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La Iglesia en los medios Justicia no inició acción por aborto clandestino

EL PAÍS |

MSP. No se hace responsable por los “grises” de la ley

Desde el MSP se aseguró que la potestad de cambiar puntos “grises” de la ley del aborto es de los legisladores y que no le corresponde revisarla. La Justicia descarta por el momento actuar en el caso de la mujer que abortó en forma clandestina.

La mujer que inició el proceso para abortar de forma legal, pero que luego decidió interrumpir su embarazo clandestinamente por fallas en el medicamento recetado, se convirtió en el “caso testigo” de los aspectos de la ley del aborto que quedan en un limbo.

Laura Galván denunció a El País que consultó en el Hospital de Las Piedras en tiempo y forma (en la semana 11 de gestación), pero el misoprostol le falló en dos ocasiones y no pudo completar el aborto. Cuando volvió a consultar ya se había pasado el plazo de 12 semanas y los médicos le negaron la interrupción del embarazo.

Desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) se reconoció que la ley tiene estos puntos “grises” y polémicos pero se aclaró que no está por dentro de sus potestades revisar la norma.

“Nosotros tuvimos que reglamentar una ley que ya establecía el plazo de 12 semanas como límite legal. Si hay que revisar esto le corresponde a los legisladores”, señalaron a El País fuentes de la cartera.

Por otra parte, las autoridades del MSP se llamaron a silencio y evitaron hacer comentarios sobre el caso de Laura Galván.

PLAZOS. El diputado Iván Posada (Partido Independiente), uno de los redactores de la normativa, cuestionó la reglamentación realizada por el Ministerio de Salud. Se detuvo en las consultas con el equipo multidisciplinario y dijo que la interpretación que hicieron las autoridades sanitarias de este tramo de la ley termina enlenteciendo todo el proceso.

“La ley establece que la consulta con los profesionales debe ser conjunta. Con los tres profesionales. Y eso tiene un fundamento: lo que se busca evitar es que haya un trasiego de reuniones. Está claro que allí hay una situación límite, y entonces esta instancia debe ser única”, cuestionó y recordó que la reglamentación permitió que la mujer tenga entrevistas individuales. “Allí hay un aspecto que entre otras cosas puede significar una demora y de alguna manera quita garantías No es lo mismo que tres profesionales se atengan al cumplimiento de una reglamentación donde hay un control por oposición de intereses a que se haga de forma individual”.

En referencia al caso concreto de Laura Galván, Posada insistió en que su situación debió haber sido contemplada. “Hay experiencia de que eventualmente el misoprostol falla y si la evidencia médica indica eso lo que se tiene que tener por parte de las instituciones es prevenciones para esos casos”.

Para Posadas, la Justicia tendría que actuar de oficio para dirimir si hubo irregularidades en la aplicación de la ley y también por el hecho de que la mujer haya confesado un delito al decir públicamente que recurrió a un aborto clandestino.

“Acá hubo una manifestación pública de una situación, la Justicia tiene que actuar de oficio y no esperar que haya una denuncia. Tomar cartas en el asunto e investigar”, dijo.

Según una ronda que hizo ayer El País con jueces y fiscales de turno, no se habían iniciado acciones por este caso. La jueza de turno, Fanny Canessa, dijo que no estaba al tanto de posibles acciones. Las dos fiscales de turno, Dora Domenech y Ana María Tellechea descartaron actuaciones. Los otros dos jueces de turno, Ricardo Míguez y Nelson de los Santos no pudieron ser ubicados por este matutino.

Además, ayer Galván señaló en declaraciones a distintos medios que el aborto lo concretó fuera del Uruguay, precisamente en Brasil. En ese país el aborto no está legalizado.

Lilián Abracinskas, codirectora de la ONG Mujer y Salud Uruguay (MYSU), dijo ayer a Montevideo Portal que “el problema radica en que ella admite que comete un delito, porque la ley es clara. O se sigue con el procedimiento con las instituciones habilitadas, o se incurre en un delito. El aborto no se despenalizó. En caso que intervenga un juez de oficio, se puede complicar su situación”.

Abracinskas sostuvo que las clínicas abortivas continúan funcionando, “aunque se redujeron enormemente”, aclaró.

“Comenzaron a desaparecer desde que comenzó a usarse el misoprostol. De alguna manera el circuito clandestino tomó otro camino. Hoy en día pocos saben dónde están las clínicas clandestinas”, explicó.

En el primer mes de la ley se realizaron unos 200 abortos informaron las autoridades sanitarias. “No se reportaron ningún tipo de complicaciones en los procedimientos que se realizaron a lo largo y ancho del territorio y no hubo problemas graves, sí respecto a los plazos para llevar adelante el procedimiento, pero hay que ir afinándolo”, dijo en ese momento el subsecretario de Salud, Leonel Briozzo.

“Me dio mucha tristeza”

“Vi con mucha tristeza la situación de esta señora. No se puede ser tan estrictos con el tema de los plazos”, dijo ayer a El País el catedrático de ginecología Justo Alonso.

Para el especialista, el Ministerio de Salud Pública “debió haberse encargado de la situación” y “darle una respuesta” a la mujer que había consultado en los plazos legales para hacerse un aborto.

Alonso recordó que los plazos de gestación de un embarazo “no son tan exactos como la gente piensa” y que los profesionales, por lo general, lo estiman con un diferencia más-menos de siete días.