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La Iglesia en los medios Gerardo Rey defiende el proyecto de ley de voluntariado y cuestiona los argumentos de la oposición

LA DIARIA |

La oposición y la iglesia católica se muestran contrarias a la iniciativa; en el oficialismo también hay algunas miradas disidentes.
El proyecto de ley de Promoción del Voluntariado Social genera resistencias en varios frentes. Mientras en el oficialismo entienden que la iniciativa promueve, como su nombre lo indica, el pleno ejercicio del voluntariado, al tiempo que lo regulariza para evitar que en su nombre se encubran relaciones laborales, tanto la oposición como la iglesia católica sostienen que es una forma de “estatizar la solidaridad”.

Así lo expresó el senador Javier García, del Partido Nacional (PN), quien aseguró a la diaria que el proyecto “flaquea” en varios puntos. Uno de los aspectos que cuestiona el senador es que se busque regular “la acción solidaria”, ya que considera que el Estado no tendría que interferir en la actividad de quienes hacen “obras de bien”, como las personas que van a los hospitales a acompañar a gente enferma, los scouts o los promotores de clubes de baby fútbol. García cuestionó que se diga que el proyecto busca promover la actividad de voluntariado cuando en realidad “se la está intentando regularizar”. “En el caso de unos muchachos que se juntan para conseguir una silla de ruedas, ¿dónde hay una relación de trabajo encubierta?”, se preguntó el legislador.

El inspector general de Trabajo, Gerardo Rey, dijo a la diaria que la idea del proyecto es “bien clara”: se trata de promover y proteger la actividad solidaria, al mismo tiempo que se busca combatir la “explotación laboral disfrazada de voluntariado”. Rey puntualizó que las actividades esporádicas no entran dentro del alcance de la ley, y agregó que muchas veces sucede que una persona que “arrancó dando una mano para hacer determinada tarea, por ejemplo en un club de baby fútbol, con el tiempo termina haciendo un reclamo laboral”. “¿Cómo protegés a la organización de eso? Haciendo un trámite preciso, por el que la persona asegure que presta su voluntad sin recibir ninguna contrapartida”, afirmó el jerarca.

La oposición cuestiona que el voluntario deba inscribirse en un registro ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Si esto no ocurre, el proyecto prevé que esa cartera pueda sancionar al organismo responsable del voluntariado, en el entendido de que existe una relación laboral no declarada. “Yo estoy en contra de arreglar lo que no está roto. El voluntariado funciona bien, llega a lugares donde el Estado no llega”, y con esta iniciativa se “va a matar algo que ha sido un distintivo del Uruguay”, aseguró García. Añadió que el voluntariado “es fruto de la actividad individual y lo que quieren hacer es registrar en el MTSS lo que sólo se registra en el alma: la solidaridad”. El arzobispo católico de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, se sumó a las voces críticas contra el proyecto, y en su última audición semanal en Radio Oriental dijo: “Otras manifestaciones religiosas se viven y se aplauden, pueden tener sus monumentos públicos sin que esto ocasione ningún tipo de problema o discusión. Pero si la iglesia católica quiere hacerlo, ahí se complica la cosa”.

Para Rey, es un “disparate” decir que el proyecto de ley insta a “todos los curas” a registrarse en el MTSS, porque el culto no está definido como voluntariado. “Si yo trabajo para cualquier ONG y cobro mi salario, está todo en orden; el problema es cuando, a cambio de techo y comida, trabajo voluntariamente y no tengo ningún derecho laboral”, explicó el inspector. En la misma línea, la senadora frenteamplista Daniela Payssé, de Asamblea Uruguay, dijo que esas situaciones ocurren y puso como ejemplo las denunciadas en Beraca. “Las organizaciones que tienen voluntarios permanentes tendrán que registrarlos, y si no lo quieren hacer es porque tienen cola de paja”, manifestó. Para ella, es curioso que tanto el PN como Sturla hayan adoptado una postura duramente contraria al proyecto, y alegó que no termina de entender el “motivo de fondo” de esa reacción. Rey, además, señaló que la iniciativa contó en su momento con el visto bueno del experto en derecho laboral Santiago Pérez del Castillo, ex titular de la cartera de Trabajo de 2000 a 2005 y de notoria trayectoria católica.

En la sesión parlamentaria del 17 de junio, la oposición esbozó sus críticas al proyecto y, luego de que se solicitó un cuarto intermedio, la sesión no se reanudó. Si bien en el oficialismo existe la intención de votar en una próxima instancia la iniciativa, en la bancada frenteamplista también hay algunas voces disidentes. El senador Marcos Otheguy, de Rumbo de Izquierda, entiende que en el texto se manifiesta una “tensión” interna, porque por un lado busca “promover el voluntariado social” y por otro “controlar el trabajo encubierto”. Si bien a Otheguy le parece “loable” el segundo objetivo, considera que “amalgamarlo al proyecto es un error”. El senador entiende que se termina “burocratizando excesivamente una actividad que tiene como base la espontaneidad y el compromiso social”. “Este es de los tipos de proyecto que sería mejor que no existieran”, concluyó. Por su parte, Paysée reconoce que se expresaron algunos “matices” en la bancada sobre la capacidad de “enamorar” del proyecto, pero ella considera que lo que hay que hacer en el Parlamento no es eso, sino “legislar”. Comentó que también se ha señalado que es “muy reglamentarista” y afirmó que “es verdad”, pero que esto responde a un pedido del MTSS y “también es correcto”.