que tiene derecho. No hay que poner obstáculos”, afirmó.

La experta dijo que los médicos de Barcelona publicaron un documento de consenso sobre la objeción de conciencia y sus alcances.

Y dijo que se buscó resaltar que la idea es que “el conflicto se produce en la esfera positiva de la libertad de conciencia de la persona que presta el servicio, pero también en la esfera positiva de la libertad de quien solicita el servicio. Y entonces el ejercicio de la objeción tiene que cumplir determinados requisitos de manera que la libertad del otro no quede anulada, porque además su libertad está amparada por el derecho”, argumentó.

Casado también se mostró a favor de que exista un registro oficial de los objetores de conciencia, algo que en España fue cuestionado en un principio por sus colegas.

“Tiene que haber un registro de objetores, usted está pidiendo que se le haga una excepción, entonces no me diga que no quiere que exista esa información”, sostuvo.

Dijo que este registro es público en Inglaterra, pero en España, al igual que ocurrirá en Uruguay, es confidencial.

Además, señaló que ese registro debe contener los alcances de su objeción.

“Que el médico diga a qué objeta: porque a lo mejor no objeta a todos los abortos. A lo mejor está dispuesto a hacer abortos en caso de peligro de vida de la madre, o a lo mejor en caso de malformación del feto, o violación. ¿Por qué tiene que ser todo o nada? Es obvio que es necesario que haya un registro”, sentenció.

Rieppi aclaró que en Uruguay solo se contempla la objeción de conciencia para no realizar abortos a las mujeres que voluntariamente deseen interrumpir un embarazo, pero no en casos de riesgo para la embarazada o en otras situaciones de emergencia. En esos casos no hay excusas.

Dijo también que solo podrá objetar el personal médico y técnico que participe directamente de la ejecución de un aborto. Casado recordó que había una clínica en España donde hasta las mujeres que limpiaban los quirófanos pretendían hacer objeción de conciencia.

En la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay (SGU) existe hasta hoy cierta “preocupación” sobre las consecuencias que tendrá en la práctica diaria que haya médicos que se nieguen y otros que acepten hacer abortos.

¿Qué pasa si en la plantilla de una mutualista u hospital no hay ginecólogos que quieran llevar adelante este procedimiento? ¿Esto afectará su condición laboral actual? ¿Si hay pocos que quieran hacerlo, se verán sobrecargados? ¿Serán estigmatizados por los otros colegas?, son algunas de las preguntas que se empezarán a despejar desde el lunes.