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La Iglesia en los medios Juez dice que el Estado debe terminar con las prácticas “medievales” que aplica para contener a los adolescentes que cometen delitos

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Para poner fin a “prácticas” que son “verdaderamente medievales” en la atención de los menores de edad presos, un juez accedió al reclamo de casi U$S 90.000 por daño moral que una madre presentó contra el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) debido a los malos tratos que sufrió su hijo cuando estuvo detenido.

El martes 4, el juez de lo Contencioso Administrativo, Gabriel Ohanian, hizo lugar al reclamo presentado por la madre de un adolescente que cometió un delito de rapiña y condenó al Estado a pagar  $ 2.550.000 (U$S 89.473) por concepto de reparación patrimonial y daño moral.

La demanda fue realizada contra el INAU y el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). A comienzos de 2016, el Sirpa pasó a llamarse Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y se transformó en un servicio descentralizado.

En abril de 2015 el adolescente ingresó a dependencias del entonces Sirpa por un delito de rapiña en carácter de “primario”. La madre del joven contó en el juzgado que su hijo le dijo que sufría “tratos vejatorios e inhumanos”, según consta en la sentencia.

Agregó que llegó a dormir en un sótano y que fue medicado en “forma excesiva, lo que le provocó agresividad y descontrol”.  El caso fue denunciado ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y en la Justicia penal. En el hogar Ser de la Colonia Berro el adolescente era golpeado, agregó la madre.

Las autoridades del INAU y el Sirpa negaron en el juzgado que el joven sufriera malos tratos. Sostuvieron que el adolescente no durmió en un sótano ni se le dio una sobredosis de medicamentos.

Pero el juez señaló que los malos tratos están comprobados por la prueba testimonial y por las investigaciones realizadas en la órbita penal.

El juez confirió “escaso valor convictito” a los dichos de los funcionarios del INAU que se presentaron en la sede para declarar contra la demandante. Señaló que tienen la obligación de denunciar los abusos y opinó que “subyace” un “manto de silencio que cubriría la situación” denunciada “desde las cúpulas”.

“La conclusión probatoria deviene unívoca y cabe entender que mediante prácticas sistemáticas de torturas, tratos degradantes y humillaciones, el Estado violentó los más elementales derechos constitucionalmente reconocidos, tales como la vida, el honor, la dignidad, la integridad física”, escribió Ohanian.

Agregó que es “paradójico” que ocurran “estos atropellos” en un organismo que tiene como tarea “intentar rehabilitar” a los adolescentes que cometen delitos.

La madre del “joven torturado”, afirmó Ohanian, “padeció evidentes daños morales y angustia al estar al tanto de la situación de su hijo, sin poder hacer prácticamente nada para aliviarla”.

El juez dio lugar al reclamo de la madre por casi U$S 90.000 porque el Estado vulneró la “más elemental dignidad humana” de un adolescente que proviene de “contextos carenciados”. Afirmó que se provocó un daño moral y justificó la suma a pagar para que “este tipo de prácticas, verdaderamente medievales, sean desterradas”.

La sentencia del pasado martes es la tercera en lo que va del año que condena al Estado a pagar por los malos tratos que han sufrido los adolescentes en dependencias del Inisa.

En febrero, el juez Pablo Eguren, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de tercer turno, condenó al Estado a pagar $ 224.000 a una madre y su hijo debido a los malos tratos que recibió cuando estuvo recluido en el hogar Ser del Inisa.

A comienzos de marzo, Eguren emitió otra sentencia en la que condenó al Estado a pagarle $ 240.000 por daño moral a una madre de un adolescente infractor que también había sufrido malos tratos en el centro Ser.

Las tres sentencias suman U$S 105.000. En todos los casos, la abogada de los demandantes fue Sandra Giménez. El INAU y el Inisa ya apelaron los primeros dos dictámenes de Eguren. Fuentes del Inisa dijeron a Búsqueda que está resuelto a apelar todas las sentencias contrarias que tenga el organismo.