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La Iglesia en los medios “Hay que tener alternativas para cumplir con el aborto”

EL ESPECTADOR |

El diputado Iván Posada, del Partido Independiente y uno de los redactores de la ley que habilita la interrupción voluntaria del embarazo se refirió al caso de Laura Galván, la mujer de 42 años que inició un juicio por mala praxis al Ministerio de Salud Pública debido a que los medicamentos establecidos por ley para abortar no le funcionaron y debió interrumpir su embarazo en forma clandestina en Brasil.

El caso dado a conocer por el diario El País le ocurrió a Galván en el Hospital de Las Piedras, a donde concurrió para abortar cuando transcurrían 12 semanas de gestación.

Según dijo Galván, la interrupción no pudo efectuarse porque le faltó el misoprostol, medicamento que le había sido recetado en dos oportunidades para abortar debido a que el centro hospitalario no contaba con la mifepristona, el segundo fármaco que la ley estipula.

Según explicó la mujer, luego de decirle que no podían seguir con la interrupción del embarazo lo que hicieron los ginecólogos fue asesorarla sobre cómo proseguir el tratamiento.

En la edición de hoy, El País informa que por el momento la justicia no había iniciado ninguna acción legal por este reconocimiento que hizo Galván de que se efectuó un aborto en una clínica clandestina.

El diputado Iván Posada, del Partido Independiente y uno de los redactores de esta ley que habilita la interrupción voluntaria del embarazo sostuvo que “el problema es que indudablemente cuando se establece un protocolo de actuación respecto al uso de un determinado medicamento y ese medicamento falla, lo que tiene que tenerse previsto en ese protocolo de actuación, en lugar de volver a insistir con la receta del mismo medicamento, es tener una alternativa de carácter quirúrgico como la que en definitiva se realizó en este caso”.

“Cuando hay una constatación en el sentido de que falla un determinado medicamento respecto al objetivo para el cual el mismo se recetó, lo que corresponde, no solo en un caso como el que estamos hablando sino en cualquier caso de actuación médica, es justamente tener alternativas de forma tal de cumplir con el objetivo buscado, en este caso la provocación del aborto”.

“Respecto a este caso a mí me parece que la justicia debiera por lo menos realizar una actuación de oficio a los efectos de establecer claramente las responsabilidades que se han tenido por la propia institución que actuó como eventualmente por la persona que ha hecho este tipo de manifestaciones públicas” concluyó Posadas.