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La Iglesia en los medios Gobierno analiza serie de políticas trans obligatorias para colegios

EL PAÍS |

El Ministerio de Desarrollo Social y autoridades de la Educación trabajan sobre un documento para incorporar políticas trans en la educación. El texto advierte que se debe vigilar «especialmente» su cumplimiento en instituciones privadas.

La Dirección Nacional de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y las autoridades de la educación analizan una serie de medidas tendientes a disminuir las brechas de acceso y permanencia en el sistema de enseñanza de las personas trans. La batería de medidas incluye la eliminación de baños señalizados como «hombre/mujer» y de uniformes según el género, el cambio de programas de biología y materiales de lectura o juego para la primera infancia y formación obligatoria de docentes en diversidad sexual. El documento, con fecha 2 de setiembre, plantea que se debe seguir con «especial atención» el cumplimiento de las medidas en las instituciones privadas.

También se plantea el uso del Plan Ceibal para difundir «material sobre diversidad sexual y derechos de las personas trans» y se acota que sería importante que los docentes «puedan expresar sus identidades y sexualidades libremente (porque) tener referentes diversos ayuda a encontrar espejos en los cuales encontrarse en la construcción identitaria».
Género.

«La identidad de género como la orientación sexual que no se corresponden con la heteronorma, son elementos identitarios condenados y reprimidos por el sistema, no permitiendo un tránsito exitoso a aquellas personas que no cumplen con la norma heterosexista», sostiene el documento. Agrega que las instituciones educativas están «profundamente reguladas por la heteronormatividad que busca reforzar y legitimar la heterosexualidad y la relación entre sexo e identidad de género».

Dentro de lo que identifica como «violencia institucional generizada» identifica situaciones y disposiciones contrarias a las políticas trans. «Los centros educativos no solo reflejan los valores y las actitudes de la sociedad de la que forman parte, también son agentes activos en reproducirlos. Como tales están plagados de normas y disposiciones -formales e informales- que reflejan y promueven un mundo genéricamente binario, conformado exclusivamente por hombres y mujeres. Este presupuesto habilita la adopción de formas de violencia institucional dirigida a todos aquellos sujetos que no se ajustan a las normas hegemónicas», sostiene el documento.

Uno de los problemas que identifica es el uso del nombre de los estudiantes tal como figura en la cédula de identidad. Señala que quienes no se sienten cómodos con su nombre viven problemas a diario, por ejemplo cuando se pasa la lista, lo que se entiende como una suerte de «violencia que, generalmente, es por omisión».

Se cuestiona la existencia de «baños generizados hombre/mujer» lo que «genera incomodidades» tanto para heterosexuales como para personas cisgénero, lo que las lleva a evitar ir al baño durante el horario en el que permanecen en la institución.

También se alude al uso del uniforme, que en general se viste en modelos para hombres y mujeres. Otro aspecto cuestionado es la división por género, como por ejemplo, para las clases de educación física, fiestas, actos u obras teatrales.

El documento realiza una serie de recomendaciones vinculadas a las situaciones antes descriptas.

En ese marco de recomendaciones establece: «Prestar especial atención a las instituciones de educación privada y asegurarse de que den cumplimiento a las disposiciones que rijan para todo el sistema educativo en esta línea; ayudar a que los procesos aterricen en las mismas y promover, si es necesario, medidas específicas orientadas hacia estas instituciones». Tal observación incluye a las instituciones católicas.

El documento recomienda «reformar la reglamentación general de los centros educativos para incorporar elementos que aseguren la inclusión de la población trans: desarrollar mecanismos de monitoreo de su aplicación y capacitar a sus autoridades para asegurar su cumplimiento».

En ese marco plantea «buscar alternativas a las instalaciones diferenciadas para hombres y mujeres, en especial los baños». También que se reconozca el nombre «social» de las personas y capacitaciones a docentes que «inhiban que el adultocentrismo interfiera en el derecho de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de ser reconocidos como quieren serlo, que sean respetados en sus pedidos sin exponerlos frente a pares y familia». Se recomienda «diagnosticar el estado de situación de las clases de educación física respecto de la práctica de diferentes actividades para chicos y chicas» y «promover una reflexión crítica sobre las disposiciones de los centros de enseñanza media respecto de la estética (uniformes) apropiada para ingresar a los mismos y los estereotipos de género que reproducen».

Se plantea que contenidos sobre sexualidad, derechos, género y diversidad sexual sean obligatorios para la formación de docentes. Además, «revisar las prácticas de socialización de género en educación inicial y primaria, evitando la reproducción de modelos hegemónicos de ser «niño» y «niña» desde los juegos, materiales de lectura, cartelería, etc.». Propone «revisar los contenidos de los cursos de biología que abordan cuestiones vinculadas a la sexualidad y reproducción desde una perspectiva de la diversidad sexual e instalar mecanismos para trabajar con los docentes en esta materia específicamente sobre el tema».
Miles ayer participaron de la marcha de la Diversidad

Miles de personas acudieron ayer a la denominada Marcha de la Diversidad, que este año tuvo como consigna «Ni un voto a la discriminación. Los derechos no se bajan», en alusión al plebiscito que en octubre propone bajar a 16 años la edad de imputabilidad.

A la marcha, que transcurrió por 18 de julio, convocaron organizaciones sociales, el Ministerio de Desarrollo Social y sectores de todos los partidos políticos. La Coordinadora de la Marcha por la Diversidad señaló que en la instancia se celebraron los derechos conquistados por la comunidad LGBT en los últimos quince años. Entre ellos se destacaron el matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley de identidad de género, la adopción monoparental y la Tarjeta Uruguay Social para trans.
Becas «atractivas» para personas trans

El 82% de las personas trans no supera la barrera del ciclo básico, según datos que se desprenden de los usuarios que utilizan la tarjeta del Mides focalizada en ese colectivo.

La orientación sexual e identidad de género son el segundo motivo de denuncias por discriminación en Uruguay (19,2%).

El documento del Mides señala que las personas trans viven situaciones de violencia en los centros educativos que pasan desde las agresiones físicas leves y graves, que son las menos, hasta la verbal, que es la que se recuerda con mayor angustia.

El documento propone la instalación en el sistema educativo de protocolos de denuncia de violencia transfóbica para estudiantes violentados por docentes, en particular a nivel de formación docente y la educación terciaria. Dichos protocolos deben asegurar la confidencialidad del estudiante.

En el caso de la violencia entre pares, establecer protocolos de trabajo tomando como antecedente los realizados para la violencia doméstica.

También se propone que en todos los diagnósticos, monitoreos y evaluación de políticas de Mides y ANEP se incluya la variable identidad de género incorporando la categoría trans.

También sugiere el diseño de un programa de becas específico para personas trans como forma de mantenerlas en el sistema educativo. «Las becas deben ser lo suficientemente atractivas para competir, en el caso de las chicas trans fundamentalmente, con estrategias de supervivencia que a corto plazo les resultan más redituables».