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La Iglesia en los medios Inisa plantea elevar la edad de responsabilidad penal juvenil [de interés]

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En cinco años disminuyó más del 70% la cantidad de adolescentes presos o en semilibertad; el pico de delincuencia entre los menores es a los 17 años

Escribe Daniel Lema
Los delitos que cometen los adolescentes siempre han estado presentes en el debate político sobre la seguridad. Por eso, a las autoridades del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) les llamó la atención que solo un precandidato presidencial —el comunista Óscar Andrade— pasara por la Torre Ejecutiva para escuchar el informe que presentaron el miércoles 24 sobre el balance y perspectivas para la atención de los jóvenes que cometen delitos.

Hacer cambios al marco legal —entre ellos elevar de 13 a 14 años la responsabilidad penal juvenil—, inaugurar a fines de 2020 un nuevo centro de atención para adolescentes y cerrar varios lugares que hoy tienen problemas edilicios son algunas de las propuestas que el Inisa espera que se concreten en el próximo período de gobierno.

La presidenta del Inisa, Gabriela Fulco, dijo a Búsqueda que junto a varios organismos trabajaron para elaborar una hoja de ruta para el próximo gobierno. “La preocupación de este directorio es poder preparar la transición”, afirmó.

Debido a eso aspiraban a contar con la presencia de los precandidatos presidenciales en la presentación del documento. Sin embargo, solo Andrade asistió.

Fulco explicó que el documento busca alertar a los “presidenciables” sobre la situación de los adolescentes infractores, un tema “vinculado a la seguridad pública”.

“En el campo de la criminología hemos visto un cambio sostenido en la dinámica a lo largo de los años, y hoy no tenemos una criminalidad separada de adolescentes con su forma de delinquir, y los adultos con otra. Está todo combinado, está cruzado con la injerencia del crimen organizado y con el tema de la droga y la patología de la adicción. Por eso tenemos que estar muy alertas y trabajar con las poblaciones vulnerables lo más temprano posible”, sostuvo la jerarca.

Uno de los planteos propuestos es la “revisión y mejora” del marco legal para los jóvenes que cometen delitos. Fulco dijo que la reforma del Código del Proceso Penal impactó en el ámbito juvenil. En algunos aspectos lo hizo de forma negativa, afirmó, como el aumento de la duración de las medidas cautelares, que pasó de un plazo máximo de 90 días a 150 días. Además, señaló que hoy los adultos disponen de un juicio abreviado “y los adolescentes no”. Por eso, se necesita una “revisión” de ese sistema, insistió.

El Inisa también propone que se analice la posibilidad de elevar a 14 años la edad de responsabilidad penal juvenil. Fulco fundamentó esta propuesta en la experiencia acumulada a lo largo de los años. “Desde hace mucho tiempo nosotros no tenemos ingresos de jóvenes de 13 años. La mayoría de los casos son a partir de los 14 y el pico delincuencial se da en los 17”, dijo.

Fulco comentó que, además, se observa que los jóvenes atendidos vienen con una “historia de alta vulnerabilidad, con procesos de victimización temprana que determinaron un rezago en su proceso madurativo. Son jóvenes que prácticamente no podemos considerar desde el punto de vista del desarrollo sociológico como adolescentes, sino que aún son niños de alguna manera”.

Foto: Nicolás Der Agopián
Menos adolescentes presos
En la presentación del informe la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Marisa Lindner, dijo que la “mejor noticia” que tenían para anunciar era que se había reducido de manera “drástica” la cantidad de adolescentes privados y no privados de libertad.

Según los datos del Inisa, en la actualidad hay 306 adolescentes con medidas privativas de libertad y semilibertad. Cuando asumió la actual administración en 2015, había 1.110 adolescentes en esa situación. La caída fue de 72%.

En tanto, hay 562 menores de edad con medidas no privativas de libertad. En 2015 eran 696.

“Antes teníamos un número muy pequeño de personas en medidas no privativas, porque había mucha negativa por parte del sistema judicial para otorgar una medida alternativa a la prisión”, dijo Fulco. La jerarca destacó que el trabajo con el sistema judicial logró ir cambiando la percepción de los jueces al momento de dictar una sentencia.

Fulco dijo que están elaborando algunas hipótesis para explicar el descenso en las cifras. Señaló que la separación de la atención de los adolescentes infractores del INAU posiblemente sea una de las explicaciones. Un segundo factor que pudo haber influido son las políticas sociales impulsadas por el gobierno, que llegaron a poblaciones vulnerables y “detuvieron la comisión de delitos”.

Sin embargo, hoy es otro tipo de adolescente el que está ingrensando al Inisa: “Traen una psicopatía de base más deteriorada que antes. Se puede decir que están en una franja de imputabilidad, porque hay mucho cuadro psiquiátrico”, dijo.

“Recién se está llegando a un núcleo duro de la población afectada por distintas razones, y los adolescentes llegan a la comisión del delito, donde también hay impacto de la adicción a las drogas, una adicción que empieza, en promedio, a los 8 años”.

Por eso es que el organismo trabaja para contratar más psiquiatras, informó.

En la propuesta de gestión para los próximos años también se plantean cambios en la estructura para enfrentar los problemas edilicios que tiene la institución. Las autoridades del Inisa trabajan para tener pronta antes de que termine el período la licitación para la construcción de un nuevo centro en la Colonia Berro para la atención de 50 adolescentes. El objetivo es que a fines de 2020 o comienzos de 2021 la obra esté terminada. De esta manera, se podrán cerrar, en una primera etapa, centros que recibieron cuestionamientos de organizaciones e instituciones por violaciones a los derechos humanos.

Otro de los planteos del organismo es exigir el bachillerato completo como requisito mínimo para ingresar como funcionario del Inisa. “Es lo que se pide en todo el mundo”, dijo Fulco. A esto se acompañará la creación de una tecnicatura a través de una academia de formación para la especialización en todas las áreas del sistema.

Otras medidas que aparecen en la hoja de ruta son continuar con los planes para atender el consumo de sustancias de los adolescentes y que tengan actividades educativas todo el año. El organismo ya logró que el 100% de los jóvenes estudien, destacó Fulco. También plantean mantener la figura del delegado de centro como portavoz de los menores de edad recluidos.