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La Iglesia en los medios La ley de reproducción asistida se aprobó sin saber cuánto costará

EL OBSERVADOR |

En el Ministerio de Economía no fueron consultados y advierten que tendrá “alto costo fiscal”

El Frente Amplio cumplió con aprobar una ley histórica, tanto por los años que llevaba debatiéndose como por lo que implica para las personas que no pueden tener hijos fácilmente. El proyecto que regula todo lo relativo a las técnicas de reproducción asistida transitó varias veces en las distintas cámaras, se debatió ampliamente y sufrió varias modificaciones. Sin embargo, en ninguna instancia de la discusión alguien se planteó la pregunta de cuánto costaría cumplir con la nueva norma, que implica ampliar el acceso a las técnicas y eliminar la barrera económica.

Peor aun: conscientes de que el costo sería muy elevado, los legisladores optaron por dejar el tema del financiamiento librado casi por completo al decreto reglamentario que deberán redactar ahora en el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Lo único que la ley dice al respecto es que las técnicas de baja complejidad (aquellas que se realizan dentro del aparato genital femenino) serán prestaciones obligatorias de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y se financiarán siempre y cuando la mujer tenga menos de 40 años. En tanto, las técnicas de alta complejidad serán parcial o totalmente subsidiadas por el Fondo Nacional de Recursos (FNR) hasta en un máximo de tres intentos y “en las condiciones que defina la reglamentación”.

El senador frenteamplista Ernesto Agazzi reconoció el problema en una reunión de la comisión de Salud del Senado: “Sabemos que en una ley eso es bastante inaceptable, pero está escrito así, como manera de dejar una puerta abierta y encontrar una forma más ajustada. Es obvio que una norma no puede decir ‘mire que el decreto reglamentario se va a hacer cargo de las cosas’”, según consta en actas.

Sin embargo, así fue. Y en el MSP confiaron a El Observador que aún no empezaron a realizar los cálculos que corresponde hacer cuando se incluye un servicio dentro del Plan Integral de Asistencia en Salud (PIAS), como en este caso. Es decir, no se sabe cuánto costará que las mutualistas y ASSE ofrezcan las técnicas de baja complejidad como una prestación obligatoria. El análisis financiero se iniciará recién cuando se promulgue la ley (en los próximos días) y el MSP se aboque al decreto reglamentario, para lo cual tiene un plazo de 90 días.

En tanto, el FNR, que según la ley deberá hacerse cargo de las técnicas más costosas, ni siquiera fue consultado al respecto. Alarico Rodríguez, subdirector técnico del Fondo, contó a El Observador que durante la discusión en el Senado los llamaron para avisarles que más adelante los convocarían. Los técnicos del FNR estudiaron el tema, hicieron sus estimaciones, y se quedaron esperando porque finalmente no los invitaron. Se enteraron por la prensa que la ley los involucraba. Y hasta el momento no han recibido ninguna notificación oficial.

Justamente por eso Rodríguez no quiso divulgar cuánto estiman que costará la ley. “Millones”, se limitó a decir. Y advirtió que la cantidad de millones dependerá de la reglamentación. No se sabe todavía, por ejemplo, cuántos intentos con técnicas de baja complejidad serán requeridos antes de pasar a las de alta complejidad. Y eso será determinante de cuántas personas se traten con una o u otra técnica.

Según estadísticas mundiales, alrededor del 15% de las parejas tienen problemas para concebir hijos por medios naturales. Si se mira la cantidad de mujeres en edad reproductiva en Uruguay según el censo, resulta que aproximadamente 6 mil parejas están en esa situación hoy. Los costos de las técnicas van de los US$ 600 en el caso de una inseminación artificial normal, a los

US$ 12.000 para una fecundación in vitro con especificidades.

“Impacto fiscal”, según MEF

El presidente de la comisión de Salud del Senado, el colorado Alfredo Solari, dijo a El Observador que si no se discutió el costo de la norma fue por dos motivos: porque no se sabe bien cuál será la demanda –ya que se arrastran muchos interesados de varios años–, y porque tampoco se sabe los costos de las técnicas. Lo que se conoce son los precios, pero se presume que el Estado podrá negociar para abaratarlos.

Solari aclaró que “los legisladores oficialistas aseguraron que estaba el visto bueno del Ministerio de Economía (MEF)”, de modo que no se preocupó más sobre el tema.

Sin embargo, el economista y asesor del MEF, Martín Vallcorba, aseguró que no fue así. “En ningún momento participamos del proceso de discusión de este proyecto. Nunca nos convocaron para ver la opinión nuestra, del MEF. Y la realidad es que es un proyecto en el que nunca se discutieron los temas vinculados a los protocolos y la cobertura que se iba a otorgar, más allá de alguna referencia que puede haber. Pero sobre todo nunca se analizó cuál era el costo. Se aprobó un proyecto de ley en el cual no se evaluó el costo que tiene su implementación y que seguramente sea elevado”, dijo a El Observador.

Vallcorba agregó que “si se mira exclusivamente desde el punto de vista económico, el proyecto tiene impactos fiscales e impactos por el lado de la inflación”. El impacto fiscal se explica porque el FNR va a precisar más recursos para financiar las técnicas de alta complejidad. Si bien el organismo cubre los tratamientos con dinero del Fonasa, hoy ese fondo ya es deficitario y requiere del apoyo de Rentas Generales. Es decir, no alcanza con lo que se recauda de parte de trabajadores y patrones para financiar todos los servicios de salud que brinda el SNIS, y menos alcanzará cuando las instituciones deban ofrecer técnicas de reproducción asistida.

La inflación, en tanto, no tendrá un impacto significativo, pero aumentará porque aún hay un

8 % de la población que son afiliados individuales y pagan la asistencia de su bolsillo. Vallcorba explicó que a ellos se les subirá la cuota para costear la prestación, lo cual impactará en el Índice de Precios al Consumo y por ende en la inflación. “Son cosas que lo que hubiera correspondido habría sido discutirlas en el trámite parlamentario”, concluyó.

Papel del MSP

El proyecto que en 2012 aprobó Diputados decía simplemente que el Estado se encargaría de financiar las técnicas. No se había consultado a nadie del MSP. De hecho, en aquel momento el presidente de la Junasa, Luis Gallo, hizo público su malestar en declaraciones a El Observador: “Saldrá una ley, vendrá al MSP para reglamentar, y dormirá en un cajón”.

Más adelante, se convocó al MSP al Senado para discutir el proyecto. El delegado fue el subsecretario Leonel Briozzo. En una de las instancias, un abogado que lo acompañó advirtió que había que consultar a Economía: “un actor de primera línea en este tema que debería ser oído por el rol que juega en la financiación del SNIS”, señaló.